El coronavirus es traumático porque nos obligó a asumir repentinamente una nueva perspectiva, donde los valores políticos que se han construido durante siglos se confunden y se reordenan en función de la pandemia y, principalmente, de dos sentimientos colectivos y generalizados: el miedo y la desesperación. Por más que nos protejamos, la zozobra del contagio por medio del contacto con personas queridas es permanente. La desesperación invade, en soledad, a las personas y los hogares que ven fugarse sus ingresos y escaparse sus proyectos.
En este contexto, fácilmente nos venden cualquier paquete como la verdadera panacea, incluso si incluye altísimas dosis de autoritarismo y paliativos económicos que resultarán peores que la enfermedad. Sin darnos cuenta, ya comenzamos a aceptar un entorno hostil, en donde nos percibimos unos a otros como sospechosos de propagar la muerte, y las autoridades públicas y hasta nuestros vecinos limitan nuestras libertades y se entrometen en nuestra privacidad. Las reivindicaciones durante décadas de dignidad, bienestar y autonomía quedaron suspendidas, bajo un velo que las hace ver no solo impertinentes, sino mezquinas.
Este panorama es el caldo de cultivo perfecto para que prospere cualquier demagogia, para que nos endulcen el oído con promesas de prosperidad, cualesquiera que estas sean. Y así se va a cumplir el sueño de sucesivos gobiernos nacionales, el de Santos incluido, de tapizar el país con proyectos mineros, agroindustriales y de fracking. La gravedad de la pandemia y sus consecuencias atravesará el discurso de principio a fin y opacará cualquier reivindicación de participación, diversidad étnica y cultural o de autonomía.
Nuestros gobiernos son expertos en chantajes para sacar adelante sus megaproyectos y poner contra las cuerdas a las poblaciones que se oponen. En los noventa, alinearon a la opinión pública a favor de la represa Urrá con la amenaza de los apagones. 20 años después, el saldo es desolador: al líder indígena Kimy Pernía lo mandaron matar y desaparecer los paramilitares porque se oponía a la represa, el pueblo indígena quedó en una situación dramática de vulnerabilidad y desintegración y la represa fue un fracaso absoluto en términos energéticos. Por esa misma época, inundaron a la opinión pública con mensajes sobre la pérdida de soberanía energética y el fin inminente de las reservas en caso de que los U´wa ganaran su pelea contra el petróleo en su territorio.
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En los noventa, alinearon a la opinión pública a favor de la represa Urrá con la amenaza de los apagones. 20 años después, el saldo es desolador
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Con todo, a nuestros gobernantes nacionales siempre les ha complacido quedar “divinamente” en el ámbito internacional y aprenderse un par de códigos para no disonar. Salvo excepciones muy graves como en Estados Unidos y Brasil, pocos gobernantes tienen el cinismo de retar la ciencia y contradecir las evidencias climáticas que confirman la cercanía actual a puntos de no retorno en donde los ecosistemas pierden la capacidad de recuperarse y los efectos se desencadenan en cascada, incluidas, probablemente, nuevas pandemias. Muy a su estilo solapado, nuestros gobiernos ya han aprendido el léxico que pinta de “verde” o de “sostenible” su modelo de desarrollo y la próxima recuperación económica.
Así como le ponen el apellido “verde” a su modelo depredador, les dicen “científicos” a sus pilotos de fracking, cuando todo su diseño normativo y económico solo apunta a abrirle vía a la explotación comercial. Entre otras, Ecopetrol firmó un Convenio para un piloto con Exxon, la misma empresa que conocía de primera mano, por sus propios científicos, los estragos planetarios de la quema de combustibles fósiles, pero los ocultó durante al menos cinco décadas para continuar su negocio contaminante. Y esta empresa será una de las que nos mostrará los resultados de forma muy transparente de los pilotos de fracking. Pero aquí, hasta ambientalistas y académicos reconocidos se tragan entero el apellido “científico” y no se leen ni las normas domésticas con rigor.
Tal vez les llame más la atención un artículo de la revista Time que tituló en su portada esta semana: “2020 es nuestra última oportunidad, nuestra mejor oportunidad, de salvar el planeta” frente a la crisis climática y mostró cómo la recuperación económica de la situación actual será determinante. La disyuntiva es: tomar la pandemia como una oportunidad histórica y única para girar el timón en una dirección pospetrolera capaz de revertir la crisis climática y ecológica o como pretexto perfecto para profundizarla.
Nuestro gobierno tomará rótulos verdes y científicos para disfrazar la segunda opción. Si no fuera por los movimientos sociales, ya estaría el Magdalena Medio lleno de proyectos comerciales de fracking, la mina La Colosa estaría operando en Cajamarca, Tolima, y tendría licencia ambiental Quebradona en el suroeste antioqueño. También estaría tapizada la Orinoquía de proyectos agroindustriales, el piedemonte caqueteño de explotación petrolera y, en general, más gente despojada de su territorio y los movimientos ambientales e indígenas aún más diezmados. La pandemia, por eso, les cae al gobierno y sus aliados extractivistas como anillo al dedo.
