Ante la propuesta del ministro Carrasquilla de subir el IVA a todos los productos, incluidos los de la canasta familiar, tanto los que la propusieron desde el Centro Democrático, como los liberales y mayoría de grupos políticos se manifestaron públicamente en contra, pensando en no perder el respaldo de los sectores populares y la clase media, mientras amparados en argucias legales, los congresistas aplazaron por un año la tramitación de la ley que les rebajaría el sueldo a ellos y a altos funcionarios del Estado.
Es de pésima presentación que los congresistas conejeen la rebaja de sus sueldos y no se atrevan a meterle muela a las escandalosas mesadas, subsidiadas por el gobierno, que reciben los jubilados de Cámara, Senado, altas cortes y demás entidades estatales.
Es la doble moral y el juego del culebrero embolatando con su labia florida al montañero que bajó a la plaza de mercado del pueblo y a los parroquianos que le hacen ruedo mientras les anuncia que sacará la culebra, antes de venderles la pomada al precio que él les fija, que “es una chichigua”.
Según los del Centro Democrático, los empresarios en Colombia y los pocos grupos económicos e industrias grandes tienen una carga impositiva de las más altas de la región y hay que bajárselas para que sean más competitivos, puedan comprar maquinaria, materias primas, ampliar y crear nuevos empleos que dinamicen la economía y mejoren las condiciones de vida de los colombianos.
Esta afirmación puede ser cierta, pero no tiene en cuenta que con las numerosas exenciones tributarias concedidas con las zonas francas, leyes de alivio, subsidios disimulados y leyes proteccionistas, logradas gracias a la financiación de campañas de congresistas de diferentes partidos políticos (como lo hacen por ejemplo, los de los ingenios azucareros y productores de biocombustibles), muchos industriales y empresarios logran que les aprueben leyes favorables y en realidad pagan menos impuestos que los que afirman tributar.
Además, con la reforma laboral que impulsó Uribe en su primer gobierno, los costos laborales aminoraron notablemente cuando acabó con las horas extras, la estabilidad laboral y facilitó contratos a término fijo, promoviendo las tales cooperativas de trabajo asociado, que en realidad son una fachada montada por los patronos para para eludir el pago de prestaciones sociales y cesantías.
A pesar de este papayazo, muchas industrias no crearon nuevos empleos y aprovecharon las rebajas de impuestos para importar maquinaria robotizada que no necesita humanos. Esas son las contradicciones de la economía, la tecnología y los intereses privados confrontados con los de la sociedad.
Es cierto que el desajuste presupuestal abierto por la caída de los precios internacionales del petróleo y carbón, desde el gobierno de Santos, abrió una tronera de más de 15 billones de pesos al presupuesto de la nación y obligó a impulsar otra remendada reforma tributaria, que al ser insuficiente para tapar el agujero negro, obligó al gobierno de Duque a promover, para despistar, la llamada “ley de financiamiento”; pero sin considerar que a este gobierno le sonrió la suerte, al subir el precio internacional del crudo y carbón, y se le presentan condiciones más favorables para reforzar los bolsillos públicos y reorganizar el gasto, controlando la multimillonaria evasión de cuello blanco, la corrupción generalizada que se traga más de 20 billones anuales, y ahorrando en burocracia innecesaria y gastos suntuarios, en lugar de clavar a los sectores populares y clase media que no pueden abrir cuentas secretas en paraísos fiscales como Panamá, a dónde fueron a parar las ganancias de los bonos del “agua que no has de beber déjala correr”, del ministro Carrasquilla.
Razón tuvieron los expresidentes Uribe y Gaviria y sus seguidores al bajarse del bus del IVA que el Centro Democrático promovió, presentándose como los "Chapulines Colorados" de los desarrapados y la aporreada clase media, y más cuando los estudiantes universitarios, profesores y maestros de secundaria adelantan un prolongado paro para lograr incremento en el presupuesto de la educación, y al cual pueden sumárseles otros sectores sociales del campo y la ciudad agobiados por problemas sin resolver desde hace décadas, a pesar de numerosos compromisos firmados por funcionarios de varios gobiernos.
