Las autoras son investigadoras del proyecto One Amazon: A One Health assessment of emerging epidemic threats and resilience among Amazonian indigenous peoples, in the light of responses to the COVID-19 pandemic.
En el contexto de la emergencia nacional por violencias basadas en género, de una permanente agudización de la violencia armada a nivel nacional y a pocos días de cerrar el año con más casos de feminicidios desde que se tiene registro en el país, es crucial que las autoridades nacionales y departamentales generen medidas que atiendan de forma efectiva a este escenario, lo que implica respuestas adecuadas a las Violencias Basadas en Género (VBG) y transformaciones significativas de las estructuras sociales que posibilitan su ocurrencia.
Este contexto representa retos particulares para departamentos como el Caquetá, donde confluyen factores como un amplio territorio rural, la presencia de distintos grupos armados y una posición periférica respecto de la centralidad del país, que ponen a las mujeres que lo habitan en una situación de vulnerabilidad especial ante las VBG. Esta situación evidencia las amenazas contra la vida de las mujeres que ejercen liderazgos sociales, como el caso Sandra Milena Martínez, una lideresa social del departamento, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de noviembre mientras se dirigía a una reunión en el municipio de Paujil.
En este sentido, un instrumento fundamental para atender a estas particularidades departamentales es el Plan de Desarrollo Departamental “Obras y no promesas” 2024 – 2027 y su abordaje de las VBG, cuya efectividad depende de su armonización con las disposiciones nacionales de política pública sobre el tema y su capacidad de recoger las particularidades del contexto departamental. En términos generales, la comprensión de las VBG y las acciones propuestas respecto de dichas violencias dentro del plan están alineadas con la visión nacional, establecida en instrumentos de política pública como la ley 1257 de 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo actual, a la vez que contempla factores del contexto departamental relevantes para comprender las VBG y trabajar por su superación.
En este sentido, el plan contiene una visión de las VBG que reconoce su dimensión directa y su dimensión estructural, a la vez que afirma que las violencias afectan de forma diferenciada a las mujeres, de acuerdo a factores como la ubicación geográfica, el nivel de ingresos y la identidad cultural, y que estas han tenido lugar en el contexto del conflicto armado, el cual ha tenido un impacto diferencial sobre las mujeres.
En coherencia con este escenario, el plan entiende las VBG como problemática de gravedad que exige acciones integrales, concretas y coordinadas entre actores gubernamentales y de la sociedad civil, que incluyan medidas que busquen reducir la violencia directa contra las mujeres y que fortalezcan su capacidad para acceder a recursos económicos, educativos y de salud, a la vez que promuevan su participación activa en los procesos de toma de decisiones.
En consecuencia, plantea acciones en estas dos vías, lo que se encuentra alineado con la integralidad contemplada en la Ley 1257 de 2008, que establece la necesidad de acciones concretas y coordinadas de prevención y atención y la promoción del empoderamiento económico y la participación política de las mujeres. En este sentido, también se alinea con lo propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo actual, que tiene una visión que comparte esta integralidad.
A pesar de lo anterior, existen algunos elementos de estas políticas y de la realidad del contexto departamental que no son tenidos en cuenta en el plan y que son relevantes para una adecuada respuesta al escenario de VBG departamental. Respecto de la lectura del contexto, el documento establece la necesidad de generar distintas estrategias de fortalecimiento institucional respecto a la denuncia, atención y acceso a la justicia, sin embargo, el diagnóstico no específica las falencias que existen actualmente a nivel institucional para que estos procesos se den de manera efectiva.
Adicionalmente, en esta misma sección, se muestra el total de hechos de VBG ocurridas en cada municipio, lo que refleja mayor ocurrencia de hechos en los municipios con mayor población, si bien el documento reconoce esta relación entre total de hechos y total de la población, esta forma de presentar la información puede llevar a centrar las acciones en los municipios con mayor población, descuidando los municipios más pequeños, caracterizados por una mayor debilidad institucional.
En cuanto a la armonización entre las acciones propuestas en el plan y los instrumentos de política pública nacional, el primero no hace alusión a la declaratoria de emergencia por violencia de género, establecida en la ley 2294 de 2023, lo que hace que se pierda la oportunidad de articular las acciones locales con los recientes avances legislativos nacionales.
En consecuencia, las acciones dirigidas a atender de forma integral la violencia contra las mujeres pueden carecer del enfoque de urgencia y prioridad que dicha ley exige y que el contexto actual demanda, disminuyendo la efectividad de las estrategias propuestas. Adicionalmente, no se tiene en cuenta el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género -VBG, creado mediante la misma ley, que busca operativizar, monitorear y hacer un seguimiento a las rutas aplicadas a cada caso de VBG, para lo cual, asigna un lugar central a los Comités Territoriales del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género en su ejecución y territorialización.
Sobre las acciones que el plan establece para dar respuesta a las VBG en el departamento, en términos generales, muchas de estas carecen de concreción, yendo en contravía con lo establecido en la ley 1257 del 2008 y dejando grandes vacíos sobre el contenido de las mismas, y, en consecuencia, sobre su pertinencia.
Adicionalmente, los indicadores y actividades propuestos para enfrentar las VBG incluyen una serie de convenciones que indican la transversalización de distintos actores y sectores, con lo que se indica la consideración y la inclusión de sus necesidades. A pesar de lo anterior, ninguna de estas convenciones hace referencia a las mujeres y los territorios rurales, y solo dos de las acciones mencionan explícitamente a las primeras, lo que deja vacíos sobre el cubrimiento territorial de las acciones del plan y la inclusión y representación de las mujeres rurales.
En cuanto a las medidas encaminadas al cierre de brechas económicas con las que se busca enfrentar las VBG, estas comprenden fortalecimiento de emprendimientos, formación para el trabajo y el emprendimiento y apoyo en habilidades empresariales y técnicas para organizaciones productivas, sin mencionar acciones de apoyo y garantía para comercialización de los bienes y servicios producidos, lo cual resulta problemático, puesto que esta es una de las barreras que las mujeres encuentran para desarrollar sus emprendimientos e iniciativas productivas.
Así mismo, estas medidas desconocen el énfasis propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, que posiciona a las mujeres como protagonistas de la transformación productiva hacia una economía sostenible en términos medioambientales, énfasis que resulta sumamente pertinente en un departamento estratégico para el cuidado del medio ambiente como el Caquetá.
Ambos elementos, el apoyo a la comercialización y la transformación productiva hacia una economía sostenible, son mencionadas como parte de las acciones propuestas en otros apartados del plan diferentes a la dimensión sobre mujer y género, los cuales están acompañados por una convención que indica que se incluirán las necesidades de las mujeres en estas acciones, sin embargo, estos apartados no aportan más elementos que den cuenta de un abordaje que vaya más allá de enunciar las necesidades de las mujeres en abstracto, para abordar dichas acciones desde el enfoque de género.
En relación con esto, el plan reconoce que una de las poblaciones más vulnerables en el contexto del post acuerdo son las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen liderazgos sociales, incluyendo las mujeres que se dedican a estas labores. En esa medida, en los indicadores referentes a las acciones para la protección de estas personas, que se encuentran en una dimensión distinta a aquella que se enfoca específicamente en las mujeres, se incluye la convención mencionada sobre las necesidades de esta población, sin embargo, nuevamente, estas acciones no tienen referencias a cómo se materializará el enfoque de género en su implementación.
Todo lo anterior muestra que, si bien, el plan contiene medidas que avanzan hacia la integralidad del trabajo por la eliminación de las VBG, la forma en que están formuladas las acciones a llevar a cabo no garantizan que, al momento de su implementación, estas cubran de forma equitativa las zonas urbanas y las rurales, de acuerdo a sus características diferenciadas.
Así mismo, es importante que aquellas acciones en las que se indica la transversalización de las necesidades de las mujeres, sin especificar la forma en que esto se materializará, integren realmente un enfoque de género en su implementación. Además, es relevante que las autoridades departamentales busquen articular con la política nacional, conforme esta vaya avanzando, como forma de dar a las acciones adelantadas el carácter de urgencia que exige el contexto actual y de fortalecer el funcionamiento institucional que respecta a estas acciones.
Finalmente, es fundamental que las mujeres y organizaciones que trabajan con el objetivo de erradicar las VBG, puedan articular de forma amplia y democrática con instancias como el Comité Intersectorial Departamental para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y hacer veeduría de la ejecución del plan de desarrollo, especialmente de su alineación con la política pública nacional y con las realidades territoriales y poblacionales del departamento.
Asímismo, es importante cerrar esta reflexión, sumando al llamado que han hecho la familia de Sandra Milena Matínez y diferentes organizaciones, para que las autoridades departamentales y nacionales multipliquen sus esfuerzos para encontrarla y garantizar su regreso a casa sana y salva, articulando este llamado a la necesidad de garantizar el enfoque de género en las medidas departamentales encaminadas a proteger los liderazgos de las mujeres que, como el de ella, día a día aportan su valioso trabajo para convertir al Caquetá en un territorio donde las mujeres y el conjunto de su población podamos vivir por fin una vida libre de violencias.
También le puede interesar: La traición del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas
