Lo que no se nombra no existe, dicen los nominalistas. Como la Economía Popular no se nombra en Colombia, por su nombre, muchos creían que no existía, o que bastaba con llamarla “economía informal”, casi que ilegal. Pues llegó el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” (PND) y le dio sentido, identidad y empoderamiento a la Economía Popular y Comunitaria (EPC), a pesar del exministro Rudolf Hommes.
Me animé mucho con el título del artículo de Hommes. Lamentablemente el exministro de César Gaviria, que impuso la apertura comercial de choque en 1991, redujo su prometedor análisis sobre la EPC a interpretar las supuestas causas de permanencia de la economía informal y repetir las propuestas, largamente conocidas, para incrementar la formalización.
Hommes argumenta, en esencia, que la economía colombiana logró un nivel de crecimiento intermedio, se estancó por falta de competencia efectiva, externa e interna (la apertura fue insuficiente); los monopolios logran cierto nivel tecnológico que no alcanza la economía informal, y en adición, gracias a la protección del Estado, generan ganancias extraordinarias sin necesidad de innovar o de exportar. Nada nuevo bajo los cielos. Ese fue el argumento socorrido en 1991 para la apertura y después, cuando Uribe, para firmar los tratados de libre comercio con Norteamérica y Europa.
En esencia la Economía Popular y Comunitaria está constituida por el conjunto de unidades productivas, individuales o colectivas, que generan bienes y servicios mediante los cuales se logra la reproducción del tejido social y productivo nacional, pero tienen un nivel de escala y productividad inferior a la economía que podemos denominar “consolidada”, por una o varias de las siguientes restricciones: carecen de acceso al suelo urbano (por eso usan el espacio público) o rural; carecen de acceso a tecnologías (duras o blandas) para alcanzar niveles de productividad que les permita acumular; no tienen acceso al crédito (por eso con frecuencia deben recurrir al “gota-gota”); o enfrentan restricciones institucionales, vale decir, impuestos, registros mercantiles o impedimentos legales y sanitarios que las inhabilitan, por ejemplo, para ser proveedores de compras públicas. Estas unidades productivas de la EPC pueden ser formales o informales, da igual. (Ver al respecto el PND, Coraggio, Giraldo, Bateman, Quevedo, Pulecio, entre otros).
Lo que sí reconoce Hommes, con razón, es que la EPC, que él insiste en llamar informal, representa el 60 % del empleo nacional. No se nombra, pero existe, como pasaba con la economía campesina, y a su manera con las mujeres, la población LGTBIQ, los indígenas, los afro, etc.
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Las transformaciones que propone el PND soportan, de forma trasversal, las políticas y programas para superar las restricciones que mantienen a la EPC siempre al borde de la quiebra
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Las cinco transformaciones estructurales que propone el PND “Colombia, potencia mundial de la vida”, soportan, de forma trasversal, las políticas y los programas para superar las restricciones que mantienen a la EPC al borde siempre de la quiebra y la marginalidad. Reitero las transformaciones: Ordenar el territorio en torno al agua; Seguridad humana y justicia social; Derecho humano a la alimentación; Internacionalización y economía productiva; y Convergencia regional.
Según Jorge Iván González, director del DNP, lo novedoso del PND del “Gobierno del cambio”, es proponer las transformaciones enunciadas yendo más allá de lo sectorial en la planificación del desarrollo, hacia lo intersectorial; definir la paz territorial como paz social y ambiental y más allá de los acuerdos entre actores armados, como superación de las necesidades básicas (a la Sen) de educación, salud, vivienda… para poder elegir con libertad; es también novedoso el nivel de participación popular en la definición del actual PND.
En esencia, el PND se propone transformar de forma regulada y planificada, la matriz energética nacional, y pasar de la energía fósil a energías limpias; superar la economía extractivista y rentista por un modelo de economía productiva y sostenible; reindustrializar al país y exportar bienes y servicios que tengan inteligencia humana involucrada, no solo combustibles, recursos naturales en bruto, coca y mano de obra (cinco millones de migrantes).
En todo este proceso de transformaciones para construir la paz y potenciar la vida, el Plan Nacional de Desarrollo incluye a la Economía Popular y Comunitaria, no solo a las grandes empresas consolidadas y al capital internacional. Democratizar el conocimiento, la tecnología, la tierra, el crédito y superar la exclusión institucional a la EPC, por ejemplo en las compras públicas, es de lo más novedoso y progresista del PND.
No se trata de atacar a la economía consolidada, pero tampoco de resistir al margen, como siempre. La EPC llegó para ser reconocida, sujeto de derechos y objeto de políticas públicas incluyentes. No se asusten señores del partido de los economistas neoliberales.
