Según el naturalista y filósofo inglés Herbert Spencer, “el gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción”. Lamentablemente, en una época en donde el mundo ha alcanzado notables desarrollos, esta máxima le incomoda a mucha gente, principalmente a los que se identifican con ideas neoliberales y, por qué no, con pensamientos que rayan en la extrema derecha.
Está claro que educar no es acumular saberes, sino cambiar la condición social del hombre, al menos así lo entiende Fecode. Su ideal ha sido generar una conciencia que respete los derechos de los más desfavorecidos del país, y a la larga semejante actitud genera enemigos, malquerientes de la cosa pública.
Por eso desde más de sesenta años de lucha desigual, los maestros colombianos se han enfrentado a la inequidad de una sociedad oligarca y corrupta; se han visto en la obligación, acudiendo a la protesta –establecida en nuestra constitución, y que algunos quieren suprimir–, de proteger la educación pública, velando a su vez por sus derechos como educadores.
Para algunos, esos que ven en el saber un beneficio pecuniario, llegó la hora de acabar con esta honorable lucha: la de no permitir que educarse sea un simple negocio. En este orden de idas, una forma de conseguirlo, es consensuando una ley educativa que calle para siempre la voz de los maestros del sector público, que arduamente han consolidado el segundo sindicato de educadores más grande de Latinoamérica.
Debe quedar claro que la ley estatutaria de educación, vista desde las nefastas enmiendas de sus detractores –el Centro Democrático y Cambio Radical–, no es más que una estrategia para sacar del camino a Fecode. Estos no le perdonan al sindicato su apoyo al presidente Petro, ni mucho menos que tenga la capacidad de enfrentarlos en las calles con argumentos y con valentía.
Fecode entiende muy bien que una educación mixta resulta afianzar el poder de los colegios de cobertura, instituciones privadas que se benefician de lo público, y cuyo interés es el lucro a través de una falsa calidad educativa; que la evaluación que se propone con los maestros, realmente es una forma punitiva de condenarlos a la desigualdad que las oligarquías han generado. No es culpa del educador público que unos niños sean más favorecidos que otros, sino de un Estado que ha limitado el progreso para favorecer a una casta social: los que siempre han gobernado.
En conclusión, financiar lo privado con lo público, convertir al maestro en un operario de la educación –desconociendo sus derechos adquiridos honestamente–, es el mayor deseo de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y David Luna, tres enemigos del maestro colombiano. Desde su tribuna, la de los privilegiados, una educación completamente pública resulta la piedra en el zapato de sus crueles aspiraciones políticas.
