A raíz de la pandemia del COVID-19, una infección respiratoria aguda producida por el virus SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus, la mayoría de las actividades económicas a nivel mundial se han visto seriamente afectadas. Lo anterior hasta el punto de que muchas han colapsado del todo y otras no han podido recuperarse plenamente como se esperaba luego de la reactivación económica gradual en el marco de la que ha sido denominada “la nueva normalidad”. Esto debido a las restricciones propias del regreso a la vida cotidiana, que obligan a la implementación de varias medidas (uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos, además del empleo de alcohol y gel antibacterial) para preservar la vida y la salud en esta nueva etapa de la cuarentena que han llamado “aislamiento selectivo inteligente”, en la que la responsabilidad de protegerse recae exclusivamente en todas y cada una de las personas que integran la sociedad.
Uno de los sectores que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia es el de la educación, en especial, la del sector público, al tener que pasar de clases totalmente presenciales a clases completamente virtuales o en línea, en la modalidad de estudio en casa o educación remota, como prefiere llamarlo el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, el principal inconveniente que ha tenido la mayoría de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del país es el de la conectividad, puesto que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para comunicarse con sus docentes y demás compañeros durante el desarrollo de las actividades virtuales o en línea, desde la comodidad de su hogar, acompañados por sus padres, acudientes o cuidadores.
Como estrategia para el retorno progresivo y seguro a las clases presenciales, tanto para los colegios públicos y privados, como para las universidades públicas y privadas, el gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Educación (María Victoria Angulo), ha propuesto la implementación del Esquema de Alternancia, que consiste en que una parte de los estudiantes asistan a clases presenciales, en tanto que, la otra parte continúe con el estudio remoto en casa, de manera virtual, recibiendo las mismas clases de los estudiantes que están en las aulas de clases.
Para el efecto, el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud, ha diseñado unos protocolos de bioseguridad que definirán las condiciones de seguridad en salud para toda la comunidad educativa, de manera que se garantice la no propagación del coronavirus, reduciendo, de este modo, los riesgos de contagio del COVID-19, los cuales están contemplados en el Anexo 1, de la Directiva No. 16, Orientaciones para la implementación del plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado por la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Le corresponde, pues, a cada institución educativa, según esta directriz, elaborar su propio plan de retorno seguro y efectivo a clases, teniendo en cuenta las orientaciones del Anexo 1, ya mencionado, para el regreso seguro a las aulas de manera presencial en el año 2021.
Así pues, para que las instituciones educativas puedan cumplir con su plan de retorno seguro es responsabilidad de los gobiernos (nacional, departamental, municipal y distrital) realizar las adecuaciones de infraestructura necesarias en los diferentes colegios del país, proporcionar los elementos de bioseguridad en las cantidades suficientes para que se cumplan las condiciones requeridas para un eventual retorno a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, disponer de mayores recursos económicos para el presupuesto de la educación pública, formular e implementar un Plan de Emergencia Educativa Nacional y garantizar la bioseguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa en los diferentes colegios de la nación.
Sin embargo, para que este retorno seguro se haga realidad es preciso contar la opinión de padres de familia, acudientes y cuidadores que son, en últimas, los que deben decidir si están dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas en las condiciones descritas, pues, el riesgo de contagio es grande para todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo a las personas encargadas de mantener las instituciones debidamente limpias y aseadas para el ingreso y la salida de forma segura de estudiantes, maestros, directivos y administrativos.
