Gota a gota, como en cualquier obra de suspenso que se respete, los organismos de control van soltando informaciones acerca de los escándalos de corrupción de moda.
Por un lado, el máximo exponente de la leguleyada y la marrulla jurídica, ahora devenido en fiscal; va presentado pruebas, indicios, extractos de declaraciones y confesiones que bien podrían o no involucrar a altos funcionarios del Estado, servidores públicos, políticos profesionales, etc. Y todos a temblar.
Resulta fácil entender el dilema en el que se debate nuestro fiscal: por un lado, su ambición de poder, que le ata de pies y manos para proceder a contar todo lo que sabe, o a investigar todo lo que le denuncian, poniendo con ello en serio peligro su carrera política y la posibilidad de jugosos contratos estatales cuando regrese a su oficina particular (la cual él afirma que no existe. Pero ése es otro tema). En la otra mano, el señor fiscal sopesa las consecuencias de investigar a su principal cliente del sector privado, arriesgando no solo semejante cuenta de honorarios, sino probablemente quedar salpicado por algún concepto, alguna asesoría o pequeño negocio en el que haya intervenido su “inexistente” oficina jurídica.
Después aparece la jauría de siempre. La piara de oportunistas encargados de acomodar todos los hechos vergonzantes que de tarde en tarde se van conociendo, para presentarlos de tal manera que no solo no perjudiquen, sino que favorezcan a su señor de turno.
El senador Barreras se apresura a aclarar que no importa
que algún dinero de Odebretch haya ingresado a la campaña del presidente,
ya que a esa firma le ha ido muy mal en la presente administración
Haciendo eco de lo dicho por su amo temporal, el senador Barreras se apresura a aclarar que no importa que algún dinero de Odebretch haya ingresado a la campaña del presidente, ya que a esa firma le ha ido muy mal en la presente administración. En un claro ejemplo de cinismo descarado, disfrazado de moral consecuencialista, este nefasto personaje sostiene que la moralidad de una acción solo depende de sus resultados. O sea, que como al corruptor no le ha ido bien (no sabemos realmente qué quiere decir esto, ya que es de público conocimiento que sí se han beneficiado de créditos de entidades oficiales y de contratos de obra pública), ello quiere decir que no debería ser censurable que dineros suyos hayan contaminado la campaña. Aclara eso sí, que esos dineros entraron a un ente abstracto como lo fue la campaña “Santos Presidente”, por lo que no se puede sancionar a los partidos de la Unidad Nacional; ni menos exigir el reintegro de los aportes oficiales por haber violado los topes, engañado con las cuentas y recibido aportes de empresas extranjeras. ¿Vincular al presidente? Ni en sueños. Tampoco explica por qué sí hay que condenar a la hoguera a la otra campaña y a su candidato; porque si siguiéramos su misma torcida línea de pensamiento, Oscar Iván Zuluaga sería mucho menos responsable, ya que su campaña perdió las elecciones.
El sainete se completa con los analistas de los programas de humor de la mañana y de la tarde. Estos sesudos personajes cuyas voces graves y su discutir airado amenizan las horas del caos vehicular. Uno de ellos, explorando los límites exteriores de la desfachatez, en lugar de condenar lo sucedido por lo que es, por ser una vil trampa, le echa la culpa al sistema. “La solución para este problema es muy simple”, dice el acatado editorialista radial; “basta con subir los topes de las campañas, para eliminar la necesidad de buscar fuentes ocultas de financiación”. Me imagino que los Ñoños deben estar furiosos con este personaje, ya que si su propuesta hace carrera, van a tener que incrementar el valor que pagan por cada voto comprado para sostener al politiquero que tanto admira y defiende el comentarista de marras.
La cereza en el postre la aporta el contralor, eximio exponente de la más rancia casta de liberales corruptos. Con una advertencia inequívoca, les anuncia a los candidatos a las próximas elecciones que antes de postularse deberán primero pasar por sus oficinas para acordar las condiciones de su aspiración. Ello se traduce, en lenguaje criollo, que el señor contralor quiere ser el señor controlador de los próximos aspirantes a ser elegidos por votación popular, asignándole una tarifa a su silencio sobre los pecados del postulante; y otra tarifa adicional a la denuncia pública de los pecados de los contrincantes del mismo.
