Imagine que dos personas poseen dos predios colindantes. La señora Antonia lo trabaja, invierte en obras para mejorar las actividades y la productividad, y el señor Carlos se desentiende por décadas de esas tierras. Antonia trabaja e invierte en un área cercana a los linderos. Hace infraestructuras de distinta clase, y por años sigue mejorándola y también lucrándose de ese pedazo de tierra, la cual considera suya. Un día llega Carlos, el señor del predio vecino y le reclama que está invadiendo predios que le corresponden a él. ¿Qué nos dice la tradición y el sentido común acerca de cómo solucionar un asunto de esta clase? Primero habrá que verificar técnicamente los límites reales. Habrá que evitar medidas de fuerza, como el ingreso a las malas a la zona en disputa. Dado que en este caso, el de Antonia y Carlos, efectivamente se comprueba que el primero está trabajando en un pedazo de tierra que corresponde al segundo, deben buscar soluciones como personas civilizadas y que necesitan mantener la buena vecindad. Las alternativas serían básicamente dos: La una es que Carlos le pague a Antonia el valor de las mejoras. La otra es que Antonia le pague a Carlos por el valor de la tierra y la siga trabajando.
Esta comparación simplista seguramente no da para solucionar el asunto entre Antioquia y Chocó por los territorios en disputa en el Urabá. Pues además del lío de tierras hay un componente social que es fundamental. Sin embargo, sí puede dar algunas pistas hacia una posible solución. Lo primero es que el IGAC es la institución encargada de verificar técnicamente los límites, lo cual ha hecho. Mal haríamos en fustigarla y desacreditarla por hacer su trabajo. Lo segundo es que la verificación de límites no soluciona el problema, ni exime que se deban buscar los canales para solucionar la controversia. En todo caso, ya estando claro los límites, también es claro que durante mucho tiempo no lo estuvieron y que Antioquia invirtió en infraestructura en esa zona, y que probablemente sus habitantes se sientan en su mayoría antioqueños. Solo hasta tiempos recientes el Chocó ha manifestado reclamos, ha usado medidas de fuerza como la proclamación de un municipio, y ha venido ordenando inversiones en la zona en litigio, y traído pobladores de otras zonas del choco, para que actúen como funcionarios.
Hay además un componente social que debe ser el asunto central. ¿Bajo cuál de las dos jurisdicciones tendrían estos colombianos acceso a unas mejores posibilidades de desarrollo y calidad de vida?, ¿cuál es el arraigo de esas comunidades? Ya se escucha sobre tensiones entre los dos bandos, e incluso de algunos enfrentamientos. Mal harían los dirigentes políticos en exacerbar las pasiones y originar una micro-guerra civil en una zona que apenas intenta superar los efectos devastadores del conflicto armado. Seguramente una consulta popular basada en el censo electoral de las anteriores elecciones podría ser un camino lógico para saber del arraigo y las preferencias de los pobladores. Si los habitantes decidieran mayoritariamente ser del Chocó o de Antioquia, el congreso debería definir las compensaciones y demás asuntos pertinentes que un departamento debe pagar al otros, ya por las inversiones en infraestructura, ya por la tierra. Más que las pasiones regionalistas o políticas, debe pensarse primero en el bienestar de cerca de 30.000 colombianos que habitan las zonas en cuestión.
