La pérdida de bosque en la Amazonía es una bomba de tiempo que juega en contra de la humanidad misma. El llamado pulmón del mundo está siendo devastado por el flagelo de la deforestación como consecuencia del acaparamiento de tierra, minería, ganadería extensiva y demás actividades propias de un modelo económico que ha priorizado la riqueza de unos pocos por encima del medio ambiente.
Este desastre ambiental pone a Colombia como uno de los países que más número de hectáreas pierde en medio de esta destrucción ecosistémica: para el año 2017 219.000 hectáreas se talaron según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Para el año siguiente, ya eran 280.000 hectáreas arrasadas.
Gran parte de esta destrucción se vive en la Amazonía –alrededor de 200.000 hectáreas[1] deforestadas en 2018- . Según lo estableció el presidente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible el principal factor de este flagelo es el acaparamiento de tierras.
Buena parte de la región Amazónica hace para de la Reserva Forestal declarada por ley segunda de 1959 con una superficie inicial de 43.959.737 hectáreas, luego de varios procesos de sustracción disminuyó su extensión en 6.115.213 ha, lo que indica que hoy cuenta con una superficie de 37.844.524 ha, en jurisdicción de 9 departamentos y 88 municipios[2].
La reserva hace parte de la cuenca hidrográfica internacional y comparte un bioma con la mitad de los países suramericanos, protege entre sus bosques, agua y suelos a alrededor de 50.000 especies de plantas, 1.754 especies de aves, 386 reptiles, 407 especies de anfibios y 354 de mamíferos, que conviven armónicamente con más de 40.000 indígenas de 88 resguardos y 30 etnias[3].
En medio de esta problemática suscita un interrogante: ¿la ausencia del Estado hace parte de una política con el objetivo de acaparar tierra para la ganadería extensiva mediante la deforestación?
El artículo de Semana Sostenible titulado “Deforestación: ¿una política de ocupación del territorio?”, cita las palabras de Juan Pablo Ruíz, experto en temas ambientales, consultor para el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, palabras que traigo a este documento por su crucial importancia:
“Todo inicia con la ocupación de las zonas de reserva forestal contempladas en la ley segunda de 1959, que son transformadas en pastizales. Luego viene la sustracción del terreno por parte de la entidad competente, que si es aprobada ingresa a titulación. Esto da paso a una concentración territorial y a la expansión ganadera de grandes haciendas y hatos. Antes, este proceso lo hacían los colonos. Ahora es auspiciado por personas con grandes capitales de diferentes orígenes, que van financiando la ocupación del territorio buscando un título de propiedad y control político del territorio”[4]
La situación no ha cambiado en este momento. El diario EL ESPECTADOR dio a conocer un artículo titulado: la deforestación en Guaviare por fin tiene nombre, el cual evidencia que la raíz del problema no es la coca como lo manifiesta la narrativa oficial, ello lo explica con la siguiente cifra: “en el Guaviare, entre 2016 y 2017, la deforestación creció 233%. Al mismo tiempo, los cultivos de coca disminuyeron 28 %”[5].
El problema no queda ahí. En este departamento, el mismo documento periodístico pone en evidencia que quienes estarían detrás de la deforestación son políticos, terratenientes y empresarios, uno de ellos, el gobernador Nebio Echeverry Cadavid.
De ahí la importancia de preguntar a las entidades del Estado: ¿Quiénes son esas personas que tienen grandes capitales y vienen, con motosierra en mano, arrasando bosques para convertir tierras de reserva forestal en pastizales para su posterior titulación y hacerse a ella?, ¿Qué investigaciones tiene la Fiscalía adelantadas en esta materia para acabar con la especulación de la tierra obtenida de esta manera?
Al problema de la deforestación se agregan otros factores determinantes como la minería. Así lo manifiesta Rodrigo Botero García, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible: “La minería del oro en la Amazonia incrementa los niveles de deforestación, y el uso del mercurio utilizado en su procesamiento contamina el agua, los peces, el aire y afecta las comunidades”.
Las concesiones para extracción minería y de hidrocarburos también pone en riesgo la región amazónica, profundiza la deforestación y viola normas constitucionales como el derecho a un ambiente sano. El 15% del bioma amazónico tiene concesiones mineras y contratos para extracción de petróleo y gas[6].
Tenemos al frente una bomba de tiempo y un gobierno indolente que no ha priorizado el ambiente en su hoja de ruta hasta el 2022. También tenemos cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos organizados que defienden con decisión nuestros ecosistemas. Allí reside la potencia transformadora que presione a este gobierno para que tome cartas en el asunto, de lo contrario, podremos perder casi un millón de hectáreas en el siguiente cuatrenio, la gran mayoría en la Amazonía.
[1]https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/polemica-por-cifra-de-deforestacion-en-la-amazonia-colombiana/42975
[2]http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019679/Amazonia.pdf
[3]Ibíd. Pág. 36.
[4]https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-una-politica-de-ocupacion-del-territorio/43647
[5]https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-en-guaviare-por-fin-tiene-nombre-articulo-853750
[6]http://www.wwf.org.co/que_hacemos/campanas/las_seis_grandes_amenazas_del_amazonas.cfm
