En 2011, después de 35 años en proceso de insolvencia con la Superintendencia de Sociedades, la minera Frontino Gold Mines Limited que se dedicaba a sacar oro de las minas de Segovia, Antioquia, llegó a su fin. Sin embargo, aún trece años después se sigue hablando de ella, aunque no por buenas razones, sino por presuntos vínculos con el paramilitarismo y una promesa incumplida con sus trabajadores y pensionados.
Cuando la gringa American Internacional Gold Mines decidió vender a Frontino a finales de los 70s les dejó a ellos la empresa, algo que nunca se efectuó. Justamente fue esto lo que, tras ires y venires, llevó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Petroquímica Agrocombustible y Energética (Sintraminergetica) a demandar al estado y particularmente a la Superintendencia de Sociedades, que en ese momento tenía a Luis Guillermo Vélez Cabrera a la cabeza, reclamando una reparación económica que ascendía a los $97 billones.
¿Qué pasó?
Ahí tuvo que entrar la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), entidad que actualmente es protagonista de casos mediáticos como el de los pasaportes o el del mar con Nicaragua y que terminó ganando a los sindicalistas. Primero con un fallo inicial del Tribunal Administrativo de Antioquia y ahora con uno confirmatorio de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
El fallo que salva al Estado de pagar esa millonada no indica que no haya habido irregularidades en el proceso de liquidación de Frontino, proceso que pasó primero por un concordato que buscaba crear un fondo de pensiones para los trabajadores y que tuvo en medio una venta a la minera Zandor Capital. En lugar de eso, lo que aseguraron fue que el sindicato minero Sintraminergetica no contaba con la potestad para representar los intereses de los trabajadores y pensionados de la minera, ya que se trataba de daños individuales a personas que no autorizaron al sindicato para obrar por ellos.
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