La reunión del Grupo de Lima, concluida este pasado lunes 25 de febrero en Bogotá, no aprobó la propuesta del vicepresidente Mike Pence de autorizar el uso de una fuerza de intervención militar en contra de Venezuela, propuesta que resultaba para Estados Unidos estratégica, porque que debía ser llevada el 26 de febrero al Consejo de Seguridad de la ONU, como aspiraban el señor Pence, el presidente Duque y Luis Almagro. Sin embargo, con este fracaso seguramente plagarán de mentiras el recinto del Consejo de Seguridad, como lo que han venido haciendo al acusar al presidente Maduro de disparar sobre los “pacíficos” venezolanos que fueron a recibir la ayuda, cuando la realidad fue otra. Los que desde territorio colombiano atacaron a la Guardia Nacional bolivariana fueron los que con la complicidad e impunidad más descarada lanzaron cócteles molotov contra los dos camiones incendiados y fueron ellos los que atacaron con esas bombas incendiarias a la Policía y Guardia Nacional todo filmado y documentado.
No obstante la derrota sufrida en el seno de sus propios aliados, Estados Unidos insiste en considerar el tema en el Consejo de Seguridad, porque busca legalizar su objetivo: atacar militarmente a Venezuela y ocupar dicho país para robarse sus riquezas. Obviamente en ese escenario de carácter mundial, la respuesta será no y ellos lo saben, porque de los cinco miembros permanentes con derecho al veto, hay dos países Rusia y China que seguramente ejercerán su voto negativo.
La estrategia yanqui de presentar el caso de Venezuela en el Consejo de Seguridad es más de carácter mediático, pues de antemano saben que no prosperará. su interés es crear la imagen que Venezuela es un peligro para la paz mundial y tratar de lograr respaldo de gobiernos en otras latitudes y justificar la intervención.
No se puede olvidar que en el 2003 el Secretario de Estado Colin Powell, presentó en el Consejo de Seguridad supuestas evidencias de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, todo falso. Irak fue destruido y asesinados cerca de un millón de sus ciudadanos, Estado Unidos se apoderó de los yacimientos petroleros y las empresas que empezaron a explotarlos pertenecían al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.
El show mediático orquestado por Estados Unidos y el presidente Duque en Bogotá con el coro del Grupo de Lima es grande, lo paradójico es que su director el uruguayo Luis Almagro, cuya función en la OEA se supone sea la de mantener la paz y las buenas relaciones entre los Estados miembros, ha abrazado la bandera de la guerra y la intervención militar. Contradictoriamente, Bogotá es la peor sede escogida y el gobierno anfitrión está acusado de graves violaciones de derechos humanos, en los siete meses de gestión desde que asumió la presidencia Iván Duque: más de 125 líderes sociales han sido asesinados impunemente por los paramilitares y su gobierno no ha detenido a un solo criminal y llevado ante los tribunales.
La represión por el llamado cuerpo de la Policía Nacional, llamado Esmad, continúa contra los estudiantes, indígenas, afrodescendientes y pueblo en general para acallar las protestas por los graves problemas sociales que tienen que afrontar, mientras que el ministro de Defensa, está presentando una ley que ilegalice la protesta social.
Colombia presenta los índices más altos de violación de derechos humanos desde hace muchos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA los ha condenado por el genocidio de la Unión Patriótica y actualmente la Corte Penal Internacional aguarda que la Fiscalía entregue la información de las graves acusaciones que tienen altos jefes militares y civiles sobre el asesinato de más de 3000 jóvenes en el conocido caso de los falsos-positivos. Sobre todos estos graves delitos y hechos, el señor Luis Almagro nunca se ha pronunciado, como tampoco lo hace con lo que actualmente está aconteciendo en violaciones de derechos humanos y graves ataques contra sus pueblos en Honduras, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Guatemala, todo ellos son los que conforman el Grupo de Lima.
Violando toda norma del derecho internacional, pisoteando la Carta de la OEA y de la ONU, es este Grupo de Lima orientado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y dirigido por el uruguayo Luis Almagro el que ejecuta acciones ilegítimas contra Venezuela y usurpa el papel de la OEA, organización que desde hace muchos años se ha plegado a las directrices que orienta el gobierno de los Estados Unidos y es precisamente lo que está sucediendo contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que al parecer no han considerado estos Estados que forman parte del Grupo de Lima, que si mañana piensan diferente a los deseos de Estados Unidos, pueden ser ellos víctima de esta política imperial, como le sucedió a Panamá, cuando el general Manuel Antonio Noriega se negó a apoyar a Estados Unidos en su guerra contra el gobierno sandinista y esta fue invadida causando desolación y miles de muertes.
Resulta seriamente preocupante que tanto el presidente de Estados Unidos como sus más cercanos colaboradores continúen afirmando que todas las opciones están sobre la mesa, es una peligrosa amenaza al uso de la fuerza, a pesar de que la comunidad internacional se niegue a que se produzca una intervención militar y en su gran mayoría de los países miembros de la ONU reconoce como legítimo presidente de Venezuela a Nicolás Maduro y plantea que la salida a la crisis que artificialmente ha creado Estados Unidos en Venezuela y que cualquier controversia de carácter política debe ser resuelta por la vía del diálogo.
Hoy los pueblo del mundo deben movilizarse y rechazar cualquier aventura militar o uso de la fuerza contra Venezuela. El pueblo venezolano está demostrando su valentía y dignidad frente a las amenazas del imperialismo yanqui y a la minoritaria, traidora y vendida oposición venezolana al oro gringo, cuyo ridículo hemos presenciado con este último show de la supuesta entrega de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana. A esta acción violenta y violatoria del derecho internacional se prestaron los mandatarios de Chile y Paraguay, que encabezados por el presidente colombiano Iván Duque, llamaron al derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual es una violación a la Carta de la ONU y de la OEA.
