El educador colombiano durante años fue relegado a los salarios más bajos de la escala remunerativa de los empleados del estado, pero la resistencia de una clase laboral con espíritu de lucha por medio de la protesta pública fue logrando beneficios que pronto los equipararían con algunos profesionales de las ramas del poder público, hasta el punto que se podía decir que existía equilibrio.
Sin embargo, ya no es así. Por ejemplo, un docente ubicado en el grado 14 del escalafón, que es el grado salarial de mayor rango, hoy en día se está ganado ($3.641.927) y un juez municipal por hacer cualquier tipo de comparación se gana ($9.032.000) entre salario básico, bonificaciones y primas mensuales. Ustedes dirán, el docente labora medio tiempo y el juez tiempo completo, pero eso no es cierto, puesto que el docente trabaja 6 horas diarias en horario curricular y 2 horas extracurriculares en lo atinente a la preparación de clase y otro tipo de actividades propias del proceso escolar.
Ahora bien el docente para ganar el salario del grado 14 necesita cumplir 21 años de servicio, hacer una especialización y tener 18 créditos, lo que equivale a salir de la universidad a los 22 años, entrar a la docencia inmediatamente y a los 43 años si no tiene contratiempos ganar este salario, mientras que el abogado que estudió los mismos 5 años, necesita dos años de experiencia para ser juez municipal y entrar a ganar a la edad de 24+ años ($9.032.000), lo que es igual a más del doble de lo que ganaría el docente con 21 años de experiencia y una especialización. Ahora, si comparamos al docente con los mismos dos años de egresado que el abogado, el docente en el grado 7, que es el grado en que entraría el licenciado ganaría ($1.596.290), lo que nos daría una diferencia entre un profesional y otro de ($7.435.710).
Podrán decir muchos que los grados de responsabilidad son diferentes, a mi libre juicio son iguales o los del maestro son superiores, puesto que en sus manos está la formación del mismo juez y de todas las generaciones futuras del país.
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Como se mencionó, mediante la protesta los docentes lograron equiparar algunas diferencias, logrando la liquidación retroactiva de sus cesantías, es decir que las mismas se liquidaran con el último año de servicio, que se les reconociera la pensión de gracia a los 50 años de edad y 20 años de servicio, que la pensión de jubilación la adquirieran a los 50 años y 20 años de servicio, lo mismo que el incentivo de seguir laborando, lo que les permitía devengar pensión y salario al mismo tiempo hasta que se cumpliera la edad de retiro forzoso y el ascenso por tiempo y estudio.
Sin embargo, hoy los maestros han sido cercenados en sus derechos laborales. El primer acto de rompimiento del equilibrio laboral se dio a través de la Ley 33 de 1985, que subió la edad de pensión a los 55 años de edad. Luego, la Ley 91 de 1989 estableció la liquidación de cesantías año por año perjudicando los intereses económicos de los docentes. Posteriormente, el Decreto 1278 de 2002 estableció un nuevo estatuto docente haciendo más difícil el proceso de ascenso en el escalafón. Sin embargo, lo más injusto y desequilibrante fue la expedición de la Ley 812 del 2003, norma que acabó de manera definitiva con el régimen especial de los docentes y los sometió a la Ley 100 de 1993, subiendo de un tajo la edad de pensión de 55 a 57 y el tiempo de servicio de 20 a 26 años, perdiendo la posibilidad de seguir laborando luego de pensionarse, es decir generando la incompatibilidad entre sueldo y pensión. Todo esto aparejado en el hecho de que la pensión de gracia se había perdido para los vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1981.
Cada día es menos atractivo el sector docente como fuerza productiva laboral, puesto que es poco rentable el ejercicio de la misma, y el gobierno nacional en busca de mejorar la calidad de la educación limitó el ejercicio de la docencia a los normalistas superiores, licenciados y profesionales de otros áreas con cursos de pedagogía, logrando especializar el ejercicio de este oficio a profesionales capacitados para la misma, quedando por fuera los bachilleres pedagógicos y normalistas por cursos. En todo esto se le olvidó al gobierno nacional incentivar la vocación docente por medio de salarios dignos del ejercicio de tan representativa labor, por el contrario cada día exige más requisitos para su ejercicio y quita los incentivos salariales, dando un trato salarial paupérrimo a quienes ejercen la bella labor de educar a nuestros hijos.
