Un nuevo fallo judicial da un ultimato al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo De Luque, para que acate la reiterada orden de suspender a Moisés Orozco y Álvaro Gustavo Rosado quienes ocupan las dos curules reservadas para los afros en el Congreso. Esta vez la orden la emite el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá al resolver una tutela interpuesta por el movimiento Poder Ciudadano ante el desacato de fallos previos en este mismo sentido. El fallo del tribunal disciplinario está fechado el pasado 29 de junio y da un plazo máximo de 10 días para su cumplimiento.
La historia de la disputa por estas dos curules la contó Las2Orillas en abril pasado. Desde entonces el representante De Luque se mostraba renuente a apartar de sus curules a Orozco y Rosado, quienes, según demandó Poder Ciudadano, no son representantes legítimos de las negritudes y llegaron a las curules como cuota de Yair Acuña, entonces presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara.
Este fue el texto que reveló las intrigas detrás de las dos curules reservadas para garantizar la representación de los Afro en el Congreso:
Yahir Acuña, desde su apartamento en las torres de Bavaria de la calle 32 con 13, fue quien se ideó la movida para hacerse a las dos curules de los afrodescendientes. Entonces era representante a la Cámara y todo ocurrió en la víspera de las elecciones del 9 de Marzo de 2014. Esta es la versión, bajo juramento, que dio Heriberto Arrechea Banguera, del movimiento político “Mío”.
A la reunión asistieron reconocidos activistas de las comunidades afro y algunos funcionarios del Ministerio del interior. Arrechea, quien para ese momento ya tenía aspiraciones políticas da fe de haber escuchado a Yahir Acuña ordenándole a Carlos Alexander Mosquera, un funcionario del Ministerio del Interior, incluir en la lista de miembros de una fundación Funeco, controlada por él, a María del Socorro Bustamante, Moisés Orozco Vicuña y a Álvaro Rosado Aragón. Todos amigos suyos.
Eran las épocas en que Acuña mandaba y se hacía sentir en el gobierno, poniendo por delante su poder como presidente de la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
Los nombres de Bustamante, Orozco y Rosado, aparecieron como miembros de Funeco en la certificación expedida el 18 de diciembre del mismo año por Liliana Mera Abadía, directora para Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Este documento fue la base que sirvió para inscribir a los tres amigos de Acuña que nada tenían que ver con el movimiento de negritudes y que fueron certificados por la representante legal de Funeco, Érica Marina Hurtado Zabala, para inscribir como candidatos a quienes se quedarían con las curules sin tener ningún vínculo con las negritudes, de acuerdo a lo narrado en la acusación. Ambas mujeres, Mera y Hurtado están siendo procesadas por falsedad y fraude procesal. El caso lo tiene la Fiscal delegada ante la Corte, la doctora María Victoria Parra.
Un grupo de dirigentes políticos con claro arraigo entre las negritudes como Piedad Córdoba, Luis Ernesto Olave y la ex reina Vanessa Mendoza, instauraron una tutela que terminó fallada favorablemente por el Consejo Superior de la Judicatura con la que ordena, desde 2014 el retiro de las curules a Moisés Orozco y Álvaro Rosado –reemplazo por fallecimiento de María del Socorro Bustamante–. Este fallo de tutela fue revisado por la Corte Constitucional que consideró que los actuales representantes, habían accedido a las curules de forma ilegítima y que no representaban a las comunidades negras. Adicionalmente, en abril de este año, el Consejo de Estado revocó la posesión de Álvaro Gustavo Aragón y la fiscalía sustentó con más de 300 pruebas, las supuestas irregularidades por los cuales acusó a las implicadas del Ministerio del Interior.
El llamado a actuar y proceder a retirar las curules de Orozco y Rosado es el Presidente de la Cámara, Alfredo De Luque. Sin embargo él tiene el siguiente argumento para no haber procedido:
“De acuerdo con la sentencia T-294 de 28 de junio de 1994 emitida por la corte constitucional, un acta de posesión es un acto administrativo válido, que debe cumplirse. Por consiguiente, se viola un derecho adquirido al posesionado si se le entraba el ejercicio de su cargo, sin previa decisión judicial, además esto desconoce el debido proceso administrativo, máxime cuando no hubo consentimiento expreso del afectado.... Esto significa que los actos de posesión no pueden ser revocados si no por acción de nulidad ante lo contencioso administrativo.
La tutela, en segunda instancia revoca la orden de posesión, más no el acto administrativo como tal. Hemos pedido, a través de la secretaria general, aclaración de los efectos del fallo de revocatoria a la sección primera del consejo de estado y aún no han respondido. Estamos esperando que lo hagan”. .
Los militantes de Poder Ciudadano, el grupo político liderado por la ex senadora Piedad Córdoba, no se han quedado quietos y siguen dando la pelea para recuperar las dos curules. Heriberto Arrechea, quien denunció ante la Corte Internacional en Washington amenazas en su contra con su sufragios que vaticinan la muerte de sus colaboradores más cercanos y de su familia, se unió a Juan Luis Castro Córdoba, hijo de la exsenadora y a Marco Aurelio Becerra Pinilla, publicista perteneciente a la comunidad afro y con el reconocido cantante urbano del pacifico “Junior Jai”, militantes del movimiento Poder Ciudadano, para buscar la agrupación de reconocidos líderes de las comunidades afros y palenquearas en torno a una causa conjunta: Recuperar la participación política a la que tenían derecho los afrodescendientes. Por el momento el Presidente de la Cámara, Alfredo De Luque, tiene la palabra, aunque ha dicho que no tomará decisiones para solicitar el retiro de los representantes Orozco y Rosado, a pesar de las órdenes de las altas cortes.
