La crisis en Venezuela centra la atención de la comunidad internacional, especialmente de Colombia, ante el éxodo de miles de venezolanos hacia nuestro país, drama que guardadas las proporciones solo se registraba en Siria. Por su parte, el respeto a los derechos humanos y las garantías ciudadanas, las víctimas mortales que han dejado las protestas que ascienden a más de 120 personas, el desabastecimiento que ha generado una crisis de hambruna, comparable a lo que ocurre en países africanos, hacen que diferentes sectores políticos, gremiales y sociales de nuestro país, fijen posición frente a esta crisis.
Hechos como el desconocimiento de la Legitimidad de la Asamblea Nacional, la persecución y encarcelamiento de líderes opositores, la represión en contra de las manifestaciones de los adversarios, las ejecuciones extrajudiciales, la censura a la prensa, la eliminación de la independencia del poder judicial y de la organización electoral, así como el desconocimiento de la Asamblea Nacional y la instalación de la Constituyente Popular, mediante unas elecciones fraudulentas; me hacen recordar los fatídicos hechos del Estatuto de Seguridad de 1978, durante el gobierno de Julio Cesar Turbay, en las que igualmente se restringían las libertades ciudadanas, bajo el pretexto de “defender las instituciones democráticas, asediadas por serios peligros”, criminalizando la oposición política y todo tipo de protesta, así como la libre circulación y expresión ciudadana, catalogando toda manifestación de inconformidad como subversiva, invistiendo a las fuerzas militares y de policía de facultades judiciales, realizando allanamientos irregulares, legalizando la practica de la tortura y la detención arbitraria de líderes sindicales, sociales, intelectuales, periodistas, demócratas y militantes de la izquierda colombiana.
La crisis política y social del proyecto del Socialismo del siglo XXI, fundado en la solidaridad, la fraternidad, la libertad y la igualdad, recae en los errores cometidos en la conducción del estado y en la falta de capacidad y liderazgo del Presidente Maduro, así como de los lideres del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, para dar continuidad a los lineamientos de la revolución Bolivariana de soberanía nacional e igualdad; agudizando aun más la crisis económica y social en ese país, ignorada por el Presidente Maduro y dirigentes del Chavismo; desprovistos del indudable liderazgo y carisma del fallecido Hugo Chávez, que con su cautivador discurso popular, sus programas asistencialistas y de bienestar social en materia de seguridad alimentaria, salud, educación y techo; le permitía afrontar las crisis que se le presentaba, ganar la simpatía y respaldo de importantes sectores de la población, avanzando con éxito en la construcción de su proyecto de revolución bolivariana, haciéndose al reconocimiento y liderazgo en la región.
Sorprende la actitud de sectores de la izquierda ortodoxa, que adoptan una visión dogmática, basados en principios ideológicos, para justificar y respaldar las medidas del régimen de Nicolás Maduro, en su propósito de menguar el respaldo ciudadano a la oposición venezolana, mientras que aquí en el país reclaman apertura democrática, respeto a los derechos humanos, a las libertades ciudadanas, así como a la protesta. No se entiende cómo hacen para justificar lo injustificable, ni cómo intentan defender lo indefendible.
Igualmente, preocupa que desde los sectores independientes y de izquierda coloquen el tema de Venezuela en el centro del debate nacional, de cara a las elecciones del 2018, entre quienes rechazan la salida dictatorial a la crisis y los que respaldan tales medidas, con el riesgo que puede significar, en la construcción de un frente común de las fuerzas comprometidas con la paz y la reconciliación, despejándole el camino a los sectores de la extrema derecha, quienes vienen acuñando la tesis de la grave amenaza que se cierne en Colombia de una dictadura castro-chavista; con el solo propósito de volver trizas los acuerdos de paz y así conducir al país por el camino de la confrontación armada, alimentado los odios, la intolerancia en la convivencia entre los ciudadanos y hacerse nuevamente al poder.
En el camino de la construcción de un frente común, para brindar el proceso de paz en su fase de la implementación de los acuerdos, debemos trabajar para que la salida a la crisis en Venezuela sea por la vía del diálogo y la construcción de acuerdos que garanticen las libertades plenas, el respeto a los derechos ciudadanos, y la restauración de la democracia; abriendo el camino para que en un ejercicio de democracia participativa, transparente, con plenas garantías y con la veeduría internacional, los venezolanos sean convocados a elecciones generales, para que libremente decidan la ruta y el modelo de gobierno que quieren construir, para poner fin a la actual crisis política, económica, social y humanitaria que tanto los agobia.