El próximo 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Personas con Discapacidad. A la luz de lo que Colombia sustenta en el papel (leyes, decretos, etc.), cualquiera diría que nuestros discapacitados están en un país de “ángeles” y con las condiciones de Finlandia, Noruega o Canadá… Pero la realidad los ubica en un panorama nada alentador, cuyo principal verdugo es -una vez más- la corrupción.
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en todo el planeta hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. El estudio más reciente en Colombia data de 2005, es del Dane, y asegura que unas 2 millones 690 mil personas (6.3 % de la población) tiene esa condición. Pero expertos en el tema aseguran que la población con discapacidad es superior a seis millones de colombianos, sin contar personas con patologías ocultas como la discapacidad psicosocial, que aquí no están contadas y que tienen que ver directamente con el conflicto armado que dizque acaba de terminar. La mayoría es excluida; más del 70 % está por fuera del goce efectivo de derechos que consagra el Estado Social de Derecho y su cuerpo normativo constitucional.
Colombia tiene una legislación sobre discapacidad como para un país que pareciera tener políticos transparentes, impolutos, y pareciera contar con una sociedad (colegios, familias, empresas) preocupada e incluyente; pero la realidad hoy nos muestra una clase política criminal, y una sociedad indolente y discriminatoria.
El cumplimiento del exceso de normatividad vigente es inferior a la mitad. Hay Convención ONU vinculante, ratificada hace 5 años por el país. Hay Ley estatutaria de implementación de la Convención. Hay política pública nacional enunciada en el Conpes 166 de 2013, escrita con cumplimiento muy incipiente. Hay un sistema nacional de discapacidad, Ley 1145 de 2007, un Consejo Nacional de Discapacidad, un plan presidencial de inclusión social de personas con discapacidad. Pero lo cierto es que la mayoría de la población está excluida de sus derechos. Como todo lo que vemos en la gestión pública, el lío está en la implementación. El botón de muestra es la Ley 361 de 1997, conocida como la Ley Clopatofsky, por la cual se establecían mecanismos de integración social y estímulos para inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Su aplicación en la práctica deja mucho que desear, y su efecto real en derecho al trabajo para colombianos con discapacidad tiene una vergonzosa proporción inferior al 2%.
Creo que la muy elocuente jefa de la cartera de Educación
no ha trasegado el tortuoso camino, solo en los colegios,
de los padres de familia con un hijo discapacitado
Imagínense ahora lo que sucederá con el anuncio coyuntural que hizo el 30 de agosto pasado la ministra de Educación Yaneth Giha, el Decreto 1421 de 2017, en cuyo boletín se tituló que “cierra las brechas de desigualdad y garantiza que personas con discapacidad accedan a educación de calidad”, además de que sus disposiciones harán avanzar al sistema educativo cinco años. De verdad creo que la muy elocuente jefa de la cartera de Educación no ha trasegado el tortuoso camino, solo en los colegios, de los padres de familia con un hijo discapacitado, y menos lo ha controlado. Ella no ha escuchado, como estos padres, a los rectores invitando a los progenitores a que sus hijos no presenten las pruebas Saber, porque afectan los resultados del colegio en el Icfes; ella no ha enfrentado a planteles y profesores discriminadores (religiosos y no religiosos) que solo reciben niños “normales”, que cumplen con unos “requisitos académicos y cognitivos” que los convierten en máquinas del conocimiento y no en seres humanos compasivos y respetuosos de la diferencia; tampoco a los que se niegan a hacer modelos de aprendizaje individualizados porque representan mayores costos. Ella no ha enfrentado a padres que amenazan con sacar a sus hijos del colegio cuando se contemplan programas importantes de inclusión; ella no ha asistido a las miles de reuniones que enfrentan los padres de niños con dificultades en las que los profesores omiten adrede elementos importantes en las actas, por “conveniencia jurídica”; y menos conocerá a Mercedes Castilla (https://youtu.be/m03-BjNOPrI) madre de un menor en condición de discapacidad por autismo, quien tuvo la “suerte” de ganar hace un año la tutela 486, proferida por la Corte Constitucional, y que -como dice ella- refiere a la igualdad de oportunidades para la inclusión de su hijo al aula regular… Pero a quien hoy solo le han cumplido el 40% del fallo.
Miremos solo unas cifras. En Bogotá deberían asistir al sistema educativo no menos de 70 000 personas en edad escolar con discapacidad. Hay matriculados en el sistema público, sin apoyos para una verdadera inclusión, menos de doce mil estudiantes. Esa es la proporción en la ciudad con más recursos y posibilidades. Y si a lo anterior le sumamos que el cuerpo docente de todo el país no está preparado para incluir a estudiantes con discapacidad, que las aulas de apoyo que para estos seres existieron hasta el año pasado fueron abolidas y los docentes de apoyo también, entonces ministra, ¿de cuál educación inclusiva está hablando usted en su anuncio, cuando la mayoría de la población discapacitada no está matriculada, no hay docentes formados y además se disminuyen los recursos? ¡Por favor! En conclusión, aunque el Decreto 1421 tiene un diseño cercano al ideal, su implementación realmente está por verse.
Aunque la normatividad internacional habla de seis tipos de discapacidad, Colombia reconoce siete: física, sensorial visual (ciegos, baja visión), sensorial auditiva (sordos, baja audición), intelectual, sordoceguera, multidiscapacidad y la psicosocial. (TAB, Trastorno Afectivo Bipolar; TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo; TLP, Trastorno Límite de Personalidad).
Veamos, según la discapacidad, cómo les va. La población sorda ha logrado los mayores avances en acceso a servicios, pero tiene un alto índice de exclusión laboral y educativa. Seis de cada diez sordos en edad escolar, no acceden a los colegios y su ingreso a la educación superior es mínimo. Ocho de cada diez sordos en edad laboral, no tienen trabajo formal. Y esta es a la que mejor le va.
Le sigue la población ciega, que tiene indicadores de exclusión educativa y laboral superiores al 80% cada una. Pero la más rezagada, más excluida, más distante del cumplimiento de sus derechos son las personas con discapacidad, es la intelectual (déficit cognitivo, antiguo retardo mental; TEA, trastorno del espectro autista; síndrome de Down).
Por norma de inclusión, el 4% de la nómina pública y en lo posible en las empresas del sector productivo, debería ser de personas con discapacidad. No hay ni el 1% de la nómina inclusiva para personas con discapacidad. El desempleo profesional de las personas con discapacidad con educación profesional, es mayoritario.
Ni qué decir del abandono de alta incidencia en población con multidiscapacidad (varios tipos de discapacidad asociados presentes en una misma persona). Son individuos sin autonomía que deben tener protección permanente, pero viven en grave abandono, abuso y maltrato, en muchos casos perpetrados por instituciones, tal como se evidenció recientemente en Ibagué. Son personas a cargo de entidades contratadas por el gobierno central a través de sus instituciones, gobernaciones o alcaldías. Y aquí llegamos a la corrupción con la desviación de asignaciones presupuestales, mermeladas y proyectos de ley a conveniencia de los políticos de turno, casos de los que les contaré en ocho días.
¡Hasta el próximo miércoles!
