Cuando el mundo todavía se mueve entre el rebrote de la pandemia y la expectativa de las vacunas, los economistas discuten sobre el tipo de reactivación que vendrá. Pareciera haber consenso entre instituciones internacionales en que pasarán al menos cuatro años antes de que la recesión sea superada y en cuanto a la necesidad de apostarle a una fuerte inversión pública y social para lograrlo.
Sin embargo, Carrasquilla, nuestra máxima autoridad económica, el más ortodoxo de los ortodoxos, el de los bonos del agua, va en contravía. Ha repetido con insistencia que aquí la recuperación será más rápida, en forma de “V”, lo que implica que luego de una caída del 5.5 % este año, el crecimiento se disparará al 6 % en 2021. Pero otros hablan de una recuperación en “L”, marcada por recesión prolongada y crecimiento lento.
Por supuesto que el ministro se refiere a recuperar el reino de los negocios: grandes superficies, minería y fracking, el modelo que estaba en crisis antes de la pandemia. De ninguna manera piensa en la producción agrícola e industrial, ni en los servicios sociales esenciales.
La reactivación económica implica superar la crisis sanitaria y activar el empleo y el consumo, lo que hasta ahora no se ha hecho. En agosto pasado a los hospitales públicos y privados se les adeudaba más de $40 billones, según la Procuraduría. El gobierno no quiso subsidiar a las pymes y mipymes, responsables del 90 % del empleo, y se opuso a otorgar la renta básica para 9 millones de hogares. Según los datos oficiales, son las mujeres y los jóvenes los más afectados por la doble crisis sanitaria y económica.
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El ministro se refiere a recuperar el reino de los negocios: grandes superficies, minería y fracking, el modelo que estaba en crisis antes de la pandemia
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Mientras tanto, ha concentrado los recursos del Fome, tomados de las entidades territoriales, en apoyar a la banca y a los grandes empresarios, nacionales y extranjeros. En varias ocasiones el presidente ha dicho que el Gobierno está invirtiendo cerca de $117 billones, equivalentes a más del 11 % del PIB, para atender la emergencia.
Sin embargo, el informe de junio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es contundente al respecto. Advierte que no hay cuentas claras sobre cómo se han utilizado estos recursos y asegura que el gasto en subsidios es mucho menor. Señala que el 6 % de esa cifra del gobierno son garantías de créditos, no recursos gastados en atención a la emergencia. No es extraño entonces que durante el primer semestre del año el Grupo Aval obtuviera ganancias por $1,02 billones.
¿En qué consiste la estrategia de reactivación? En aferrarse a la ortodoxia neoliberal. El plan de Carrasquilla, anunciado en la reciente asamblea de Fasecolda, incluye cuatro pilares: inversión privada mayoritaria, combinación de esfuerzos entre lo público y lo privado, beneficios tributarios para los inversionistas y, en porcentaje muy reducido, inversión pública.
Para ello, el ministro escucha con atención a los banqueros. Ernesto Revilla, economista jefe del Citibank para América Latina, opina que lo que Colombia debe hacer es sencillo: "Continuar haciendo lo que ha hecho bien”. La directora del JP Morgan en Colombia insiste en la necesidad de cuidarse del populismo en la toma de decisiones y recalca la importancia de preservar los fondos privados de pensiones.
Dos son las políticas anunciadas por el gobierno. La primera, una reforma fiscal, que incremente la tributación. Para impulsarla, instaló conjuntamente con la OCDE en agosto la Comisión de expertos tributarios, integrada por 5 extranjeros y 5 funcionarios de alto nivel del gobierno. Habrá un informe preliminar en febrero y un documento final en julio próximos.
Se trata de una reforma orientada a mantener los beneficios tributarios eficientes, que se fundamente en los principios que rigen el sistema tributario nacional, tal como lo estableció la Ley de Crecimiento Económico de diciembre pasado. Es decir, más IVA, más impuestos a los trabajadores/as y menos impuestos a la renta.
La segunda medida es un incremento del endeudamiento con el FMI. El 25 de septiembre pasado este aprobó la solicitud de Colombia para ampliar el acceso de su actual acuerdo en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF), a aproximadamente USD17.200 millones. Esto representa un aumento de USD 6.200 millones en relación con el acuerdo de dos años aprobado el 1 de mayo pasado. Colombia es el primer país en utilizar este mecanismo.
El compromiso ortodoxo con el FMI implica evitar otros recursos que recomiendan economistas alternativos para salir de la crisis: renegociación y/o moratoria de la deuda; recurrir a un préstamo del emisor; utilizar parte de las reservas internacionales. Por el contrario, el país se compromete a incrementarlas, a mantener una política monetaria “sana”; y atesar el ajuste fiscal y política de austeridad, centrados en la regla fiscal, que se suspendió temporalmente hace unos meses.
A estos condicionamientos, explícitos o implícitos, hay que sumarle una reforma pensional. Se insiste también en flexibilizar las “rigideces” en materia laboral. A ello apuntan otras decisiones, como el Decreto 1174 del 27 de agosto del 2020, que incentiva la contratación por horas y representa una reforma laboral de facto.
