Según los informes suministrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos, tras la firma de los acuerdos de paz han sido asesinados en forma sistemática y por razones políticas 400 líderes sociales. Todos ellos dedicados a la defensa de los derechos de las víctimas, reclamantes de tierras, protectores de páramos, bosques, selvas y ríos, opositores al fracking, etc. En fin, gestores de la vida en los territorios.
Sin embargo, luego de concluida la segunda vuelta presidencial se dio inicio a una nueva etapa de violencia, dirigida al exterminio de líderes sociales que encarnan una característica adicional: la de ser dirigentes locales y regionales del movimiento político ciudadano Colombia Humana, encabezado por el excandidato presidencial Gustavo Petro Urrego.
Los resultados muestran en general un avance electoral extraordinario del proyecto de la esperanza y la justicia social, no en vano se lograron más de ocho millones de votos limpios, libres y decentes, además de un cambio significativo en los mapas electorales regionales. Para la muestra un botón: la Colombia Humana triunfó en la costa caribe, el occidente del país y Bogotá que, volvió a ratificar su carácter rebelde e independiente.
De acuerdo con los datos recopilados, del 23 de junio al 10 de julio del presente año fueron asesinados 23 dirigentes de este movimiento político en varias regiones del país. A tal punto que el mismo Gustavo Petro no dudó en calificar la estrategia criminal como un plan de exterminio contra la segunda fuerza electoral en Colombia.
Es de resaltar que la arremetida violenta fue respondida en forma vigorosa por sectores de la sociedad colombiana, más concretamente gracias a una iniciativa del colectivo Las Mujeres Contamos, denominada: velatón por la vida. Se congregaron cientos de miles de personas a lo largo y ancho del territorio patrio, llenando sus principales plazas públicas, al igual que allende las fronteras, ya que 63 ciudades en todo el mundo participaron de este bello canto por la vida; expresión de un clamor generalizado para que nunca más se asesine a un colombiano que se dedica a la protección de los derechos humanos o a ejercer su libertad política.
¿Qué hay detrás de este macabro plan de exterminio contra la Colombia Humana? Sin duda alguna, la reacción de una alianza criminal de las castas políticas regionales, los latifundistas, las mafias del narcotráfico y sus ejércitos privados, preocupados por el enorme avance del poder electoral de las fuerzas progresistas en esos territorios, tradicionalmente dominados por la dictadura de la corrupción, la captura de la rentas estatales, el control de las economías ilegales y un orden político basado en el miedo colectivo, como instrumento eficaz de sometimiento de la población, implementado a sangre y fuego por paramilitares al servicio de los dueños de la tierra.
La realidad electoral de la segunda vuelta presidencial dibujó nuevos mapas políticos territoriales que, de mantenerse, asegurarían una transformación radical en las estructuras de poder local, sujetas a la legitimación de la voluntad popular en las decisivas elecciones regionales de 2019. De allí la sanguinaria reacción de los dueños del poder, dispuestos a defender sus privilegios, haciendo uso del terror, método con el que han asegurado su reproducción como casta dominante en forma centenaria. El asesinato en cadena de los líderes de la Colombia Humana tiene como propósito central alterar los actuales mapas electorales a través de la barbarie, socavar la soberanía de esas comunidades que en forma autónoma y libre decidieron en las urnas, castigar el clientelismo y la corrupción, adoptando el camino de la paz con justicia social.
Un cruel ejemplo que ilustra con fuerza esta reflexión es la masacre del municipio de Argelia, Cauca. Según las versiones periodísticas, las siete personas fueron asesinadas por los grupos paramilitares en el municipio del Tambo, para luego trasladar sus cadáveres a la cabecera de Argelia. Municipio en donde Gustavo Petro obtuvo en la segunda vuelta 8.661 votos de un total de 9.683 sufragantes, correspondientes al 90.70%; mientras que su contendor Iván Duque logró 758 votos, equivalentes al 7, 93%.
La masacre en este caso expresa un mensaje político pretende a través del lenguaje del horror esculpir en la conciencia colectiva de la comunidad de Argelia un símbolo indeleble del dominio del terror, retado mediante la sublevación ciudadana de la democracia. La connotación semiótica de la masacre es la perversión pedagógica fascista, basada en la idea de escarmentar, aplicando para ello, el adagio de “la letra con sangre entra”, en este caso a un pueblo que fue capaz de emanciparse de la opresión del miedo que le impedía caminar hacia la libertad. La tradición de la comunicación que connota políticamente a partir de los signos de la violencia es parte de la herencia colonial española. Viene a nuestra memoria la figura del “pacificador” Pablo Morillo, quien decidió fusilar en la cara al prócer independentista y presidente de la Nueva Granada Camilo Torres Tenorio, su cuerpo fue desmembrado y sus partes fueron exhibidas en las cuatro entradas de la ciudad con el fin de aconductar a la población, luego fue decapitada su cabeza para ser expuesta en la plaza de san Victorino, como una acción ejemplarizante para disuadir a los potenciales rebeldes que se sublevaran contra la corona española.
La táctica del terror promovida por los enemigos de la paz tiene como objetivo acabar la JEP, para preservar la impunidad de los autores intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes, más conocidas como falsos positivos. Destrozar la justicia transicional sobre la cual se soporta la posibilidad cierta de la reconciliación de la sociedad colombiana, a partir de la verdad aportada por todos los actores inmersos en el conflicto armado, es pretender condenar al país al eterno retorno de la vorágine de la violencia, el hábitat preferido por el establecimiento para su re-creación.
De igual modo quieren recuperar a sangre y fuego los territorios en los cuales perdieron el control político, gracias al avance democrático de las fuerzas progresistas, por esa razón se ensañan en perseguir, amenazar y en ocasiones asesinar a los líderes de la Colombia Humana.
Contener esta política criminal de exterminio e intimidación implica ser capaces de diseñar una respuesta creativa, capaz de comprender que la mejor forma de proteger la vida de los líderes sociales es el ejercicio de la iniciativa política, audaz y contundente. Que supere la victimización, trascienda la marginalidad de la denuncia y combine la imprescindible resistencia contra las fuerzas de la muerte con la voluntad de poder en los territorios, empoderados democráticamente por la Colombia Humana en las recientes elecciones presidenciales. Y que hoy están en condiciones de pensar en ser gobierno en el futuro inmediato. Gobiernos locales que protejan integralmente la vida en el territorio.
Si entendemos que los que deciden la muerte de líderes sociales son los mismos despojadores de tierras, que son al mismo tiempo los que se roban el erario público en alianza con las bandas de narcotraficantes; es decir, si partimos de la premisa de que los dueños de la tierra en grandes extensiones son los mismos señores de la guerra que secuestran el poder público del Estado territorial para saquearlo y constituir la dictadura de la corrupción, con la cual se perpetúan en el poder, entonces inferiremos que la lucha por la vida de nuestros líderes sociales es una lucha sin cuartel contra los corruptos y, que para ello es indispensable arrebatarles el poder en forma democrática en las elecciones regionales de 2019
En conclusión, la movilización nacional del 7 de agosto debe ser una convocatoria a las ciudadanías libres de Colombia en torno a la defensa de los líderes sociales, la promoción de la consulta popular anticorrupción (con la etiqueta #7VecesSÍ) y el llamamiento a los territorios y sus pueblos respectivos de esta nación para ser gobierno en 2019.
