El gobierno del presidente Santos se encuentra en una encrucijada social en el año que acaba de comenzar por las medidas tomadas que van a tener profunda incidencia en la vida de colombianos, especialmente en los sectores sociales. El aumento del salario mínimo es una burla para los trabajadores, si se tiene en cuenta que fue del 7% y el aumento en la canasta familiar para las personas que lo devengan es del 7,2%, por eso la CGT (Confederación General del Trabajo) radicó el pasado 13 de enero una demanda de nulidad por inconstitucional al decreto del Ministerio de Trabajo que fijó el salario minio. Esa gestión se hizo ante el Consejo de Estado .
A lo anterior se agrega la venta de Isagén postura antipopular tomada por el Gobierno, con la cual busca paliar el déficit fiscal que tiene la nación, por encima de la construcción de las publicitadas vías de 4G, las cuales se han considerado como cortina de humo. Además no se pueden olvidar las promesas de campaña incumplidas por Santos sobre los pensionados, las horas extras y dominicales; con el agregado de una Reforma Tributaria que afectará el bolsillo principalmente de los sectores populares al subir el IVA para productos de primera necesidad; también se busca que declaren renta las personas que ganan más de $1.800.000 mensuales.
Dentro de la crisis social, no se puede olvidar la afectación que han sufrido algunos gremios de la producción, como es el caso de la multa de 260 mil millones de pesos de la Superintendencia de Industria y Comercio que tendrán que pagar los gremios azucareros encabezados por Asocaña, porque supuestamente conformaron un cartel. De la misma manera el Fondo Nacional del Ganado ha sido intervenido por el gobierno, lo cual es una intromisión en la autonomía de ese gremio, perjudicando a Fedegán y siendo una torva decisión política. Esto se agrega al incumplimiento del Gobierno a lo pactado en 2013 con los campesinos que llevó al Paro Agrario, y hay posibilidad de que se realice un cese de actividades de los camioneros por la subida de los fletes; en fin, la agitación social se encuentra en plena ebullición.
Así que en el 2016 las organizaciones sociales y sindicales se deben disponer para la protesta con grandes movilizaciones en diferentes partes de país, pues los grupos de presión independientes y legítimos que no responden a intereses encubiertos y totalitarios, son los llamadas a desarrollar las luchas reivindicativas en favor del pueblo colombiano, y en contra de las medidas draconianas del Gobierno, cuyo objetivo es favorecer a los monopolios financieros.
Ante la grave situación económica y social que está viviendo el país, la GGT que ha demostrado ser la central sindical con mayor poder de convocatoria, reunirá a su comité ejecutivo los días 21 y 22 de enero en la ciudad de Bogotá, en donde dentro de los puntos a tratar se incluye la propuesta para la realización de un Paro Nacional, que se podría efectuar el primer semestre de este año, previa la presentación de un pliego unificado de las centrales obreras al gobierno nacional en donde se plasmaría las exigencias básicas de los trabajadores, así como las de los demás sectores populares y gremiales, con temas en aumento salarial, cumplimiento de las promesas del presidente Santos sobre la disminución del aporte de los pensionados a la salud, retornar a las horas extras como eran antes de la ley 789 de 2002, rechazar la reforma tributaria que afecta a la población menos favorecidos, y otros necesidades cuya solución es apremiante en varios sectores de la vida nacional.
El Gobierno debe fortalecer el dialogo con los diferentes gremios afectados por su política regresiva, porque la encrucijada social se puede superar en la medida que haya concertación, pues no se debe pensar que los diálogos de La Habana, van a convertirse en una panacea, ya que allá lo que se busca es la terminación de un conflicto que propicio la banda narcoterrorista y marxista leninista de las Farc desde hace mas de 51 años para la toma del poder, mientras que la paz social se consigue aquí en el país con las organizaciones populares especialmente las sindicales.
La lucha social no tiene color político, por ello ningún partido se puede ufanar de ser el que da las orientaciones a los sectores populares o sindicales, sin embargo hay que respetar el pluralismo ideológico, de ahí que es menester separar el proceso de paz en Cuba de las protestas en contra de la política del gobierno. Entonces el llamado posconflicto del cual el ejecutivo hace una apología rimbombante, tiene miradas diferentes tanto para la sociedad como para las Farc, pues para la primera es una forma de superar la tragedia de medio siglo de terror, pero para la banda armada el posconflicto es un periodo de transición con miras a la toma del poder, mediante las elecciones, la protesta y el levantamiento popular, o sea que se sigue con la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha de una manera más sutil. Por ello es una condición necesaria para fortalecer la democracia participativa aislar de la lucha social a grupos extremistas especialmente estos marxistas, a los cuales no les interesa el bienestar de la población, sino que lo que les importa es materializar sus objetivos políticos burocráticos.
Así que las protestas sociales en 2016 que puede desembocar en un Paro Nacional deben incluir la participación de la mayoría de estamentos, con acciones legales que son respaldadas por la constitución política del estado, y por eso se tiene que repudiar el oportunismo del comunismo totalitario, que manosea la lucha social para pescar en rio revuelto.
