Hace 30 años, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, con el fin de presionar un juicio político al presidente y la caída del tratado de extradición. Ese día, el presidente de la Corte y eminente jurista, el maestro Alfonso Reyes Echandía, clamó por un cese al fuego que no fue escuchado por ninguna de las otras ramas del poder público, y en particular, por la Rama Ejecutiva.
Meses atrás, el maestro Reyes Echandía proclamó,en un discurso que fue olvidado por los colombianos, lo siguiente: " En un Estado de Derecho, todo el poder material de las armas, ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces; solo así será posible oponer con ventaja, a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón".
Sin embargo, 30 años después del holocausto del que fue víctima la justicia de nuestro país, volvimos a conocer de otro "holocausto" en menores proporciones. Unos delincuentes se tomaron un juzgado civil del circuito de Soacha e incendiaron los expedientes del mismo. El despacho judicial carecía de la protección de las autoridades estatales. No era la primera vez que trataban de tomarse un juzgado en dicho municipio, o intimidar a los jueces civiles del circuito.
El Estado colombiano no le ofrece garantías, ni laborales ni en su integridad física, a la mayoría de los jueces de la República. Pretende que la Rama Judicial, ejerza su trabajo con autonomía, cuando la desprotege frente presiones politicias y criminales.
Ningún Estado en el mundo puede predicar estar a la vanguardia, cuando aquellos que tiene por objeto, resolver los problemas jurídicos, y en especial, en una Nación que se ha caracterizado por el desconocimiento total del Derecho, se encuentran en un estado de desprotección absoluto.
Esperamos que el Gobierno de Juan Manuel Santos y su Ministro de Justicia, el Maestro Yesid Reyes Alvarado, entiendan que no puede haber paz, si no hay garantías para quienes hacen cumplir la ley.
Por eso, el clamor de cese al fuego del Maestro Reyes Echandía, y su clamor para poner el servicio de las armas para la protección de los jueces se haga efectivo, y no solamente para los magistrados de las altas Cortes, si no también, para el juez promiscuo del municipio más remoto de nuestro país.
Así mismo, se le debe hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Maestro Eduardo Montealegre, para que no olvide las pésimas condiciones laborales en las que se encuentran algunos de sus fiscales. Sobrecargados con hasta 2.000 procesos por despacho, sin suficientes investigadores para poder tramita el alto volumen de denuncias que se presenta. El llamado debe ser para que su gestión se encamine a mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran, de tal manera que la fiscalía pueda cumplir, a cabalidad, con el mandato constitucional que tiene.
No dejemos pasar otros 30 años, para que el clamor de Alfonso Reyes Echandía, sea escuchado.
