El Instituto Nacional de Vías - Invías resultó pagando sin necesidad $ 1.008 millones en honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento para resolver las divergencias con el contratista del nuevo puente Pumarejo de Barranquilla, según reveló la Contraloría General, por lo que habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial.
El Contrato de construcción adjudicado en 2015 por el vicepresidente Germán Vargas Lleras al Consorcio SES Puente Magdalena, cuyo socio mayoritario es la española Sacyr, establecía que la última instancia en caso de divergencias era la justicia ordinaria. Sin embargo, a escasos días de ser inaugurado el puente, en diciembre 18 de 2019, el contrato fue modificado por el Invías, permitiendo que se acudiera a la Justicia Arbitral, incumpliendo una directiva presidencial y desconociendo recomendaciones de su propia Oficina Jurídica y del interventor del contrato Consorcio Vial Pumarejo (integrado por MAB Ingeniería de Valor y Triada Consultor).
Cuando se le aprobó esta modificación del contrato, Sacyr retiró una demanda que había presentado ante el tribunal del Atlántico y le apostó a instaurar ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá una demanda por pagos adicionales por valor de $ 135.203 millones contra el Invías, que terminó ganándole el pleito a los españoles.
Aunque no lograron sus pretensiones, la constructora española Sacyr es conocida en Colombia por los incumplimientos en las obras y los pleitos judiciales que suele entablar.
El panel de árbitros compuesto por Mauricio González, Annie Murrie y Ricardo Hoyos no reconoció ninguna de las solicitudes económicas a las que aspiraba Sacyr. La Contraloría indicó que era una pretensión que no iba a prosperar y que tal como lo indicó la Oficina Jurídica en su momento, con una Conciliación Extrajudicial gratuita se hubiera podido resolver.
