El desasosiego en la Corte Suprema de Justicia debió ser inmenso tras la renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado. Tanto así que, en vez de decidir sobre la competencia de la corte para seguir adelante con el proceso del expresidente, generó un auto de más de 150 páginas en menos de 24 horas para llamarlo a versión libre por la masacre del Aro.
No creo que la velocidad inusitada de la corte para atender los asuntos judiciales del expresidente Uribe sea una coincidencia o una característica de una justicia robusta e independiente como la destacan Uprimny y Vivanco. Sin embargo, para el pesar de la corte y sus áulicos, la propia jurisprudencia juega en contra. Los hechos por los que privaron a Uribe de la libertad nada tienen que ver con sus funciones como senador y así las cosas la corte no tendría más remedio que pasar el caso a manos de la Fiscalía General de la Nación.
Los magistrados, que por meses fueron céleres para interceptar ilegalmente a Uribe (a pesar de las advertencias de los peritos del CTI), dar entrevistas por doquier y filtrar el expediente a cuentagotas para condenarlo en los medios, estarán quizá barajando sus opciones ante el casi inminente traslado del proceso a la Fiscalía.
Y es que allí, a diferencia de la corte, Uribe gozaría de todas las garantías que los magistrados, motivados quizá por su antiuribismo recalcitrante, le han negado a Uribe, a pesar de haber atendido sin falta a todos sus requerimientos, olvidando que a él, como a todos los colombianos, le asisten también todas las garantías constitucionales.
Quizá el miedo de la corte sea ese: que la Fiscalía General de la Nación deje en evidencia el actuar de los magistrados, que a mi parecer sería ilegal. Las chuzadas, las sendas advertencias del magistrado Reyes a Cepeda por haber destruido material probatorio importante para el proceso al borrar los chats que sostenía con Monsalve, la renuencia de la corte de incorporar el testimonio del Tuso al expediente o los privilegios otorgados a Monsalve son hechos que sin duda pondrían en aprietos judiciales a más de un magistrado y de paso a Iván Cepeda, a quien sus visitas a cárceles en Estados Unidos, la cercanía con Monsalve, su propio prontuario como alfil de las Farc y su papel en la fuga de Santrich podrían traerle consecuencias insospechadas. Seguramente la justicia norteamericana ya lo tiene entre ojos.
El país merece conocer la verdad completa, no la versión de Cepeda o la de los magistrados motivados por las candelas antiuribistas que bien ha sabido atizar la oposición. Lamentablemente, la corte ha dejado en evidencia que su motivación no es impartir justicia sino dictar sentencia a cualquier costo. Quizá una vez el caso quede en manos de la Fiscalía el país podrá conocer por fin el verdadero rostro de la Corte Suprema de Justicia. Hasta Uprimny y Vivanco quedarán sorprendidos.
