En Colombia a menudo repudiamos las actuaciones y decisiones que han socavado y destruido los principios éticos y morales de nuestra sociedad, los cuales han permitido sumergimos en un oscuro valle, donde la injusticia, corrupción y desigualdad han hecho metástasis e internado en cuidados intensivos a esta gran nación.
Es normal indignarnos cuando se destapa un gran escándalo de corrupción. Condenamos con dureza este acto abominable donde personas inescrupulosas se apropian de recursos públicos coartándonos las posibilidades de mejorar nuestras condiciones de vida y garantizar nuestro bienestar, pero transcurrido el tiempo nos olvidamos de lo ocurrido, justificamos y consentimos lo sucedido depositando nuestro voto y eligiendo a quienes ejercieron estas prácticas nefastas.
Rechazamos el actuar violento de los grupos armados al margen de la ley. Nos da dolor de patria evidenciar cómo en un acto cobarde e inhumano masacran y dan muerte a nuestros soldados y policías. Sin embargo, en muchas poblaciones encontramos comunidades exigiendo distanciar las bases de la fuerza pública del centro poblado, permitiendo que se conviertan en presa fácil de estos grupos criminales o peor aún, justificamos decisiones que vayan en contravía de unos acuerdos que nos han devuelto la esperanza de construir un país en paz.
Criticamos y levantamos nuestra voz de protesta por la grave crisis que vive Venezuela, pero nos hacemos los de los oídos sordos y vista ciega ante la creciente muerte de niños por desnutrición, el pésimo sistema de salud, la mala calidad educativa, deficiencia habitacional, vulneración de nuestras libertades e imposición de políticas de autoritarismos que nos igualan al vecino hermano país.
Censuramos a los políticos corruptos, los cuales utilizan conductas que van en contravía de los preceptos legales para mantenerse en el poder o alcanzar el mismo. A pesar de ello, en el momento histórico de cambiar estas viejas costumbres políticas no ejercemos nuestro derecho al voto de manera libre, independiente y a conciencia, porque dejamos que compren nuestra voluntad, contribuyendo y consintiendo que la clase corrupta siga administrando los destinos de nuestras comunidades y se aproveche de nuestras necesidades.
Reprobamos la crisis en la justicia y los casos de corrupción de magistrados, jueces, fiscales y litigantes, lo que ha permitido que la sociedad pierda la confiabilidad y credibilidad en su aparato judicial, no obstante estamos consumidos en el opio que nos adormece, ciegos y mansos antes las iniciativas de propender por una verdadera reforma a la justicia que permita acabar con la congestión judicial, extinga su politización, impunidad, brinde celeridad de los procesos y la búsqueda de un instrumento que garantice el acceso a la misma por mérito y conocimiento proporcionando una administración de justicia fortalecida, transparente y eficiente.
Es hora de hacer un pare en el camino, detenernos a meditar y analizar qué país queremos construir para nuestros hijos: si seguir llevándolo a la cultura del todo vale, que nos ha degenerado como sociedad y conllevado a ahondar en una grave crisis política, social y económica o cambiar y renacer de las cenizas para erguir una nación equitativa y justa, donde sus habitantes en su conjunto reconozcan de manera unánime los valores éticos y morales que permitan un actuar transparente y honesto en cada proceder de nuestras vidas.
