Además del doloroso hecho de la desaparición del niño Cristian Montoya, acaecido entre El Banco y Chimichagua el pasado fin de semana, su familia ha debido asumir no solo el costo moral sino los injustificados costos económicos.
Debieron pagar para que un noticiero nacional desplazara a un par de periodistas por una pequeña nota, contrario al despliegue que hacen de casos similares cuando ocurren en las ciudades capitales contribuyendo, incluso, en su esclarecimiento.
Ante la absurda confusión de jurisdicción entre César y Magdalena, también a la familia le ha tocado asumir costos de investigación que corresponden al gobierno. Y aunque algunos medios han reseñado una presunta participación del ELN en el delito, considerando la coyuntura de los diálogos de paz con ese grupo, ninguna entidad gubernamental se ha pronunciado al respecto.
En toda la Depresión Momposina siempre hemos padecido como subregión esta discriminación. Cuando nos inundamos nuestros alcaldes deben pagar a los noticieros para que muestren en televisión a nuestras familias inundadas y soportar que desde lejanas oficinas en Bogotá, Santa Marta o Cartagena diseñen absurdas ayudas, como fue el caso de las malogradas aulas flotantes, por ejemplo.
Pero el caso de Cristian Montoya, ignorado por los medios y gobierno nacionales, ha tocado fondo en esta sistemática discriminación.
No más discriminación con nuestra región, señores y señoras del resto de Colombia, aunque seguramente esta vez tampoco se darán por enterados.
