En el documento marco denominado Derechos Humanos una Cultura para la Paz y la Reconciliación, expedido en el año 2017 durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, se menciona que en el proceso de construcción de la paz Colombia asume el compromiso de acoger los más altos estándares internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos de conformidad a los protocolos establecidos por la ONU alrededor de la exigencia establecida al Estado de proteger, respetar y remediar situaciones relacionadas con la violación y vulneración de los derechos humanos cometidas en su territorio y en tal sentido adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas.
A pesar de la adopción de este marco de políticas en las condiciones del posconflicto y de la contribución a la construcción de la paz, el país presenta una virulenta y sistemática violación de los derechos humanos que se refleja en el genocidio de numerosas personas que se dedican a esta actividad.
En efecto, en el último informe la ONU manifiesta creciente preocupación por los asesinatos de defensores de los derechos humanos debido a diferentes razones: Por manifestar su apoyo al acuerdo de paz (específicamente a la implementación de la JEP como mecanismo jurídico político que permita conocer la verdad acerca de la violación a los derechos legítimos individuales y colectivos de numerosas víctimas), promover efectivamente el programa de restitución integral de tierras, y los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos.
Es tan particularmente dramática la situación que el 29 de abril del año en curso, más de 2.000 líderes y lideresas procedentes de diferentes regiones del país, arribaron a la capital con el objetivo de denunciar y visibilizar ante el mundo el aumento de los asesinatos sistemáticos ejercidos contra defensores de derechos humanos, excombatientes de la organización insurgente Farc en proceso de reincorporación, sus familiares y comunidades en sus territorios.
La inusitada y generalizada ola de homicidios ejercida contra defensores de derechos humanos (Violación del Derecho a la Vida. Art. 11 de la Constitución Política) evidencia que al 2018 se documentaron 110 asesinatos en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, el Cauca y Norte de Santander (37 % del total de casos registrados en 2018). De los cuales el 25% de ellos corresponde a indígenas o afrocolombianos, de igual forma se registró un aumento preocupante del número de amenazas y agresiones contra periodistas con respecto a 2017. Hasta el 2 de noviembre de 2018 se habían denunciado 3 homicidios, 200 amenazas y 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.
De otro lado en lo corrido del primer trimestre de 2019 (enero-marzo), 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el 75,7% del territorio nacional (es decir en 25 de los 33 departamentos), infortunadamente Cauca y Norte de Santander lideran la lista de asesinatos con el 32%, Antioquia 25%, Valle del Cauca 15%, Nariño 8%, Caquetá 8% y finalmente los departamentos de Arauca, Bolívar, Casanare, Magdalena y Santander con el 6%.
En este mismo período se registraron 245 agresiones entre homicidios, atentados y amenazas de las cuales, 146 casos son atribuibles a organizaciones de paramilitares (59,6%), disidencias de las Farc (23%), ELN (10%) y fuerza pública (1%).
No se puede olvidar que la Corporación Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del 2018 hace serias observaciones al Estado Colombiano acerca de la imperiosa necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que los agentes del Estado cometan violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que comprenden la investigación de los hechos y si lo amerita, las sanciones y condenas pertinentes de aquellas conductas asociadas con crímenes en contra de la población civil o líderes sociales.
Frente a este oscuro panorama en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país caben las siguientes preguntas.
¿El Estado colombiano está en condiciones de brindar las garantías necesarias a las organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones comunitarias de la sociedad civil para el ejercicio democrático y seguro de esta actividad que evite actos en contra de la integridad personal y libertad personal de sus principales actores como lo consagra la Constitución Política?
O por el contrario.
¿Regresamos al tiempo aciago según el cual se evidencia la reedición de lo que algunos denominan “terrorismo de Estado” a través de una política deliberada de exterminio de los defensores de derechos humanos y líderes sociales afines a la defensa de los acuerdos de paz y del restablecimiento de derechos legítimos seriamente vulnerados?
En este orden de ideas valdría entonces considerar los elementos de análisis contenidos en el reciente artículo publicado por el New York Times, cuyo autor Nicholas Casey pone de manifiesto que las exigencias en materia de órdenes de letalidad impartidas desde el mismo Ejército de Colombia pondrían en riesgo a los civiles, como recientemente aconteció con el exinsurgente Dimar Gómez dado de baja en un procedimiento irregular en zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander) que el Estado no ha podido explicar de forma satisfactoria y que ya ordenó una investigación en curso contra el coronel Jorge Armando Pérez y la separación del servicio activo al cabo Daniel Eduardo Gómez, señalado de ser el responsable del homicidio.
