Las vías de hecho vuelven a tomar vigencia y validez dentro del actual panorama de inestabilidad carcelaria. El pasado 3 de abril los reclusos de la Cárcel de DOÑA JUANA (Caldas) se lanzaron nuevamente a la pugna para exigir su derechos, denunciar la aberrante negligencia médica y visibilizar la constante violación a los derechos humanos que se vive dentro del sistema penitenciario colombiano. En varias cárceles del país se rumora el inicio de una vehemente huelga generalizada para contrarrestar, por medio de la lucha, el abandono institucional y la apatía mediática que encubre esta deplorable realidad.
El 5 de mayo el Ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó nuevamente la emergencia carcelaria por la crisis en salud; las medidas anunciadas por el ente fueron las ya famosas e inoperantes brigadas de salud, la “modificación del manual del Inpec para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales” y la dotación de las áreas de sanidad. Soluciones insignificantes que se repiten una y otra vez sin tener efecto alguno sobre la población carcelaria que vive en carne propia los vejámenes del sistema. Esto sin tener en cuenta el grave problema de alimentación, hacinamiento, corrupción, agua potable, educación, violación de derechos humanos y la ineficacia de las oficinas jurídicas.
El 10 de mayo, tan solo cinco días después de que se anunciara la emergencia carcelaria, falleció el prisionero políticos Francisco Luis Correa Gallego de la cárcel Modelo de Bogotá. El prisionero venía padeciendo de “Guillain Barre” y debido a una grave intoxicación, su estado de salud se precipitó drásticamente en tan solo una semana. Luego de ser trasladado en dos ocasiones al centro de sanidad del establecimiento, donde lo único que se le brindo fue acetaminofén, Francisco perdió el conocimiento y la movilidad. El día 6 de mayo fue remitido a la clínica de los Fundadores de Bogotá donde finalmente falleció en la soledad y la desidia gubernamental.
A esta cruda realidad se suma la muerte del prisionero Pablo Antonio Medina Soriano en la cárcel de Cúcuta, quien luego de afrontar cuatro años una penosa enfermedad en total abandono médico, falleció la semana pasada en lamentables condiciones.
Es vergonzosa e irracional la realidad que afrontan miles de hombres y mujeres en las cárceles del país, en donde la emergencia carcelaria ha sido una constante y ha estado presente desde que se declaró la sentencia T/153 de 1998, la cual dictaminó el estado de cosas inconstitucionales dentro de los centros penitenciarios del país. Los problemas de salud se intensifican día a día y las medidas estatales adoptadas por el gobierno solo sirven para engrosar las filas de los cadáveres que permanentemente arroja este sistema.
A esta problemática se suma la constante violación por parte de la guardia de custodia y vigilancia que arremete de manera indiscriminada contra los reclusos de toda índole. En cárceles como la de Arauca, Palo Gordo en Santander, Cúcuta y la Picota de Bogotá, por nombrar solo algunas de ellas, el INPEC ha recurrido a los atropellos permanentes, las golpizas, los traslados y las humillaciones contra los prisioneros que justamente se organizan para denunciar y hacer valer los derechos que diariamente les son arrebatados.
Con un índice de hacinamiento del 54.9%, es verdaderamente alarmante la situación actual del sistema penitenciario colombiano, el cual no requiere de más decretos ni emergencias carcelarias. Urge de manera inminente una política criminal acorde y coherente a las necesidades sociales, económicas y políticas de nuestros país y una alternatividad penal concreta que permita el deshacinamineto de un sistema donde el 36% de la población reclusa es sindicada.
El problema del sistema penitenciario colombiano es un problema estructural y no meramente una falencia institucional, por lo tanto no debe ser analizado como un simple problema de cupos y falta de personal. El grave problema que enfrentan el sistema penitenciario del país tiene sur orígenes directos en un modelo político y económico neoliberal que criminaliza la protesta social y prioriza el capital por encima del bienestar, y que por medio de una política criminal reactiva e inconsecuente, tiene al borde del colapso las cárceles del país.
En el último CONPES de Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia, 3828 del 19 de mayo de 2015, se asevera que se ha construido un plan de acción con una inversión de 1,17 billones de pesos y afirma la articulación y vinculación del sector privado.
Todo indica que las múltiples y futuras “emergencias carcelarias” y sus vacuas soluciones, son el sofisma utilizado por el Estado colombiano con el propósito de comenzar su lento transito hacia la privatización carcelaria. Un modelo penitenciario que pretende realizar una higiene social por medio de la cárcel, el asilamiento y el abandono hacia las minorías que no comulgan con un sistema excluyente y clasista, y que cada vez más, están siendo condenadas al silencio y el olvido.
@CSJURIDICA
