Invocando el numeral 24 del artículo 34 del Código Único Disciplinario, el alcalde Óscar Escobar denunció ante los órganos de control nacionales las transferencias de recursos públicos que miembros del gabinete del exalcalde Jairo Ortega Samboní habrían recibidio bajo su mandato en el periodo pasado.
De acuerdo a las pruebas presentadas por Óscar Escobar, $2.400.000.000 habrían sido transferidos irregularmente a las cuentas bancarias personales de varios de los servidores públicos del nivel directivo de la administración municipal anterior.
Esta sospechosa actuación se habría llevado a cabo sistemáticamente durante los cuatro años de gobierno de Ortega Samboní, quien mediante el Decreto 351 de 2017 se habría autorizado a sí mismo ejecutar esta práctica ilegal, desconociendo el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), que obliga a todas las entidades públicas a adquirir los bienes y servicios que requieran mediante contratos de cuantías menores y licitaciones públicas.
Para tratar de evadir los principios de transparencia y libre concurrencia, el exmandatario habría creado un procedimiento que le permitía no adelantar los necesarios procesos de contratación. De esta forma habrían surgido y autorizado los denominados “anticipos de gasto”, que era el dinero que a cada ordenador del gasto le giraban a su cuenta bancaria personal para que cubriera las necesidades de su dependencia.
Fue bajo este procedimiento que en 2016 el exmandatario Ortega Samboní habría autorizado la transferencia de $524.110.932 a varios miembros de su gabinete. Fabio Mejía Velasco, por ejemplo, secretario de Gobierno en esa época, se habría beneficiado de 27 “anticipos de gasto”, que juntos sumaron $150.000.000.
Por otro lado, en 2017 se hicieron 120 transferencias por un valor total de $550.379.639. Ese año el funcionario que más recursos públicos habría recibido en su cuenta bancaria fue Carlos Alberto Zapata Castaño, el exsecretario de Seguridad que no quería entregar su cargo, a quien le giraron $130.500.000 desde la alcaldía de Palmira.
Continuando con la misma metodología, en 2018 el exalcalde por el partido de la U habría entregado $757.210.459, la cifra más alta de sus años al mando de la ciudad. Nuevamente Mejía Velasco habría sido el más beneficiado, con $113.021.470, seguido de Fernando Ríos Hernández, secretario de Educación en ese entonces, con $113.000.000.
Finalmente ,y en su último año de gobierno, Ortega Samboní habriá avalado la consignación de $629.937.840, que habrían sido distribuidos entre 17 de sus funcionarios de mayor rango.
Cabe resaltar que dichos “anticipos de gasto”, según el decreto que los avalaba, se entregaban por adelantado cuando “por la ubicación del proveedor en cuestión no se podía efectuar el pago mediante una orden contractual” y que si a algún ordenador del gasto le sobraba dinero debía reintegrarlo a la Tesorería. Sin embargo, hasta donde se conoce, ningún funcionario devolvió nunca nada.
Óscar Escobar cuestionó esta práctica ilegal: “Se saltaron la ley muchas veces: el exalcalde definía el valor de los denominados ‘anticipos’, calculando cuánto podía necesitar el funcionario en cuestión para comprar lo que necesitaba; para realizarlas,depositaban dinero público directamente en suscuentas personales y ellos mismos, a dedo, eran los encargados de hacer esas compras. Como no había contratos, no se hacía selección objetiva del proveedor, ni estudio del mercado, ni análisis de precios, era a dedo. Además, el procedimiento establecía que si quedaba algún recurso, debían devolvérselo a la Alcaldía de Palmira, cosa que nunca sucedió”.
Esta denuncia, con sus respectivos soportes jurídicos, ya fue radicada ante los organismos de control nacionales, ya que los del orden municipal parecen no ser confiables, tal y como lo ha venido advirtiendo el alcalde de los palmiranos: “Los organismos de control municipales no brindan ninguna garantía; dejaron pasar esta práctica irregular durante años, sin siquiera decir nada”.
