Las condiciones que lograrían mayor crecimiento en el corto plazo en Colombia no riman bien con el propósito de construir un país sostenible a largo plazo desde la perspectiva económica y social. La razón es simple: el petróleo es determinante hoy para los ingresos estatales y la economía nacional. Si el precio se sostiene, como prevé el plan del Ministro Mauricio Cárdenas, el endeudamiento del Estado aumentará y, por supuesto, el gasto del gobierno, con beneficio para el ingreso nacional en forma inmediata. El precio del crudo depende de que se mantenga el frágil acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, enemigos declarados, forjado en el cartel de la OPEC en Noviembre de 2016, y si la producción de EEUU no aumenta. Por lo pronto, los inventarios internacionales siguen elevados, lo cual no es buena señal para el sostenimiento del precio actual.
Aumentar la deuda pública de Colombia hasta llevarla al límite tolerable ha sido la estrategia del Presidente Santos desde que cayó en forma estrepitosa el precio por barril, de más de cien dólares a la mitad, en Noviembre de 2014. El endeudamiento ha evitado mayores reducciones en el crecimiento; a eso se lo ha calificado de resiliencia, sin mucha evidencia. El déficit fiscal de 2016 alcanzó niveles cercanos a 6 por ciento del Producto Interno Bruto, proporción inaceptable desde la perspectiva de las agencias calificadoras de valores e incoherente con la regla fiscal vigente, fijada a principios del primer gobierno de Santos bajo la premisa de que el gasto podría aumentar de manera importante porque el petróleo lo permitiría. Para sostener la caña fue necesario aumentar el impuesto al valor agregado en la última semana de Diciembre, con efectos regresivos en la distribución del ingreso y reducción significativa en el consumo, el mayor componente del ingreso. Para legitimar el recorte del ingreso disponible de las clases menos favorecidas se adujo que el propósito de la reforma tributaria era mantener los programas sociales del gobierno.
Preocupan la mala calidad del gasto público y la baja productividad comparada con la de otros países. Los coeficientes de Gini, medida usada para evaluar la distribución del ingreso, son prácticamente iguales antes y después de impuestos, del orden de 0.53, cuando lo lógico es que la gestión pública lo baje siquiera dos puntos porcentuales; se debería lograr 0.51 por lo menos, por la acción del Estado. El de Chile, el más alto de la OECD, club de países ricos al cual aspira a meternos el Presidente Santos sin beneficios claros, es 0.45. En cuanto a la productividad, el valor agregado por hora trabajada en Colombia es aproximadamente 7 dólares, o poco más de un décimo del valor equivalente para EEUU, menos de la mitad de la cifra para México y menos de un tercio del valor agregado por hora en Chile. Este indicador, solo superior a los de Haití y Honduras en el hemisferio occidental, explica por qué es poco competitivo el aparato productivo nacional, lo cual explica que la industria solo creció 0.4 por ciento en 2016 sin incluir la contribución de la refinería de Cartagena. Tras años de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto por cuenta del petróleo el desempleo sigue cerca de 10 por ciento y la proporción de la fuerza laboral con trabajo informal es 48 por ciento, elevado aún para Latinoamérica. La situación, propia de las economías extractivas, es muy onerosa para el Estado en el largo plazo, porque una proporción muy grande de la población hoy activa no tendrá ingresos pensionales cuando acabe su vida laboral, y dependerá del Estado para sus servicios de salud, sector cuyas finanzas ya son críticas y pueden empeorar por la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria, cocinada desde el Congreso sin la participación activa del Ministro Alejandro Gaviria; ella dispone que los médicos tengan libertad para escoger tratamientos y medicamentos.
No hay compromiso del gobierno de Santos para mejorar el gasto público. Como consecuencia, será inútil el esfuerzo tributario. Son evidentes la erosión de la institucionalidad y la facilidad para conseguir la anuencia del bloque oficialista en el Congreso mediante contraprestaciones, como ha denunciado la Senadora Claudia López. Cuando hubo abundancia hubo despilfarro; los ingresos corrientes de la Nación aumentaron 50 por ciento entre 2010, cuando subió el precio del petróleo, y 2014, cuando cayeron, pero los recursos adicionales no se usaron para mejorar las bases del desarrollo sostenible. Así no se logran beneficios importantes más allá del momento del gasto.
Si el precio del petróleo cayera a niveles de 40 dólares por galón, que podrían reflejar el costo marginal de producción de pozos de esquisto en EEUU, el hueco fiscal sería muy grave, y el gasto público tendría que revisarse. La falta de dinero haría inevitable la revisión de nuestras instituciones públicas, hoy diseñadas para alimentar la corrupción. La tasa de cambio se elevaría en forma significativa, lo cual haría más complejo el servicio de la deuda externa, pero el aparato productivo se volvería más competitivo, habría generación de empleo adicional en la industria, la agricultura y los servicios, y la economía crecería en el largo plazo con solidez, con mejores instituciones.
Colombia tiene tareas importantes en materia económica: debe atender necesidades de infraestructura, aumentar la productividad, crecer el empleo formal, insertar en forma efectiva las regiones, con su respectiva estrategia, en la economía globalizada y, por encima de todo, mejorar la calidad de la educación con el fin de preparar a la población para construir un futuro mejor. Además debe llevar a la periferia rural y a las barriadas de las ciudades, donde hoy el Estado no existe, los servicios básicos de seguridad, justicia, salud, y educación. Todo esto requiere dinero. Es pertinente recordar que el gasto anual adicional estimado por la Misión Rural para materializar sus propuestas suma del orden de $10 billones anuales. Este monto es muy importante en el presupuesto general, del orden de $220 billones que incluyen intereses de la deuda, pago de pensiones, gasto en seguridad, justicia, educación y servicios de salud, toda la nómina de la administración pública y la inversión pública en todo tipo de proyectos. El presupuesto no es flexible, por lo cual la financiación de los Acuerdos es asunto complejo. Si no hay esfuerzo fiscal adicional para la ocupación efectiva del territorio que desalojan las FARC, los Acuerdos habrán sido ineficaces y los carteles impondrán su ley.
Revisar a fondo los procesos públicos y la estructura del Estado para suprimir los incentivos al mal uso de los recursos públicos sería mucho más eficaz para la economía y la sociedad que someter al Congreso la reforma política, cuyos dos aciertos, financiar las campañas políticas con recursos del Estado en su totalidad y suprimir la circunscripción nacional para las elecciones de Senado, poco tienen que ver con el proceso de paz y serían inocuos en el mar de desorden que establece la Constitución vigente. Está en juego el futuro de la Patria, y no conviene seguir en el reino del desperdicio.
