En Colombia, veníamos acostumbrados a una Procuraduría que actuaba desde un extremo ideológico. Tanto así que al frente de sus puertas se daban los choques entre manifestantes de tendencias políticas diversas. De hecho, esa, que es la casa de todos los ciudadanos, se había cerrado a muchos actores y grupos sociales. Unas rejas de varios metros impedían que los colombianos entraran a su edificio. Sin embargo, el procurador Carrillo echó abajo esas rejas el día de su posesión.
La Procuraduría, como ministerio de lo público, tiene una historia y una razón de ser bien distinta. Es una institución independiente y autónoma frente al gobierno que se debe a la sociedad, para garantizar la defensa del orden jurídico y la realización de derechos.
Es fiel a la balanza. Su ideología es la Constitución y su propósito, asegurar que la voz de toda la sociedad se escuche. Previene violaciones al derecho, interviene para la realización de la justicia y sanciona a quienes no cumplen con la función pública. Ah, y una cosa muy importante, no debe tener color político.
En medio de los extremismos, de los ánimos pendencieros —alentados por la calentura electoral territorial— y de la radicalización que se exacerbó con las objeciones a la ley de la JEP, han aparecido en medios y en columnas de opinión disparos a la actuación del procurador, tanto de la derecha extrema como de la izquierda más radical.
Algunos han querido decir que esto se debe a una posición política comprometida del procurador, que corresponde a una postura equívoca de su parte o a su afán de tener a todos contentos. Una columnista llegó a insinuar que Carrillo le negaba el beneficio de la no extradición a Santrich por su preocupación de mantener la visa americana, que por demás debería estar asegurada, al recordar que en 1991 fue Carrillo el constituyente que más defendió la extradición y que, como ministro de Justicia, lideró la lucha contra la amapola con glifosato y fue quien puso en funcionamiento la justicia sin rostro contra el narcotráfico.
El gran reto del procurador es ubicarse por encima de las disputas ideológicas y partidistas, al margen de las mayorías y las minorías. Su rol es actuar con la Constitución en la mano, sin importar los efectos o las malquerencias que genere en sectores políticos.
Cuando el árbitro pita el fuera de lugar, la hinchada del equipo atacante se opone, pero todos los asistentes al estadio están sometidos a las mismas reglas. Y sí que se necesita en nuestra sociedad de hoy una voz de autoridad que, con ponderación, serenidad y decisión, sin sectarismos, exprese caminos institucionales, de diálogo y respeto al derecho. Menos política y más justicia.
La polarización se expresa así: si sanciona a funcionarios del gobierno Santos por Odebrecht es uribista; si echa abajo la elección del inhabilitado alcalde conservador de Cartagena es porque es liberal-gavirista; si le pega al oficialismo liberal en San Andrés o en el Quindío es porque quiere congraciarse con Cambio Radical; si descubre la corrupción de una exgobernadora de Cambio Radical en el Quindío es porque no tiene química con Vargas Lleras; si ataca al clan que ha gobernado a Córdoba es por hacerle el favor al Centro Democrático o al Partido Conservador.
Según cuentas de esa entidad, han inhabilitado y destituido a más de 3.000 funcionarios y entre ellos a alcaldes, gobernadores o concejales de todos los colores políticos del amplio espectro partidista. También ha suspendido a servidores públicos que hacen política, y por ello le dicen que es la Procuraduría la que está haciendo política. Así por lo menos se evidenció hace unos días cuando un par de congresistas del CD lo comentaron, cuando el titular del ministerio público se opuso a la formulación de objeciones por el Presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP.
Y luego de eso le achacan que es contradictorio que el procurador le dé luz verde al envío de Santrich a EUA y que se oponga a las objeciones de la JEP, cuando de lo que se trata es que cada situación amerita un análisis jurídico.
Lo que se ha visto es que esa entidad, como sujeto procesal en la JEP, ha librado allí una batalla contra los colados y expresado desde siempre que se opondrá radicalmente a que se reconozcan beneficios por delitos sexuales contra los menores; pero también ha defendido la importancia del fortalecimiento de la JEP, combatiendo sus debilidades y pasos en falso, que no han sido pocos.
Hoy la tachan de cómplice de la guerrilla por defender a la JEP y mañana de mandadera del Centro Democrático porque Carrillo dijo, después del atentado en la Escuela General Santander, que los protocolos con el ELN no podían implicar recibir de vuelta a esos terroristas con alfombra roja.
En el proceso electoral que viene en 2019, la Procuraduría tendrá que demostrar su equilibrio para evitar abusos de todos los partidos. Se pondrá a prueba su condición de Procurador sin filiación partidista, como él mismo varias veces lo ha reclamado.
Sin embargo, esa voz del prefecto de disciplina en un país donde el ejercicio de la autoridad ha sido desviado por los abusos políticos de quienes detentan el poder es esencial en este momento.
Más centro y menos radicalismos y extremos; más diálogo y menos fundamentalismos; más instituciones y menos personalismos. Esa es la prueba de fuego para un procurador que ha dicho que hacia el futuro la PGN no debe ser cuota política de nadie y que ha conminado a sus subalternos que quieran hacer política a “largarse de la Procuraduría” según sus propias palabras.
