Para los colombianos no es un secreto que con el paso del tiempo el establecimiento, los distintos grupos sociales que controlan y monopolizan el poder, ha venido degradándose cada vez más. Y el uribismo representa la faceta más degradada de las élites gobernantes de Colombia: la cantidad de altos funcionarios de los gobiernos de Uribe en la cárcel, los familiares del mismo Uribe condenados o procesados por los crímenes más graves, el aprovechamiento de las influencias políticas para hacer negocios por parte de sus familiares y la inclusión de varios herederos políticos del cartel de Medellín en su lista al Senado son solo algunos indicadores de eso.
Profundizando su degradación, ahora el uribismo enfila sus baterías para lograr una vieja aspiración: la destrucción de la única rama del poder público que, al menos en parte, ha logrado mantener su independencia. El uribismo tiene en su libreta de apuntes una extensa lista de cosas que no le perdona a la rama judicial: la condena y enjuiciamiento de familiares de Uribe; la condena de otros alfiles del uribismo; el haberle cerrado el camino a la eternización de su mesías en el poder; y, finalmente, el enjuiciamiento y reducción a la condición de reo del expresidente. Tal hecatombe no se olvida en las filas de los incondicionales del héroe del Ubérrimo.
Uno de los pilares sobre los que se construyó el andamiaje de las sociedades burguesas liberales es el concepto de Estado de derecho, es decir la existencia y el respeto a unas normas jurídicas preestablecidas de obligatorio cumplimiento para el Estado y para los ciudadanos. Estas normas se erigen en garantías frente a posibles abusos de otros ciudadanos y del Estado mismo. Tal cosa resulta un obstáculo inaceptable para el uribismo en la defensa de su presidente eterno y en la aspiración a perpetuarse en el poder y cerrarle el paso al eventual ascenso de un proyecto político alternativo, sobre todo si lo encabeza Gustavo Petro.
La campaña uribista para la destrucción del Estado de derecho últimamente se ha concretado en varios aspectos. El más directo, por tanto, el más descarado, se da dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente y exsenador Uribe por la manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda. El uribismo convirtió a los intereses de Uribe en criterio de legitimidad de las decisiones de las autoridades judiciales. Así cualquier decisión en contra de Uribe de parte de la corte la convirtió en mafiosa, secuestradora y corrupta. Al coro de los militantes del uribismo se unió el gobierno y los medios de comunicación; se llegó a organizar caravanas en contra de una orden de detención emitida por el más alto tribunal de justicia del país. Sin duda, Uribe se siente más cómodo con una fiscalía de bolsillo que, sin estarlo procesando, lo absuelve anticipadamente.
No es un discurso nuevo, es el mismo que dice que Mario Uribe, Andrés Felipe Arias, Sabas Pretel, María del Pilar Hurtado y un largo etcétera no son delincuentes condenados por la justicia, sino buenos muchachos perseguidos por criterios políticos.
Otra arista de la campaña para desmontar el Estado de derecho es el intento para anular la función de control de las autoridades judiciales sobre el poder, particularmente el gobierno y la policía. Ahora les parece inaceptable que la administración de justicia se pronuncie y tome medidas ante los evidentes crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por la policía de forma cotidiana contra muchos ciudadanos, especialmente cuando se trata de movilizaciones de protesta de una parte de la sociedad en contra del gobierno. Les resulta inadmisible que la corte prohíba el uso de armas de fuego, como la escopeta que en noviembre pasado asesinó a Dilan Cruz, en contra de manifestantes desarmados. Les parece lícito que el ministro de defensa, en lugar de cumplir las órdenes de la corte, busque la manera de hacerle conejo.
El uribismo aspira a rematar su operación contra la justicia y el Estado de derecho mediante una supuesta reforma a la justicia que culmine con el desmantelamiento del aparato judicial que en los últimos lustros le ha propinado sus mayores derrotas, reemplazándolo con una única corte que, de materializarse, sin duda sería conformada por magistrados títeres del señor del Ubérrimo, al estilo del presidente que lograron imponer en el 2018.
De manera que el uribismo aspira a un “Estado de derecho” donde sea lícito solo lo que beneficie a Uribe y a sus alfiles, y que se pueda perseguir a sus oponentes políticos (encarcelar a Cepeda con montajes y testigos amañados, por poner un ejemplo), y que no exista ningún tipo de poder judicial capaz de ejercer control sobre el gobierno y los cercanos al expresidente. Eso sin duda sería una dictadura, que, en manos de Uribe, quien fue capaz de burlarse del dolor de las madres de los jóvenes asesinados en los falsos positivos afirmando que “no estaban recogiendo café”, sería una tan despiadada que nada tendría que envidiarle a las peores dictaduras que han asolado a América Latina.
Lo mínimo en un Estado de derecho es que se deje a las autoridades judiciales tomar sus decisiones y que estas sean respetadas por todos. Quien esté en desacuerdo, que las ataque usando los recursos judiciales contemplados para ello.
Adenda. Como en todo momento de crisis, Fajardo desapareció del debate público en relación con el asesinato de 15 ciudadanos (más los ochenta heridos a balazos) por parte de la policía durante la reciente masacre de Bogotá. El profesor, como siempre, no tiene nada que decir frente a tan trascendental asunto.
