No hay duda que el grado de violencia a todos los niveles que afecta a la sociedad colombiana, tiene que ver con la pérdida de valores en un ambiente signado por el éxito rápido medido en riqueza y poder, catalizado por la corrupción y el narcotráfico, sin consideraciones de cómo se obtengan los bienes o los cargos.
En más de 60 años de guerra no declarada hay mucha gente entrenada para matar y sin hígados, acudiendo a técnicas como la del corte de franela, patentada en la violencia de los años 50 por los chulavitas, quienes horizontalmente le cortaban el cuello a sus víctimas para sacarles la lengua y ponérselas de corbata.
Décadas después, los paramilitares se tecnificaron, desmembrándolas con motosierras mientras a ritmo de vallenatos bajados con ron, jugaban fútbol con las cabezas de las víctimas, a la par que los que se quedaban sin equipo, se dedicaban a violar a sus esposas e hijas y sus comandantes, conectados con oficiales del ejército que les daban información, armas y apoyo, acompañados de notarios, se aprestaban a ofrecerles a las viudas irrisorias sumas por las tierras para legalizar el despojo que, meses después cambiaría de dueño, al “vendérselas” a parapolíticos, ganaderos, palmicultores, bananeros, etc., que debajo de cuerda, junto a narcotraficantes, los habían financiado.
La degradación del conflicto colombiano con mucha gente desempleada y entrenada en manejar armas y para matar con variadas técnicas, explica el salvajismo y la pérdida del respeto a la vida humana, que lleva, a que atracadores callejeros te acuchillen o disparen por robarte un celular; o que miembros de las fuerzas armadas maten a civiles indefensos incentivados por beneficios materiales y ascensos, en el caso de los militares involucrados en los falsos positivos.
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Que guerrilleros secuestren, asesinen civiles acusándolos de colaboradores de las fuerzas armadas, recluten menores, y cometan otros delitos justificándose en una causa revolucionaria, que ya no tiene credibilidad, con jefes haciendo enchapar en oro sus pistolas y derrochando en festines y orgías, como cualquier Pablo Escobar que se respete.
Igual que lo hicieron hace pocas semanas ante las madres de las jóvenes víctimas de Soacha y el Catatumbo, ante magistrados de la JEP, esta vez el turno para declarar le tocó a soldados y suboficiales del batallón La Popa, quienes hicieron crudas declaraciones acerca de cómo, obedeciendo a la cadena de mando, fueron obligados a matar inocentes, vestirlos y armarlos como guerrilleros y mostrarlos como bajas en combate. Como premio les daban vacaciones con su familia, en una playa, un almuerzo especial o $100.000 de las recompensas, cuyo grueso iba al bolsillo de los oficiales que les daban las órdenes y quienes también se quedaban con las medallas y ascensos.
Era una práctica recurrente y sistemática que no es de “manzanas podridas” como han querido hacer aparecer los altos mandos que daban las órdenes y eran los mayores beneficiados con los supuestos exitosos operativos.
Ya las FARC, reconocieron ante la JEP su participación en más de 20.000 secuestros y asesinatos de civiles y miembros de las fuerzas armadas.
El reciente informe de la Comisión de la Verdad acaba de confirmar la dimensión de la barbarie, que entre 1986 y 2010, dejó cerca de 450.000 víctimas, la mayoría asesinadas por los paramilitares, seguidos por la guerrilla y después por las fuerzas armadas.
No dejan duda, miles de testimonios recogidos por la Comisión de La Verdad entre los combatientes enfrentados y sus víctimas, no con fines judiciales, sino para que los que cometieron los crímenes, a manera de acto de contrición, limpien la carga de conciencia, por medio de la confesión y el perdón solicitado ante los familiares de las víctimas, al estilo de la confesión católica ante un sacerdote.
Antes de posesionarse, en busca de ampliar el frenado acuerdo de paz, con las FARC, el presidente Petro ha entendido, qué antes que atizar odios y venganzas, hay que buscar la reconciliación para dirimir diferencias ideológicas y políticas en ambiente civilizado, de respeto a las leyes del juego democrático. Todo esto acompañado de un cambio profundo en la doctrina y práctica de las Fuerzas Armadas para que no vean a la población que protesta como “el enemigo interno”.
Eso explica su encuentro con el ex presidente Uribe y su propuesta de reanudar diálogos regionales por la paz, invitando a participar a las organizaciones sociales, gremios, al ELN, a las disidencias y a los grupos armados poli-delincuenciales (narcotráfico, extorsión, minería ilegal, gota a gota, trata de personas) que quieran someterse.
A la par, en el plano internacional, se propone que los Estados Unidos y otros países acepten la regulación del cultivo y procesamiento de la hoja de coca (alimenticio, medicinal, cosmético y recreativo) así como hicieron con la marihuana para quitarles el negocio a paramilitares, guerrilleros, carteles y empresarios lavadores de dinero.
