Tímidamente en algunos sectores sociales se comienza hablar de un nuevo modelo de seguridad para Colombia una vez se entre en la fase de posconflicto. Cuatro son los temas de mayor debate. El primero se refiere al cambio de doctrina militar y sobre todo al cambio en la lógica del enemigo interno. Desde la década de los años sesenta del siglo XX las Fuerzas Militares se comportaron bajo esta doctrina, lo cual significaba que el Estado tenía dentro de la sociedad su mayor enemigo y por tanto la guerra debía hacerse contra ese sector social. La famosa frase de “quitarle el agua al pez” permitió que decenas de militares colaboraron con grupos paramilitares para cometer todo tipo de atrocidades. La masacre de Mapiripán, lo ocurrido en la Gabarra en Norte de Santander son el mejor ejemplo. Esta misma doctrina permitió la masacre de dirigentes de izquierda durante la famosa guerra sucia de finales de la década de los años ochentas del siglo pasado. Este cambio de doctrina no será fácil, ni rápido, pero tampoco es claro el camino para hacerlo.
El segundo tema tiene que ver con la forma de combatir a las bandas criminales y en general a las organizaciones del crimen organizado. Se sabe que la estrategia de “objetivos de alto valor”, es decir, la captura de los jefes de estas organizaciones da votos, prestigio, permite que condecoraciones a oficiales y que los declaren como los mejores policías de mundo, pero no soluciona ni destruye estas organizaciones. A pesar de la captura de cerca de 25 jefes de estas bandas como el Loco Barrera, Diego Rastrojo o Sebastián, la capacidad de estas organizaciones es muy amplia, se dieron el lujo de paralizar ciudades como Apartadó o Montería hace algunas semanas. Aunque no se diga públicamente se debate mucho sobre el cómo combatir la parte no visible de estas organizaciones, es decir, los banqueros que le lavan dinero, los políticos que las apoyan o los abogados que los defienden, pero solo capturando o dando de baja al matón del momento no se llega a ningún lado.
Un tema de debate es la raya divisoria entre la Policía y las Fuerzas Militares.
Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no quieren perder privilegios,
presupuesto y las famosas primas de orden público
Un tercer tema que se debate se refiere a los límites o raya divisoria entre la Policía y las Fuerzas Militares. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no quieren perder privilegios, presupuesto y las famosas primas de orden público y andan desesperados buscando trabajo. A su vez la Policía se cree la dueña del asunto de la seguridad, planean incrementar su pie de fuerza en cerca de cien mil hombres y mujeres en un periodo de diez años. En sentido estricto la policía debería tomar mayor relevancia en un posconflicto y las Fuerzas Militares volver a su naturaleza de cuidar las fronteras y proteger al país de agresiones externas. Pero aún no está claro el tema de la seguridad rural sobre todo en zonas de economías ilegales. Muy seguramente la solución sea la del fortalecimiento de la Dicar o la dirección de carabineros y seguridad rural. Es decir, crear policías para las zonas rurales y dotarlos de capacidad de acción que vaya más allá de la represión.
Un último tema que se discute se refiere a los modelos de seguridad individual para líderes sociales, personalidades políticas, periodistas y sobre todo para los jefes de las Farc que saldrán a hacer política en los próximos meses. Por ejemplo, preguntas de cuántos guerrilleros pasarán a conformar este cuerpo de seguridad, cuáles y cuantos jefes de las Farc tendrán estos esquemas son la prioridad en esta discusión.
En todo esto se mezclan tres asuntos de fondo. 1. Una promesa del presidente de no tocar las Fuerzas Militares por diez años, una promesa difícil de cumplir en tiempos de crisis económica y con presión internacional por el tema de Derechos Humanos. 2. Una fuerte disputa entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares por el liderazgo en la seguridad del posconflicto. Y 3. Un país apático al proceso de paz con las guerrillas.
