Con el homicidio de Marlen Fernanda Mozo Jiménez, una empleada de SuperGiros de Bosconia, Cesar se profundizaron las dificultades para que la empresa de servicios financieros mantuviera su operación normal. El Clan del Golfo ha ido cercando no solo a esta red, tan cercana, querida y necesaria para la gente sino a otros negocios menores, con el propósito de hacer sentir su poder.
El presidente de SuperGiros, Edgar Páez, se vio forzado a tomar la difícil decisión de suspender la atención en 3000 puntos de venta en Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira en la Costa Caribe y privar a la gente de un servicio necesario en su día a día.
“El que permanezca en su sitio de trabajo o se encuentre abierto al ver esta nota, que se atenga a las consecuencias”
Fue el tenor de la amenaza que forzó a la empresa a cerrar las puertas del local, sin que el gobierno haya actuado a la altura para asegurar su presencia en la región y defender a los pobladores de decenas de municipios quienes solo tienen esta gran red de servicios financieros para pagos, realizar giros y entregar encomiendas.
La red atiende en promedio a más de cinco millones de colombianos. Justamente una de las fortalezas de la compañía es hacer presencia en lugares alejados de la geografía colombiana, varios ejemplos, el Pájaro en la Guajira, Santa Cruz del Islote en Bolívar, La Macarena en Meta, Barrancominas en la Guanía e Inzá en Cauca, donde las instituciones del Estado y las Fuerzas militares deberían asegurar la seguridad de los habitantes.
Hasta ahora quien se ha expresado es la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, quien pidió de manera urgente tomar medidas contundentes para frenar el accionar de este grupo que tiene en jaque a pobladores indefensos en muchos puntos mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en la Paz total y en encontrar rutas de negociación con organizaciones delincuenciales como ésta, acercamiento que aparentemente ha puesto en cabeza de Salvatore Mancuso en su rol de Gestor de paz.
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