De acuerdo con la legislación colombiana, los contratos de prestación de servicios se dan cuando se contrata a una persona natural o jurídica para que preste un servicio a cambio de una remuneración, que generalmente se denomina honorario. Dicho servicio puede ser de carácter profesional, técnico o de cualquier otra índole.
Desde su entrada en vigor, estos contratos han generado controversia, toda vez que han sido utilizados por una inmensa mayoría de empleadores y/o contratantes para evadir las garantías laborares. Por consiguiente, los contratistas deben asumir el pago de su seguridad social y parafiscales. Además, no cuentan con el reconocimiento de prestaciones sociales, entre otros beneficios laborales.
Desde su campaña, Petro prometió acabar con estos contratos de prestación de servicios en aras de salvaguardar las garantías laborales a los ciudadanos. Es por ello que ya electo, mediante una directriz del DAFP y la ESAP, estableció que se hagan únicamente en casos donde sean estrictamente necesarios y que estos solo se podrán firmar hasta abril de 2023, en el marco del plan de formalización laboral del empleo público.
Desde el punto de vista que lo analicemos, esta decisión del gobierno nacional puede ser perjudicial para los empleadores, a quienes se les incrementarían los costos laborales, pero buena para los trabajadores, a quien se les garantizarían contratos justos y con las plenas garantías laborales establecidas.
Sin embargo, no todo sería malo para los empleadores. Con la eliminación de esta clase de contrato, todos sus empleados entrarían a tener una relación de subordinación y, entre otras cosas, se verían obligados a cumplir un horario laboral. Así mismo, no todo sería bueno para los empleados. Con la entrada de vigor de esta medida, a ellos se les imposibilitaría contar con varios empleos (contratos), que son tan necesarios en estos momentos de crisis económica, inflación y pésima remuneración en el mercado laboral.
Sumado a ello, el gobierno nacional debe analizar la situación económica y social de muchos entes territoriales, donde se atraviesa por una grave crisis económica y social, sin contar con la falta de oportunidades y empleo. En muchos lugares, estos entes se convierten en la única tabla de salvación para que muchos de ciudadanos puedan tener la oportunidad de contar con una opción laboral y ganar el sustento diario para sus familias.
Muchos de estos entes solo cuentan con los recursos del sistema general de participación (SGR) como ingreso para solventar su funcionamiento e inversiones, tan necesarias para mejorar las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes, propender por su progreso y desarrollo. Lo anterior sin contar con aquellos municipios que se encuentran bajo la Ley 550 y deben destinar gran parte de estos recursos a cubrir sus deudas.
Así pues, en consonancia con lo anterior, la eliminación de los contratos de prestación de servicios obligaría a las entidades a reducir su personal, ya que sus recursos no serían suficientes para cumplir con las garantías laborales de todos. Esto ocasionaría una grave crisis social, laboral y económica en su territorio.
Es por eso que el gobierno nacional debe analizar su iniciativa de eliminar los contratos de prestación de servicios. De hacerlo, debe ser de una manera ponderada, teniendo en cuenta unas bases presupuestales, técnicas, sociales y de logísticas, no solo el golpe de opinión y la premura de cumplir una promesa de campaña.
