Desde 1810 continuó la tarea destructiva de la institucionalidad, política, social, económica y de justicia milenaria de las naciones nómadas, seminómadas y sedentarias del desierto y los Andes.
Desde entonces pocas cosas han cambiado: se establecen gobiernos y formas distintas de violencia, se imponen diferentes formas de sustitución de nuestras historias de origen, se ocupan los territorios y los incorporan bajo la figura de tierras baldías de la nación, etcétera.
Usurparon nuestra soberanía bajo formas administrativas europeas, retrógradas aún. Confiscaron propiedades ancestrales, instaurando nuevas formas de derecho para el uso, goce y usufructo de la propiedad y de los bienes en espacios donde los principios de espiritualidad, moral, ética y estética no son iguales y por lo tanto nos resistimos a soportarlo.
En el departamento del Putumayo, por ejemplo, confiscan y despojan territorios en los momentos actuales, suspendiendo el derecho al uso, goce y usufructo de la tierra con todos sus bienes, a favor del “interés general”. Hay acciones sistemáticas orientadas a la destrucción del sistema económico, pilar del sistema alimentario, para una vida digna.
Confinan a los pueblos del Pacífico y por lo tanto no pueden pescar. Tampoco pueden cazar por el minado del territorio. El chontaduro y el maíz ya no hacen parte de los alimentos. Por desnutrición mueren niños, ancianos y embarazadas. Médicos ancestrales líderes son asesinados y lo más triste es que estos espacios están ocupados por el Ministerio de Defensa, el paramilitarismo y la subversión.
Además, mueren más de 5.000 niños wayúu, única nación del desierto que resiste a los embates del calentamiento global y extractivismo. Se establecen medidas de desposesión del suelo para macroproyectos energéticos y se restringe el derecho de la propiedad para disponer de los bienes que son nuestros.
Avanza la deforestación en toda la Amazonía luego de que las Farc negociara con el gobierno la aplicación de las políticas de Estado en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, ambientales y humanos. Todo el territorio hoy está bajo el control del paramilitarismo y la minería que contamina con mercurio los ríos que hacen parte del sistema alimentario de los nómadas, seminómadas y sedentarios.
Se confina a los pueblos nómadas en los departamentos del Vichada, Meta, Arauca y Casanare para el impulso del latifundismo con fines agroindustriales, entre ellos los hitnu, wamonaes, sikuani, mapayerri, sália, piapoco, etcétera.
Llamamos a todos (pueblos y/o naciones milenarias, campesinos, negros, estudiantes y colombianos) para que hagan un llamado urgente por nosotros, a quienes se nos niega el derecho a la aplicación de las salvaguardas establecidas en la aplicación de la justicia humana y las leyes de la humanidad por parte de este gobierno que fundamenta sus acciones en el principio del genocidio, dirigido en interés especial a la guardia del pueblo milenario nasa en el norte del departamento del Cauca. Hay que restablecer los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía.
