Avanza el año en medio de la pandemia y la mayor crisis en salud que pueden afrontar los países. Sumado a ello, según se reporta por parte del Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en el país, Colombia presenta al comienzo de año la mayor violencia desde que firmase el acuerdo de paz en el año 2016.
La firma del acuerdo de paz, sinónimo de reconciliación para muchos y de confrontación para otros, está en el centro del debate, en especial por las víctimas que ha dejado el largo conflicto; víctimas que incrementan su número con el pasar de los días, a pesar de la existencia de un acuerdo que las tiene como centro y que no se ha implementado de manera efectiva, en especial por parte del gobierno que continúa desconociendo la existencia del conflicto en cabeza del líder del partido Centro Democrático.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) optó por un cambio en su denominación pasando a llamarse Comunes, esta transformación es relevante en tanto transmite una transformación frente a la connotación histórica que pesa sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), proveniente principalmente desde que se implementara la transformación en el imaginario del pueblo colombiano de la insurgencia al terrorismo, en especial en el momento que asume el mandato presidencial Álvaro Uribe; connotación que lo cambia todo y que le quitaba la posibilidad a una salida negociada al conflicto, en tanto que con terroristas no se negocia, sino se les vence, dejando de lado el hecho que la toma de armas por parte de este grupo se debe a la desigualdad percibida en el territorio colombiano y la alternativa propuesta desde la visión del grupo insurgente.
Es relevante también resaltar el hecho que el caso 01 abierto desde la Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció la acusación contra los miembros del secretariado de las Farc por la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, frente a la cual se espera el pronunciamiento por parte de los exjefes guerrilleros, frente a quienes hay gran expectativa en que asuman su responsabilidad en estos hechos que afectaron la vida de miles de colombianos y sus familias en el extenso conflicto armado.
Contrasta con ello que en días pasados se haya señalado también por parte de la JEP que el número de víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008 no asciende a 2248 casos como afirma la fiscalía, sino a 6402; cerca del triple y casi la mitad de las bajas reportadas por parte del ejército en dicho periodo, reporte frente al cual el expresidente Uribe negó con vehemencia y el general Zapateiro comparó con víboras venenosas a la JEP. A pesar de que al día siguiente intentó retractarse, era clara la referencia al informe de la jurisdicción, el video que suma a esta afirmación es muy ilustrativo y podría aplicarse perfectamente a la manera en que actuó el ejército en este periodo con las miles de víctimas de falsos positivos que llevados bajo engaño fueron pasados como bajas en combate para incrementar las cifras de esta institución (cosa que se configuró en un plan sistemático para la obtención de resultados).
Los pasos que da la JEP son significativos en términos de consolidar la paz con el eje puesto en las víctimas. Esperamos que los demás actores que han de poner su grano de arena en que la implementación del acuerdo de paz hagan todo lo necesario en aras de este sueño para el país. La carta de Rodrigo Londoño al expresidente Santos y la respuesta de este son relevantes, en términos del llamado al diálogo al presidente Duque, con el fin de garantizar la implementación, en especial en términos de la participación política y la seguridad para líderes sociales y excombatientes que siguen siendo los principales afectados y recuerdan los aciagos días en que se llevaba a cabo el exterminio sistemático contra la Unión Patriótica, que claramente tuvo la participación del Estado.
Para finalizar, es de destacar la postura del gobierno colombiano frente a la carta de Cuba, donde se enmarcaba la posibilidad de un atentado por parte del ELN, a la cual se responde con la solicitud de entregar a los negociadores por parte del grupo insurgente, rompiendo claramente los protocolos que llevaron a los miembros del ELN a este lugar. Esta actitud, junto con la decisión de centrar en la Fiscalía el conteo de los asesinatos de líderes sociales asesinados, son una clara muestra de la postura que se tiene frente a la nación cubana. Así pues, la posibilidad de reabrir el diálogo con el grupo insurgente y las víctimas del conflicto (que siguen en aumento con el pasar de los días, resaltado por el abandono estatal en los territorios más vulnerados) parece cada vez más lejana.
