Recién el país conoció el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que se ocupa de describir la situación de derechos humanos en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia en 2017, en particular del primer año de implementación del Acuerdo de Paz.
Comienza el informe destacando que ha habido mucha resistencia a la implementación del Acuerdo en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios públicos. También que otros grupos armados han incursionado en las antiguas zonas de influencia de las Farc-EP.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU expresa igualmente su preocupación por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos.
Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia (13) y Cauca (11). El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales. El 64 por ciento ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto y en zonas con una presencia histórica de las Farc-EP.
Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del Acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral. Esto constituye una nueva tendencia en los móviles de los asesinatos. Antes la mayoría de los defensores de derechos humanos eran asesinados por oponerse a las políticas de gobierno.
Algunos de esos crímenes, especialmente aquellos en antiguas zonas de influencia de las Farc-EP, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población. La oficina considera crucial la identificación y sanción penal de los implicados.
También observó serias deficiencias, como la falta de agua potable, saneamiento y viviendas habitables en las Zonas veredales transitorias de normalización donde se concentraron los combatientes para iniciar el proceso de desmovilización, y que esta situación puede haber llevado a que algunos ex guerrilleros abandonaran estos lugares.
Asiismo observa la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, que la reintegración de excombatientes en las zonas rurales es un gran desafío, debido a la pobreza multidimensional, el difícil acceso a la salud y a la educación, las economías ilícitas y la violencia endémica en el 96 por ciento de las áreas cercanas a las Zonas.
También agrega que los grupos armados ilegales y grupos criminales que han ingresado a las antiguas zonas de influencia de las Farc-EP, han generado violencia en las comunidades rurales, y constituyen una potencial amenaza para los ex miembros de aquellas. Y que existen sectores de la sociedad que se rehúsan a aceptar a los reincorporados de las Farc.
La Oficina refiere el asesinato de al menos 36 ex miembros de Farc en 2017 y se preocupa por los limitados avances en las garantías de seguridad para la participación política de las Farc que están contempladas en el Acuerdo. No ve avances significativos en las transformaciones estructurales necesarias para mitigar el impacto de las organizaciones criminales en la política.
En uno de los apartes del informe, la Oficina manifiesta que según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al 31 de diciembre de 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las Farc-EP (75 niñas y 60 niños). La OACNUDH recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta.
Buena parte del Informe toma como fuente válida de información,
el censo socioeconómico de la Universidad Nacional a las Farc, sobre el terreno;
en esta materia específica, prefiere fuentes indeterminadas
Este último aspecto, ha servido de nuevo para la satanización de las Farc. Buena parte del Informe toma como fuente válida de información, el censo socioeconómico efectuado por la Universidad Nacional a las Farc sobre el terreno. En esta materia específica, el informe prefiere fuentes indeterminadas, apenas un delicioso festín para los grandes medios y nuestros adversarios.
No advierten que el Informe ponga de presente la burla a la Reforma Rural Integral pactada en La Habana, y al plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, razones de fondo de la grave crisis socioeconómica que vive el país en extensas áreas. Ni la manera como trituraron la JEP al implementarla. Lo más importante es que las FARC sacaron niños trampeando.
Aunque no exista la menor prueba al respecto. Como con el escándalo de los testaferros y luego el de los dineros recibidos el viernes en la noche antes de las elecciones. Miseria moral que cobra a los rebeldes su cincuentenaria lucha contra un sistema que explota y prostituye la infancia más desvalida, una ínfima parte de la cual, por obvias razones, se sumó un día a las guerrillas.
La OACNUDH recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta .Foto: Archivo Vanguardis Liberal
