El exrepresentante del Polo Democrático Alirio Uribe llegó al búnker de la Fiscalía el pasado 24 de enero acompañado solo de su jefe de prensa Adriana Cuellar. Caminó hasta la Ventanilla Única, donde los abogados radican demandas y denuncias, y dejó un sobre de manila que contenía seis hojas: la denuncia penal contra la entonces precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez.
El 29 de noviembre del 2017 la actual Vicepresidenta de la República de Colombia se había sentado en el set de Canal Capital con una chaqueta de cuero sobre una blusa blanca y cuando le llegó el turno en el programa Bogotá Opina. El moderador Yesid Lancheros, director del programa, le dio la palabra a Ramírez: "Respóndale a Alirio Uribe y a Ángela María Robledo, duros críticos constantes suyos.” La actual vicepresidenta, con la locuacidad que la caracteriza, se desbocó: “Yo le diría al señor Alirio Uribe que mientras él estaba en la guerrilla, mientras él estaba atentando contra esta democracia, mientras él estaba empuñando un fusil contra esta institucionalidad, yo he estado siempre trabajando desde esa institucionalidad para hacer cambios."
Y completó con mayor agresividad: “Lo cierto es que al final del gobierno Uribe los secuestros estaba alrededor de 300 y pico al año después que venían de 3000 al año que era la actividad a la que se dedicaba gente como Alirio Uribe.” El exrepresentante tomó nota.
La disputa entre estos dos políticos viene de años atrás. Desde el 2009 Marta Lucía Ramírez señalo en distintas entrevistas, debates y publicaciones en Twitter a Alirio Uribe como integrante de las Farc. El exrepresentante se limitó a confrontarla en redes y pedirle pruebas a punta de trinos. Aparentemente las cosas no fueron a mayores y continuó un trato cordial.
Pero hay un antecedente más complicado. En el 2002, 2003 y 2004, Alirio Uribe - que entonces era el director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - estuvo en la mira del G3 uno de los grupos de inteligencia del DAS. A su casa se le metieron con llaves falsas y revisaron todos sus cajones, le interceptaron el teléfono y hasta tenían fotocopias de la agenda escolar del hijo de 8 años. Frente a su apartamento los agentes del DAS alquilaron un apartamento para espiarlo, desde donde anotaban en una minuta detalles de todos sus movimientos.
Las actividades de los abogados del Colectivo eran objetos de seguimiento incluso con apoyo de los ministerios de defensa de otros países de Latinoamérica, información que le suministraban al gobierno Uribe. De ahí los reparos y la desconfianza de Alirio Uribe frente a Ramírez, quien tuvo el mismo cargo de quienes ordenaron seguirlo en el exterior, que llegó a los límites en el programa radial. El abogado Uribe resolvió irse a los tribunales el primer mes del 2018.
Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/3cfcRVFPVg
— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 7 de agosto de 2018
Ramírez quiso matar el problema de raíz y se le adelantó al fallo de la justicia. Ningún político elegido por votación popular puede tener una condena penal, y la denuncia que Alirio Uribe podía fácilmente prosperar y Marta Lucía Ramirez lo sabía y decidió retractarse de manera voluntaria un día antes de su posesión.
El afán proactivo de Martha Lucía Ramirez no tranquilizó a Alirio Uribe. El exrepresentante mantiene en pie la denuncia penal. El argumento es que una retractación tiene que ser consensuada, y como él y la vicepresidenta no han tenido un solo contacto - ni siquiera en las dos audiencias de conciliación a las que no asistió Ramírez ni sus abogados -; entonces no alcanzó a vislumbrar el promisorio escenario de poder que tenía por delante.
