Una de las preocupaciones de los procesos de paz es saber qué hacer con quienes en últimas se ven compelidos a aceptar las condiciones del ganador de la contienda. En la historia de las confrontaciones se han ensayado fórmulas; del abandono en el campo de batalla de muertos, heridos y desvalidos surgió la Cruz Roja Internacional como una posición filantrópica de al menos tener unas consideraciones de humanidad, de socorrer la parte débil así fuera de manera coyuntural.
Y así el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, sin dejar de ser una concepción instrumentalista a favor de quien se dice “autoridad legítima” ha desarrollado un andamiaje de Normas y de Convenciones para humanizar la guerra. Cómoda resulta esta filosofía que no condena la guerra como forma de dirimir los conflictos entre los seres humanos, pues sobre las formas de dominación económica, política, social y cultural sostenidas por la represión de los aparatos militares se sostiene la concepción de las democracias liberales. Bien sostenía Manuel Marulanda Vélez que la guerra no hay que humanizarla sino acabar con ella, pues su humanización es sólo el ropaje de las oligarquías y la clase dominante quien nunca renunciará a la fuerza para mantener su explotación del hombre por el hombre.
En nuestra reciente historia nacional de Amnistías, Indultos, Sometimientos y Acuerdos de
Paz, se han ensayado diferentes fórmulas desde el establecimiento para disponer de quién
se somete. En el proceso de desmovilización del EPL, en un craso desconocimiento de la misma normatividad internacional de no “reciclar” tropas, algunas unidades de la fuerza insurgente se emplearon como DAS Rural y de manera ilegal los “Comandos Populares” entraron a fortalecer el ejército paramilitar de la casa Castaño; igual suerte corrió el proceso con las Milicias Populares en Medellín que agrupados en la Cooperativa de Seguridad COOSERCOM fueron enganchados en actividades de seguridad en las zonas donde tenían su influencia; esta vez ya dotados por el Estado.
No es de extrañar que este embeleco “reciclador” tan afín a los planteamientos contrainsurgentes, bajo el gobierno del bojote Ernesto Samper, diera origen a las CONVIVIR, tan cuestionadas por su nefasta criminalidad y un intento de legalización de las estructuras paramilitares que tenían su sustento jurídico desde las épocas de Guillermo León Valencia, y que hábilmente manejadas desde el momento de su legalización como de su clandestinización se convirtieron en el ejercito privado que con el popular “Varito” se hizo al poder instalándose por 20 años en la “casa de Nari”.
La década del 90 se caracteriza por la llegada del Neoliberal Cesar Gaviria Trujillo a la presidencia y el diseño de la “Estrategia Nacional Contra la Violencia” que da un vuelco a la inteligencia creando el “Arma” de la Inteligencia. En este aspecto en la práctica las fuerzas de seguridad hacen un “reciclaje clandestino” de desertores e infiltrados en las fuerzas insurgentes empleándolos en labores de informantes “El sapo” convertido en insignia nacional desde aquel entonces.
El advenimiento del proceso de desmovilización de organizaciones insurgentes como el Ejército Popular de Liberación EPL, M-19, Movimiento Quintín Lame MAQL, Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Comando Ernesto Rojas CER, la Corriente de Renovación socialista CRS, las Milicias Populares de Medellín MP, el Frente Francisco Guarnica del EPL y el MIR-COAR. Llevan a un rediseño desde el Estado de qué hacer con quienes dejan las armas, manteniendo clandestinamente el “reciclaje”, pero institucionalizando el Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR creando una oficina encargada de la Reinserción de excombatientes.
La historia de la tragedia nacional, de la construcción de la nacionalidad, ha estado signada por la confrontación fratricida; pese a que desde la Constitución neoliberal de 1991 se introdujo el Estado Social de Derecho, aboliendo la constitución confesionalista de 1886 que era ya una colcha de retazos para introducir en la concepción arcaica de corte medieval y religioso el Estado de Derecho; la paz se instituyó como un derecho fundamental de los colombianos.
El siglo XXI nos llega con una herida abierta de conflicto social y armado; si bien la inteligencia militar se nutre del reciclaje de elementos reinsertados, los grupos armados sufren un proceso de readecuación y readaptación fortaleciéndose de quienes abandonan los procesos de DDR. Se comienza desde el Estado a diseñar un programa de Reincorporación a la Vida Civil PRVC, al interior del Ministerio de Justicia en el año 2003 al 2006.
Los diálogos del “yo con yo” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez AUV con el paramilitarismo lejos de cumplir con ese presupuesto de la Justicia Restaurativa que vino a socializar a Colombia el clérigo Sudafricano Desmond Tutu, buscaba que los jefes paramilitares y su jefe natural se salvaran de ser procesados por la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma cuyo funcionamiento se aplazó hasta el 2010.
En esta coyuntura se crea la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y para acoger a los paramilitares que se desmovilizaran se creó la Alta Consejería Presidencial para la Reincorporación (2006 al 2010), que más tarde se convertiría en la Agencia Colombiana para la Reincorporación ACR, mediante el Decreto 4138 de 2011. En estas circunstancias y en esta situación se hace el arribo de los excombatientes de las FARC-EP que se suscribieron al Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón.
La Naturaleza de los Acuerdos, quería dejar sentado que al final de la confrontación con la guerrilla de las FARC-EP, no había vencedores ni vencidos, que lo pactado se daba dentro de un proceso de “dejación de armas” muy diferente al proceso de Desmovilización, Dejación y Reinserción, que los excombatientes iniciarían un proceso de Reincorporación social, política, económica y cultural de acuerdo a los intereses de la organización insurgente.
El estrecho marco institucional creado desde los procesos de Desmovilización, desde la conformación de una oficina hasta la creación de una Agencia, obedecían a la lógica del sometimiento, la aceptación de la ley y la institucionalidad con todo el peso legitimante del estatus quo. Que consideraba “objetos” de una política, cual enfermos sociales que debían ser sometidos a una terapia de adaptación que no era muy lejos de la rehabilitación de los delincuentes en las prisiones.
La Agencia cambio de nombre por el de Agencia Para la Reincorporación y la Normalización ARN, creada mediante el Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017: un formalismo, un retoque cosmético muy alejado de los intereses de quienes llegaban, que se reclamaban sujetos históricos, con Derechos y que planteaban una Reincorporación Integral y Colectiva. Vale la pena preguntarnos a la altura de este escrito sobre la misionalidad y razón de ser de una Agencia para la Reincorporación de los integrantes de grupos armados que deciden dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.
Se entiende en esencia busca la construcción de una “Paz estable y duradera”. Dar fin al conflicto que por décadas ha asolado el país; lo cual sólo es posible si se eliminan las causas del conflicto social, armado y político. Es lo que en el argot revolucionario se denomina “Paz con Justicia Social”. Si ese es el objetivo último, el Estado debe construir una política de paz coherente y un sistema integral de reincorporación. Una arquitectura institucional de reconstrucción del tejido social, de reincorporación comunitaria y social, donde el reincorporado este convencido de que la apuesta es la paz y no el retorno a las estructuras armadas y la reviviscencia de la conflagración fratricida.
Las reivindicaciones de la Reincorporación no son diferentes a las planteadas por los sectores populares: salud, vivienda, empleo, salud, educación, acceso a derechos. Por ende la Reincorporación es una reivindicación que se suma a las demandas de todos los sectores populares al cumplimiento de los Acuerdos incumplidos pactados en diferentes etapas de movilización y de lucha de los estudiantes, campesinos, indígenas y obreros. Y su cumplimiento está atada a las reformas estructurales del estado y del modelo económico.
Pensar desde esta perspectiva la reincorporación implica como paso fundamental una transformación de la ARN, una verdadera reingeniería que atraiga a los alzados en armas hacia una construcción de un país diferente y desincentive los réditos económicos de la actividad ilegal y que al mismo tiempo brinde una posibilidad de participación política a los movimientos insurgentes que siguen viendo en la forma de lucha armada la única forma posible de lograr cambios estructurales.
