De las 39 zonas protegidas en Colombia, 31 de estas, ósea el 79%, experimentaron crecimiento acelerado en índices de deforestación desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz con la Farc, según la investigación de Scientific Report, publicada el 20 de marzo del 2020. El vacío de poder que dejaba un gobierno queriendo reinvención y una guerrilla desarmada en la vida civil, se hizo sentir fuertemente en los parques naturales.
Ahora, la llegada del COVID-19 a Colombia planteó retos sociales y sanitarios sin precedente a las autoridades, que rápidamente se posicionaron como prioridades innegables de manera indefinida. La agenda dispersa del gobierno de Iván Duque para la protección y conservación de áreas protegidas en el territorio nacional terminó descuadernada ante una pandemia que no avanza tan rápido como si lo hacen los depredadores de la naturaleza en Colombia.
Hoy más que nunca la deforestación en el país, especialmente en la región amazónica no da tregua. Ganadería, minería ilegal, narcotráfico, rutas de acceso, entre otros, encarnan un monstruo que hoy devora reservas tan importantes como La Macarena, Tinigua, Chiribiquete y la misteriosa Encenada del Utría.
En 2019 se deforestaron un total de 158.894 hectáreas. Según un reporte de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) con datos obtenidos con el apoyo de la Rainforest Foundation, USAID, el Andes Amazonian Fund y la Fundación Gordon y Betty Moore, durante los primeros tres meses de 2020 se reportaron más de 58.000 eventos de foco de calor y se arrasaron más de 75.000 hectáreas en la Amazonía colombiana, ósea el 47,4% del total deforestado en 2019.
Según FCDS, al menos 280 kilómetros de vías que estaban bajo el bosque han empezado a ser despejadas a cielo abierto y muestran un proceso de apertura de lotes y fincas de diferentes tamaños. A esto se suma que el hato ganadero ha aumentado en más de 690.000 cabezas de ganado durante los últimos cuatro años en los municipios más afectados por la deforestación alrededor del Chiribiquete, donde se han tumbado 290.000 hectáreas de selva.
El boom de los cultivos de eucalipto y la palma en regiones del Guaviare y Vaupes, sumado a las constantes amenazas y órdenes de desalojo por parte de grupos armados a guardaparques de parques como Puré Apaporis, Chiribiquete, la Paya, Macarena, Tinigua, Picachos y las reservas naturales de Puinawi y Nukak, han dejado desprotegidas y sin monitoreo más de 9 millones de hectáreas de selva.
A comienzos de abril, Corpoamazonía hizo un llamado al gobierno nacional sobre puntos de calor activos en zonas remotas de los municipios de San José del Guaviare y Cartagena del Chairá en el Caquetá, que limitan con el Parque Nacional Natural Chiribiquete.
Y es que la situación ya era verdaderamente alarmante. Según cifras del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana (SIAT-AC), mientras en marzo de 2019 hubo 4.691 puntos de calor, en el mismo mes de 2020 estuvieron activos 12.953. Para ese entonces eran menos de 100 casos de contagios por COVID-19 en Colombia.
Con poca atención del Estado, Colombia pierde incontables hectáreas de bosques y liderazgos sociales que luchan en pro de esta causa. Según el informe anual de la ONG Global Witness, publicado el 29 de julio, al menos 212 ecologistas que luchan contra la deforestación, la minería o los proyectos agroindustriales fueron asesinados en 2019, marcando un récord, y casi un tercio de ellos en Colombia, declarado país con más lideres ambientalistas asesinados en el mundo ese año.
