Ante la demanda de Nicaragua para que se delimitara su plataforma continental extendida los abogados de Colombia desarrollaron una variante ingeniosa de la estrategia del Caracol, al plantear que tal plataforma invadiría las 200 millas de zona económica colombiana.
Lo que podría llevar a una de esas situaciones absurdas, como la del fallo que dispuso que medio burro le pertenecía al dueño de un predio y la otra mitad al vecino; o la de la obra El Mercader de Venecia, de Shakespeare, en la que a un mercader veneciano le podían extraer del cuerpo una libra de carne, en cumplimiento de un contrato, pero sin derramarle una gota de sangre, porque lo prohibía una ley veneciana; o el supuesto de un cónyuge en receso pero con derechos conyugales y el tinieblo con derecho de lecho. Por el mismo derrotero se podría dar que a Shakira un juez le adjudique el manejo del Ferrari pero la palanca de cambios esté a cargo de Piqué. El precursor de estos contrasentidos con buen final fue el bíblico Salomón.
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El fallo que se ha usado para sembrar desinformación es cristalino como las aguas del Caribe: la CIJ se limitó a sentenciar que nanay cucas: un país no tiene derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas cuando se sobrepone, traslapa, solapa o superpone a las 200 millas náuticas del vecino. No podía ser de otra manera, porque no existe antecedente alguno de un país que haya extendido su plataforma hasta invadir la de otro, como bien lo alegó el agente de Colombia, Valencia Ospina.
Para celebrar desde San Andrés el presidente Petro aprovechó el 20 de Julio y con abundante retórica habló sobre las disputas marítimas con Nicaragua. El colorido acto fue refrescante para los sanandresanos, pero al mandatario alguien le debería recomendar prudencia cuando trate temas internacionales. Empezó repitiendo la fantasía de que en el 2012 nos arrebataron 75 mil millas de mar. Agregó que con el último fallo del 13 de julio Colombia había recobrado soberanía y que gracias al nuevo equipo conformado por su gobierno para defendernos se habían reconocido los derechos de los raizales. Ya muchos le habían madrugado para reclamar una victoria y dedicarla generosamente a sus compadres, a papá y mamá, a sus patrocinadores, al pueblo, a los Fundadores y hasta a los nadies. Algo patético.
La historia registrará el 13 de julio de 2023 como el día en que tirios y troyanos, medos y persas, compitieron para adjudicarse un triunfo que opaca Trafalgar, Waterloo o el Alamein. Lo que desató tanta conmoción fue una sentencia que definió que no existe el derecho a extender automáticamente la plataforma más allá de las 200 millas frente a otro país ribereño. Bajo esa premisa el tribunal negó las pretensiones de Nicaragua. Pero no recuperamos soberanía, ni ganamos territorios o mares; ni se dispuso revisar el fallo del año 2012. El fallo tampoco alteró límites ni nos robó mares y, menos que nada, nos reconoció plataforma extendida. Todas esas necedades se han ido soltando.
Nunca tuvimos los mares que supuestamente perdimos, porque el mar es herencia universal, “herencia común de la humanidad”. No se han modificado límites que no existían. La CIJ lo que hizo en el 2012 fue adjudicar a cada parte los derechos marítimos que no estaban delimitados. Otra afirmación que induce a confusión es que la Corte haya ordenado celebrar un tratado para cumplir el fallo del 2012, que se ejecutó con los mapas que venían con la sentencia. Lo que tiene que hacer Colombia es respetar la plataforma continental y la zona económica adjudicadas a Nicaragua y negociar derechos de pesca y el respeto de cualquier otra práctica ancestral que se relaciona con la sustentación de la población isleña. En todo esto debe primar el principio de la buena fe.
Nuestros buques pueden navegar por todas esas aguas, que son internacionales. Si pasan por el Meridiano 82 de Greenwich ojalá le den un aventón al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quién prometió que el 7 de agosto de 2014 dormiría en el meridiano de marras.
Lo que se deslizó en el fallo del 2022 es que sería bueno que las partes celebren un tratado para arreglar asuntos de pesquerías o prácticas ancladas en derechos ancestrales de las que depende la subsistencia de la población isleña. Pero la sentencia nunca dijo que un tratado fuera una condición para respetar su fallo del 2012. Es más, el tribunal agregó que si bien el dictador Ortega ya había ofrecido conversar sobre los referidos puntos, eso no constituía un acto unilateral que obligara a Nicaragua, como alegó Colombia.
A propósito del dictador Ortega, tan pronto se conoció este tercer fallo corrió a declarar que lo aceptaría.
El diluvio de falsedades e inexactitudes o inconsistencias que han rodeado la presentación de los litigios con Nicaragua contrasta con la sequía absoluta con respecto a la delimitación marítima con Venezuela. Siete décadas atrás con gran boato se iniciaron las negociaciones, rodeadas de sigilo y seguridades, al más alto nivel. Todo fue infructuoso y como en el cuento de la puntica nomás, terminamos siempre cediendo. Cada nuevo episodio de negociaciones tomaba por punto de partida lo que ya hubiera concedido Colombia.
En 1987 una corbeta colombiana apareció por el área de Castilletes. Se agitó el cotarro internacional y las unidades colombianas retornaron. Hubo augurios de una nueva era en las relaciones; luego, sólo atronadores sonidos del silencio. Los colombianos permanecemos en la oscuridad total en cuanto al diferendo. Los derechos se pueden perder por muchas causas reconocidas en el derecho internacional. Una de ellas es la conducta del propio Estado, que puede llevar a la prescripción adversa. Merece censura esa inexplicable pasividad y negligencia de los sucesivos gobiernos colombianos que han mantenido absoluto silencio sobre el tema, con la colaboración obsecuente de algunos medios
