El proyecto urbanístico de Naranjal y Arrabal, presentado a la opinión pública por el exalcalde Aníbal Gaviria como un modelo exitoso de transformación en la ciudad, se convirtió en el símbolo del fracaso: proyectos urbanísticos que no favorecen a sus pobladores, sino a los privados, auspiciado por una firma constructora implicada en Odebrecht y una adjudicación discutida que se suma a un retraso en la entrega de las Unidades de Actuación Urbanística número 2 y 3.
“A partir del año de 1998, se inicia como un proyecto piloto, la formulación del Plan Parcial de Naranjal, para lo cual se estableció una mesa de trabajo comunitaria con representantes del sector a intervenir y de la Administración Municipal, la cual definió unos parámetros generales para llevar a cabo el proyecto de renovación urbana”, así registra en el decreto 1309 de 2009.
Lo que pasó en Naranjal es abiertamente conocido por todos: la firma CASS, de Carlos Alberto Solarte Solarte, ganó la adjudicación del proyecto de renovación urbana en 2013 mediante un “polémico” concurso público que realizó la exgerente de la EDU, Margarita Ángel Bernal, durante la administración de Gaviria. Esta firma es cuestionada por estar implicada en el caso de Odebrecht, su hija Paola Solarte, actualmente se encuentra en casa por cárcel y la Fiscalía investiga por presuntamente haber pagado sobornos con la firma brasileña para quedarse con el contrato de la construcción Tunjuelo-Canoas.
Casualmente, uno de los requisitos para adjudicarse este plan parcial, era aportar inicialmente 30 mil millones de pesos para que la EDU operara completamente todo el proyecto, de lo cual solo aportaron 16 mil millones de pesos. Sin embargo, la crítica más profunda es que esta firma no hubiese tenido experiencia en la construcción de edificios, porque sí son especialistas, pero en construcción de carreteras.
El 8 de octubre de 2015, Santiago Garcés, abogado penalista, interpuso una denuncia en Fiscalía contra Aníbal Gaviria Correa (exalcalde de Medellín), Margarita Ángel Bernal (exgerente de la EDU), Carlos Solarte Solarte (particular), Álvaro Berdugo López (exdirector de planeación municipal), María Elena Mora Isaza, Luis Carlos González (funcionarios de la EDU), Lucrecia Londoño (exsecretaria General de la EDU) por concierto para delinquir, prevaricato, enriquecimiento ilícito, peculado, entre otros motivos.
Ver: Denuncia en la Fiscalía el 8 de octubre de 2015.
“El Plan Parcial de Naranjal es proyecto con ánimo de lucro de la EDU, pues ilegalmente el anterior alcalde se abrogó el derecho que ya estábamos ejerciendo los propietarios asociados para construir. Mediante desviación de poder y junto con Margarita Bernal (entonces Gerente de la EDU), después de ‘sacar’ a decenas de empresas honestas interesadas, contrató directamente la construcción con amigos suyos (Cass o Carlos Solarte), asegurándoles como ‘socios’ el 85 % de las ganancias. Este porcentaje de utilidades nunca se había visto en una sociedad ordinaria entre un municipio y un constructor de carreteras que decidió de repente construir edificios de más de 20 pisos”, denuncia realizada por Garcés, quien también se ha visto afectado por la renovación urbana.
Ver: Denuncia en la Fiscalía el 15 de noviembre de 2016.
Los moradores de este sector de la comuna 11 manifiestan que varios funcionarios de la administración anterior (Aníbal Gaviria) trabajaron incansablemente hasta el último día de ésta para adelantar al máximo el proyecto, obligando a los propietarios a vender por debajo del precio y vulnerando los derechos de los habitantes del territorio, incluidos los ancianos que trabajaban en la calle.
Expropiaron la casa al Señor José Cano y a su familia en la carrera 63ª N 45a25. El avalúo que impusieron ya había caducado según la ley 388 de 1997 (reforma urbana) que fija validez terminante e improrrogable de un año. Sin embargo, continuaron con el procedimiento y depositaron a la familia Cano en un Juzgado una suma de 50 millones de pesos. Esa casa que tuvieron que abandonar era el único bien que tenían, heredado de sus padres.
“Este proyecto solo está beneficiando a los ricos constructores, mientras que está arrasando con los colonos de Naranjal para darles a ellos. Aquí hablan de que van a construir viviendas de interés prioritario, esto aquí lo están haciendo para estratos 5 y 6 que son los edificios de la etapa 2. Llevan cinco años construyéndola, mientras que en Suramericana hay edificios construidos en seis meses y siete meses”, aseguró Humberto de Jesús Correa, expropiado por vía administrativa.
El 13 de diciembre de 2018 se llevó a cabo un alzamiento del inmueble a dos familias que han habitado el lugar toda su vida, incluyendo la de Humberto de Jesús Correa Cano.
“La EDU argumentó razones jurídicas, pero están yendo en contra de los derechos humanos de las personas. La EDU no está implementando como señala el decreto 1309, como tiene que reparar a las personas en cuanto al impacto del proyecto, lo cual indica que debe ser en iguales o mejores condiciones”, aseveró el abogado del Comité de Trabajadores de Naranjal, Pablo Augusto Escobar.
Al día del alzamiento acudieron muchos policías, cerraron la calle e hicieron una barrera de lado a lado, no dejaron pasar ninguno de los abogados, solo uno que estaba con el propietario cuando empezaron a expulsarlos. Sacaron todas sus pertenencias y lo constriñeron para firmar la “enajenación voluntaria”.
“A mi cuenta tengo tres niñas, una de catorce años, una de ocho años y una bebé de un año. Me presionaron diciéndome que si no firmaba se los llevaban para Bienestar Familiar, y que a ella (esposa) y a mí, nos metían a la cárcel. En este momento estoy viviendo en una piecita en un hotel con la señora y la bebé, mientras que a las otras dos hijas las tengo rodando de casa en casa donde me las reciban. A mí me dieron 16 millones por un derecho hereditario y con eso no se compra en ninguna parte de las periferias de la ciudad”, relató Correa.
La EDU informó mediante un derecho de petición que el bien fue adquirido debidamente a través de una expropiación administrativa el 11 de septiembre de 2015, y como el Señor Correa Cano venía ocupando el bien inmueble objeto de expropiación propiedad de Alianza Fiduciaria, se procedió a hacer el Alzamiento del bien inmueble.
“La EDU más que todo presiona a los propietarios y poseedores para que les vendan a los precios que ellos determinan unilateralmente, sin darles la oportunidad a las personas de controvertir ese precio. La EDU llega y le dice yo le voy a hacer el avalúo a ese negocio, si usted no acepta ese precio le vamos a hacer un proceso de expropiación, este proceso lo utilizan como una amenaza para las personas”, concluyó el abogado Pablo Augusto Escobar.
Paradójicamente, mientras ellos pueden hacer avalúos cercanos a los 50 millones de pesos y pagar entre millón doscientos por metro cuadrado a los habitantes del sector, en el proyecto Nuevo Naranjal están cobrando el metro cuadrado a $4.060.000, un parqueadero a $18.000.000 y hasta un cuarto útil a $3.500.000.
