El artículo veintinueve de la constitución política de Colombia se refiere al debido proceso, en él se indica de forma explícita “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. A pesar de ello, en los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días este apartado ha sido omitido por diversos sectores políticos, empezando por el presidente de la República, quien da la impresión de no saber comportarse de la manera que su cargo demanda y más grave aún, parece desconocer que fue elegido para cumplir y acatar la constitución, la cual señala en su artículo primero “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". Al desconocer este artículo y actuar en detrimento del mismo, el presidente está resquebrajando el principio democrático de Colombia.
Frente a esto, es preciso recordar, que desde el momento en el que el candidato del Centro Democrático ganó las elecciones, se evidenció que existía una distancia ideológica y jurídica entre las altas cortes y el nuevo presidente, el paso del tiempo no ha hecho más que confirmar lo anterior. En apariencia, es decir, en sus discursos públicos, el presidente Duque sostiene que respeta la división de poderes y su independencia, sin embargo, sus acciones resultan contradictorias con sus declaraciones ya que en varios casos han cuestionado o criticado las decisiones del poder judicial. Basta recordar, su defensa del expresidente Uribe, su mentor político y artífice de su presidencia, cuando fue llamado a rendir indagatoria en el proceso que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda. Unas declaraciones fuera de lugar en un presidente que ha jurado respetar la independencia de la rama judicial. Posteriormente, en un acto de abierto desacato e irrespeto, objetó seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, que la Corte Constitucional ya había estudiado a fondo durante un año. Ese gesto de desprecio y arrogancia, puso en riesgo lo poco que se ha avanzado en la implementación del Acuerdo de Paz, hizo que el poder legislativo perdiera tiempo en atender algo que ya estaba resuelto, descuidando otros asuntos vitales para el país y puso en jaque la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional.
Una vez hundidas las objeciones, en parte por el accionar de partidos políticos, que en principio le habían prometido lealtad, el gobierno Duque vuelve a cuestionar a la rama judicial con el desgastante caso Santrich. Una vez más, las declaraciones del presidente resultan desacertadas e improcedentes, ya que, por una parte, insiste en sentenciar, sin recurso de defensa o juicio a un sindicado, violentando con ello el debido proceso, la división de poderes y el estado social de derecho y, por otra parte, omite en sus declaraciones señalar que la decisión de extradición se encuentra en revisión, en la segunda instancia de la JEP, la cual, ha sido designada para llevar a cabo este proceso, dado que el acusado era miembro de la guerrilla de las Farc, con quienes se suscribió el acuerdo. Así mismo, no manifiesta el presidente que el Consejo de Estado, revisó el estatus de congresista de señor Santrich y determinó en dos instancias que podía mantener su investidura como representante a la Cámara. Igualmente, se abstiene de referirse a que la Sala Penal de la Corte Suprema asumió la investigación a Santrich por los hechos de los que se le acusa por parte de la Fiscalía General de la Nación y optó por concederle la libertad mientras es llamado a rendir indagatoria. En esa medida y contrario a lo que las declaraciones incendiarias e irresponsables del presidente manifiestan, la justicia sí está obrando según lo estipulado por la ley, es decir, sí está haciendo su trabajo.
Lo que pretende el uribismo, con su presidente
es que quienes estuvieron orquestando desde las sombras el conflicto,
no respondan ante la JEP por sus delitos
Que ese trabajo no complazca o se alinee los intereses del gobierno, no justifica que la Casa de Nariño lo descalifique, lo cuestione ética y moralmente con el propósito de ganar réditos electorales que tienen como fin imponer su agenda ideológica a punta de manipular a la ciudadanía a través de su bien orquestado aparato mediático, el cual, ya se sabe han usado de forma eficaz en las elecciones pasadas y antes en el plebiscito por la paz. Cómo no recordar la entrevista que otorgó el gerente de esa campaña, Juan Carlos Vélez al diario La República en la cual confesaba sin sonrojo cómo habían manipulado a la gente para que votara contra sí misma. De tal manera que, la actuación del presidente Duque no es producto del descuido o por falta de madurez, es una actuación deliberada que tiene como fin generar en la opinión pública descontento con la rama judicial a punta de mentiras, para así justificar acciones que vayan en su desfavor. Porque seamos claros, lo que pretende el uribismo, con su presidente es que quienes estuvieron orquestando desde las sombras el conflicto, los que se lucraron del desangre, los que acumularon tierras robadas con artilugios no respondan ante la JEP por sus delitos. Para eso está el señor Duque en la Casa de Nariño, para eso él, su partido y sus patrocinadores necesitan desconocer, el Acuerdo de Paz, así como los principios democráticos de la carta del 91, como el debido proceso, el Estado social de derecho y la división de los poderes, entre otros. Es por eso que hay que defender la independencia de las cortes y la constitución, porque son el pilar sobre el que se sostiene el verdadero principio democrático.
