Tras dos décadas de batalla judicial, la familia Carrizosa, accionista mayoritaria de Granahorrar perdió la demanda en la que reclamaba al Estado colombiano una indemnización de USD 40 millones ($146.600 millones). Con la derrota, los Carrizosa deberán saldar ahora un millón de dólares ($3.608 millones) al Estado por costos de arbitraje y gastos de representación legal.
El pleito se remonta a 1998 cuando en plena crisis económica durante el gobierno de Andrés Pastrana, la Superintendencia Bancaria y Fogafin ordenó la capitalización de Granahorrar al igual que la reducción del valor de sus acciones. Aunque la capitalización nunca se dio, la Superintendencia tomó el control de Granahorrar algo que resultó inadmisible para los Carrizosa que llevaron el caso a los tribunales nacionales. En el 2005, Granahorrar terminó siendo comprada por BBVA.
Aunque en el 2007, el Consejo de Estado falló a favor de los Carrizosa y ordenó al Estado pagarle $ 227 mil millones, Fogafín y la Superintendencia apelaron. El caso escaló a tribunal arbitral internacional en el que la familia Carrizosa, desde 2018 aspiraba a resolver el litigio. La reclamación finalera por USD 40 millones. Después de dos años, el tribunal le dio la razón a Estado colombiano que estaba representado por Camilo Gómez como cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
