Dentro del intercambio de reproches entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, escuché que la vicefiscal Martha Mancera justificó su afirmación de que el presidente Gustavo Petro protege narcotraficantes, basándose en la solicitud que hizo este en el pasado reciente, de levantar las órdenes de captura vigentes contra algunos miembros del Clan del Golfo y grupos criminales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Si el gobierno colombiano elevó tal solicitud en su momento a la Fiscalía General de la Nación, actuó en desarrollo de lo prescrito por la ley 2272 de 2022 o Ley de la Paz Total, como la llaman algunos, que prorrogó, modificó y adicionó la ley de orden público o ley 418 de 1997. Es decir, el gobierno nacional actuó en consonancia con una ley aprobada por el Congreso de la República, en desarrollo de sus facultades constitucionales y legales.
El artículo 8 de la citada ley, establece en su parágrafo 2:
“Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tránsito al Estado de Derecho.
“Para tal efecto, el Gobierno Nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Sorprende la ignorancia o el desconocimiento de mala fe al que apela la doctora Mancera para justificar la imputación que hace. Nadie como los altos cargos de investigación criminal está obligado a conocer la ley y velar por su inmediata aplicación. Podríamos hablar de conductas penales, como calumnia o prevaricato, aunque sabemos que, en la situación actual, el curso de cualquier investigación en ese sentido caería en el vacío.
Desde luego que se entiende la furiosa reacción de la vicefiscal que considera lesionada su honra. El periodista Daniel Coronell hizo pública una denuncia en torno a una actuación muy delicada de la Fiscalía del doctor Barbosa. Dos agentes encubiertos del CTI, asignados a una investigación sobre narcotráfico, hallaron indicio serios de que el director de tal organismo en Buenaventura hacía parte de la red criminal que investigaban.
Uno de sus compañeros investigadores resultó asesinado cuando se desempeñaba en esa labor. En reuniones subsiguientes relacionadas con este crimen, con presencia del fiscal y la vicefiscal, tal y como afirman los investigadores, ellos pusieron de presente la situación encontrada. Y poco después, otro investigador del CTI, cercano a la doctora Mancera, se presentó ante ellos pidiéndoles que retiraran su dicho sobre el director del CTI de Buenaventura.
En adelante, según afirman los dos investigadores, se desató contra ellos una persecución por parte de sus superiores, que llegó hasta el punto de involucrarlos en la comisión de diversos delitos, de los que ellos aseguran no tener el menor conocimiento. Todo esto, explicado al detalle, fue denunciado en el reporte Coronell de la W Radio. Basado en esas denuncias, Gustavo Petro trinó acerca de la cooptación de las instituciones por parte del crimen.
Algo está podrido en las instituciones colombianas. Sobre todo, en el campo judicial e investigativo
Lo cual desató la ira de la vicefiscal Mancera, quien afirma, con su orgullo herido, que ella no está al servicio del narcotráfico. Aunque agrega que el presidente sí, con el torpe fundamento que expuse arriba. Lo cierto es que tal y como ella explica, la Fiscalía designó a un investigador especial para que se ocupe del asunto. Solo él podrá determinar qué hay de cierto en la denuncia de los dos investigadores. Ni siquiera ella puede pronunciarse al respecto.
Aunque sí pueda, arbitrariamente, acusar sin bases legales al presidente. Eso de que funcionarios subalternos sean los encargados de investigar y decidir en torno a la responsabilidad de sus jefes deja un sabor más que amargo. Algo está podrido en las instituciones colombianas. Sobre todo, en el campo judicial e investigativo. Y se habla con fuerza de corrupción al interior del alto mando de las fuerzas armadas, en complicidad con las mafias.
Lo cual hace más difícil la paz total, equivalente a poner fin a un negocio en el que unos y otros están involucrados y conciertan.
