La presente reflexión se escribe a propósito de la problemática ambiental generada en Colombia por los proyectos extractivistas de recursos naturales no renovables (RNNR) como el petróleo, el carbón, el gas, el oro, el níquel, el coltán, etc, que actualmente se desarrollan mediante contratos de exploración y explotación otorgados por el Estado a grandes multinacionales, y los cuales vienen generando toda una serie de marchas y protestas populares en contra de los impactos ecosistémicos (contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación atmosférica, deterioro de flora y fauna, entre otros) que este tipo de proyectos produce.
La realidad es que aunque la mayoría de la gente que marcha y protesta lo hace “de corazón”, muy probablemente muchos de ellos lo hacen ajenos a la realidad y sin saber que en muchos casos, estas marchas son subterfugiamente patrocinadas por las mismas empresas multinacionales como estrategia para distraer y desviar la atención de la sociedad y de la opinión pública hacia los más sentidos y evidentes problemas ecosistémicos que generan, mientras taimadamente intentan ocultar el agotamiento irrecuperable, irreversible e insostenible de los recursos mineros del subsuelo, que a la final, y como consecuencia del efecto expoliador de estos proyectos, deja el subsuelo tan vacío como un enorme “queso gruyer”, además de la consecuente pérdida del potencial que dichos recursos representan para el Desarrollo sostenible del país.
No es que los impactos ecosistémicos no sean importantes y no deban ser objeto de especial atención. Todo lo contrario. Constituyen el principal factor antrópico de riesgo para la sostenibilidad de la vida en el planeta y eso no es un asunto de poca monta. Afortunadamente, algunos impactos ecosistémicos son reversibles por resiliencia natural y muchos otros pueden ser recuperados y/o controlados con resiliencia asistida (gestión ambiental), lo que los pone en ventaja frente al impacto ambiental por “agotamiento de los recursos mineros del subsuelo”, que siempre será un impacto irreversible e irrecuperable en tiempo y espacio, más aún, cuando estos recursos son fríamente exportados en bruto, sin ningún tipo de valor agregado para el país.
Por raro que parezca, muchos impactos ecosistémicos podrían resultar insignificantes frente a los que ocasionaría un “desastre político” como los generados por fenómenos naturales no previstos tales como una erupción volcánica, una avalancha o un tsunami, o los generados por la implementación de una política y gestión pública equivocadas tales como la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato, los tratados de libre comercio en condiciones de desventaja, por solo mencionar algunos. De lo que se trata entonces es de garantizar que los proyectos de explotación de recursos minerales del subsuelo (RNNR), además de realizarse de manera ambientalmente sostenible, es decir, garantizando la sostenibilidad espacio-temporal de la base o patrimonio natural, generen los mejores dividendos (institucionales, económicos y sociales) presentes y futuros para el país, independientemente de quién realice la explotación, ya sea una empresa nacional o multinacional.
Para nadie es un secreto el poder económico y tecnológico que disponen dichas empresas. Tan poderosas son, que con un mínimo esfuerzo empresarial podrían adelantar no solo cualquier tipo de explotación con control y manejo total de los impactos ecosistémicos que generen, sino además podrían si lo quisieran, suscribir contratos de explotación de RNNR más favorables para el país, como lo hacen en otras latitudes con Estados quizás menos proclives a la corrupción. En consecuencia, es un derecho y un deber de la población exigirle al Estado que además de controlar la corrupción imperante, garantice las mejores condiciones del negocio extractivista para el país, con óptimos niveles de participación de la Nación en los contratos de explotación de RNNR, disminuyendo el margen de intermediación o de ganancias netas de las empresas explotadoras, y optimizando por supuesto, la función de ejercicio de autoridad ambiental para garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos.
Mientras no se cumplan estas condiciones, resulta inconveniente para el país la explotación (para exportación) de sus recursos del subsuelo, siendo preferible conservarlos y fundamentar el desarrollo económico en otros sectores como el agropecuario, la industria manufacturera y el turismo. Así las cosas, la participación de la población, sus marchas y protestas, resultan ser mucho más importantes de lo que parecen, pero es necesario tener mucho cuidado pues fácilmente se convierten en caldo de cultivo de políticos inescrupulosos y oportunistas, que se arrogan las banderas del ambientalismo con propósitos eminentemente electoreros. Prueba de ello es que si la problemática ambiental (ecosistémica y socio económica) generada por los proyectos mineros fuera realmente de su interés, no esperarían solamente a los tiempos electorales para denunciarla, pues en Colombia hay mucha minería legal e ilegal que hace mucho daño y que nadie menciona en ningún momento, ni siquiera la autoridad ambiental. En conclusión, los impactos ecosistémicos frente al impacto ambiental por agotamiento de los recursos mineros del subsuelo, son solo “la punta del iceberg” de la problemática ambiental generada por el extractivismo desmedido e incontrolado de recursos naturales que permite y propicia el Estado con la anuencia de los “padres de la patria”, con la anuencia de cada gobierno de turno, y por supuesto, con la anuencia de los ciudadanos mal educados y desinformados. La mejor gestión ambiental será entonces la que se oriente a cambiar el modelo insostenible de desarrollo actual. Lo demás son solo oportunismos politiqueros.
