Corre el año 2016, es febrero y la Universidad del Tolima se encuentra cerrada. Desde ya hace un año se viene presentando una grave crisis presupuestal-- la peor en los 70 años que tiene la universidad-- cuyos culpables son el Concejo Superior, La Rectoría y la Gobernación del Tolima, quienes menospreciaban o “se hacían los de la vista gorda”.
Así están las cosas con 35 mil estudiantes adscritos a 23 programas académicos de pregrado, tres tecnologías, 14 especializaciones, 12 maestrías, un doctorado, y en modalidad distancia, 11 programas académicos de pregrado, tres de posgrado, cuatro tecnologías y cuatro técnicos profesionales --muchos de estos, reconocidos por su acreditación de alta calidad.--. No obstante, todos los alumnos están sin poder iniciar semestre y a la espera de que se solucione mágicamente una crisis presupuestal causada por malos manejos administrativos y recursos insuficientes del Gobierno Nacional -- de la mano de la ya no tan famosa ley 30 de 1992-- que tiene en crisis no solo a la Universidad del Tolima, sino a todas las universidades públicas del país. Además, con ayuda de la Gobernación en cabeza del actual gobernador --quien ya una vez ocupó este cargo en el periodo 2008 a 2012-- no se transfirió el dinero que por ley le correspondía a la universidad y que hoy está en litigio judicial.
Mientras la Universidad del Tolima --única Institución de Educación Superior pública del departamento más golpeado por la violencia y donde históricamente nació el conflicto armado del país-- está cerrada y a la espera de una solución, el Gobierno Nacional aprovecha cualquier oportunidad (como la de hace unos días en la Universidad Nacional) para vender un discurso de paz a como dé lugar, y aunque estoy de acuerdo con el proceso de negociación con las Farc, no puedo evitar preguntarme ¿Acaso una VERDADERA POLITICA DE PAZ, no debe tener como fundamento una educación pública y de calidad? ¿No nos hace el Gobierno Nacional con su eslogan “Paz, Equidad y Educación” un llamado a la construcción de la paz a través de la educación, que el mismo Estado no nos está garantizando? ¿No es un acto de violencia por parte del estado el NO garantizar el derecho a la educación?
Si el presidente, al igual que a Sara Abril me preguntara “¿Usted apoya la paz?”, en un intento por evitar un debate real y con argumentos, le respondo que SÍ. Pero que la paz no es firmar un papel con unos cuantos guerrilleros, sino que para hablar de paz, necesitamos hablar de una verdadera política social, donde se garantice la educación y la salud a todo un país. Tener 35 mil estudiantes preguntándose qué va a pasar con sus carreras y sus semestres en una universidad PÚBLICA es un acto irresponsable y reprochable, que deja mucho que cuestionar después de escuchar a Santos decir que es el Presidente que más ha aportado a la educación.
Por otro lado, este es un problema no solo de la universidad del Tolima o de los 35 mil estudiantes que hacen parte de ella. Es un problema de las 32 universidades públicas de Colombia y de cada uno de los estudiantes, trabajadores y docentes que hacen parte de ellas. Así como hoy la Universidad del Tolima se encuentra a puertas de ser intervenida por el Ministerio de Educación, como ya ocurrió con la Universidad del Atlántico en años anteriores, día a día la crisis presupuestal de las universidades publicas colombianas sigue en aumento, ante lo cual el Gobierno Nacional responde con paños de agua tibia y empuja a las universidades públicas a un lento proceso de privatización, al obligarlas a conseguir recursos propios a través de contratos que dan pie a la corrupción y el clientelismo al interior de los campus universitarios.
*Estudiante de Derecho de la Universidad del Tolima
