El "gobierno del cambio", como lo ha denominado esta nueva administración de Colombia, hace honor en su interpretación semántica a la mediocridad que quiere imponernos a los ciudadanos civilizados que sabemos que es lo serio, idóneo y responsable de las personas designadas en las dignidades del Estado, para regir los destinos de las diferentes instituciones gubernamentales y a quienes se les confía el desarrollo institucional y en la mayoría de los casos el presupuesto de nuestros nacionales; asunto que confronta las expectativas por las cuales los electores eligieron su mandatario, pensando en un auténtico cambio para bien del país, para modificar lo que consideraban malo en los gobiernos anteriores, esperanzados en tener el ideal de una Nación digna ante el concierto internacional y ajustado a servir de ejemplo a sus gobernados, ostentando la genuina majestad de un presidente.
No se condesciende que una persona aspirante a la máxima magistratura, le brinde tantas falsas expectativas a un pueblo reclamante de una positiva transformación para mejorar un país con tantas dificultades en lo político, social, económico, institucional, de seguridad, etc.; empezando por asegurar que todos los encargos públicos se harían por meritocracia, reiterado en todos los escenarios proselitistas, y viene a declinar en las primeras de cambio, nominando a personas de muy bajo perfil, algunos con antecedentes "non sanctos", en consulados y embajadas, traicionando la conciencia colectiva de un referente social confiado en tener en el exterior profesionales egresados de la Academia Diplomática y resulta este adefesio: encargando personajes de triviales características que el país ya conoce. Con la salvedad que un mandatario escoge sus representantes, en cualquier dignidad, a personas de su mayor confianza, pero que deben responder, inicialmente, a los perfiles que la ley ordena y luego a quienes le brinden una identidad con sus políticas e identidad en promesas de campaña.
Inicialmente, muchos nos extrañamos como se ordena el cambio del manual de Funciones del Viceministerio de la Juventud, adscrito al Ministerio de la Igualdad, que apenas se está estrenando en Colombia, para acomodar la hoja de vida de Garth Steven Sella, activista, que se define como "artista en resistencia" y, miembro de la agresiva agrupación "primera línea" denominado Escudos Azules, creada para hacer agitación pública en los hechos violentos de 2021, del cual se ha dicho que posiblemente puede ser un apéndice de milicias urbanas.
El 11 de septiembre de 2023, el gobierno publica la resolución que cambia el Manual de Funciones del Ministerio adoptado, inicialmente, el 16 de agosto. En la primera resolución se establecía que las carreras “ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho, administración, antropología, artes liberales, geografía, historia, sociología, trabajo social, economía, ingeniería administrativa, ingeniería industrial, psicología y educación” eran requisito para posesionarse como viceministro. Además, era necesario contar con una “especialización en alguna área” que le permita tener conocimiento para hacer seguimiento de políticas públicas ligadas con los derechos de la juventud.
Como el nombrado viceministro no podía posesionarse en el cargo, pues tiene 10 semestres en Artes Visuales, Cine y Televisión; se hace el cambio al Manual de Funciones incluyendo las carreras de “artes plásticas, visuales y afines” como requisito. Con esta modificación se da vía libre para que Gareth -quien no cumplía con el perfil en un inicio- ahora sí lo haga y pueda ser el primer viceministro de juventud.
Este hecho es la evidente prueba que el mandatario quería pagar una deuda con el citado grupo protagonista de acontecimientos perversos de desestabilización en esa nefasta revuelta que quiso postar a todo un país, limitándole la movilidad, impidiendo el acceso al abastecimiento alimentario, tratando de constreñir el comercio y la libre empresa, además de ejercer hechos de subversiva violencia, descubriéndose además, el solidario reconocimiento por parte del candidato del Pacto Histórico, su grupo de congresistas y equipo de campaña.
En el caso del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, respetable organismo reconocido nacional e internacionalmente, por su característica técnica-científica, referente nacional en materia sanitaria y ejecutor de políticas públicas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en virtud a su vigilancia sanitaria y control de medicamentos, homeopáticos, suplementos dietarios, fitoterapéuticos productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo, higiene y limpieza del hogar, plaguicidas de uso doméstico. Es decir todo lo que tiene que ver con los productos de bienestar para la salud de los colombianos, mediante la expedición del Registro Sanitario de alimentos, medicamentos o bebidas alcohólica y demás; siendo una de la Instituciones que requieren de un director científico con pregrado y especialización en temas de salud, pero el mandatario ejecutivo ordena cambios significativos de los requisitos, para acomodar a una de sus fichas, pues según la resolución 2015010329 del 16 de marzo de 2015, se exigía acreditar un título profesional en áreas como Administración, Bacteriología, Biología, Microbiología, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas, entre otros, sin embargo, la modificación de los requisitos realizado el pasado 15 de enero en su Manual de Funciones a través de la resolución 2024001339 1339, permitirá que profesionales de cualquier área educativa sean considerados para el cargo de director, sin necesidad de tener conocimientos técnicos en farmacología o medicamentos.
Lo más seguro es que el Filósofo Germán Velásquez Arango, después de haber sido designado el 28 de octubre de 2023 como nuevo director de este prestigioso Instituto al no haber logrado posesionarse por no cumplir los requisitos para serlo, hasta después de la modificación del Manual de Funciones, en el mes de enero de la presente anualidad si podrá asumir dicha dignidad,
Lo mismo ocurre con Aldo Enrique Cadena Rojas, que quebró a Capital Salud y fue sancionado por la Personería de Bogotá, al incrementar su pasivo de $254.000 millones en 2014 a $635.000 millones en 2015 cercano al presidente Gustavo Petro y al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrado como presidente de la Nueva EPS, la más grande de Colombia con más de 10 millones de afiliados, luego que, también apareciera el cambio en el Manual de Funciones de la entidad por los integrantes de la junta directiva el 16 de enero de 2024. La primera reforma se hace cambiando el requisito de haber egresado de una maestría, por la condición de que el candidato cuente con una especialización; la segunda, se retiró lo establecido de tener 15 años de experiencia en niveles directivos por la directriz de haber estado en una organización de salud durante 20 años.
De igual manera la modificación del Manual de Funciones en el Ministerio de Minas y Energía para acomodar la hoja de vida de la Filósofa Irene Vélez, que no tiene ni idea de lo es esta cartera. Luego de posesionada efectuó una nueva modificación del Manual de Funciones, para permitir el ingreso al cargo a otras 31 personas; 13 para el despacho del ministro, 11 para el viceministro de Energía, 5 para el despacho del viceministro de Minas, y dos a nivel directivo.
En la segunda reforma del Manual, ya posesionada la ministra abrió espacios para que el director de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, de grado 21, de tal manera que no se necesitara estudios específicos en la materia; también, para asesores grado 16, se toman en cuenta licenciados en literatura, en artes o en teología, en lugar de profesionales con conocimientos y experiencia en el sector correspondiente a este importante ministerio, para tener las competencias e idoneidad en la coadyuvancia de adelantar tareas de eficiencia para bien del país.
Así mismo, la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, decidió aprobar una reforma estatutaria propuesta por la Nación, relacionada con los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva de la petrolera, reduciendo en tres años la experiencia profesional que ahora será de 12 los años como requisito para participar en este órgano de decisión, y así poder acomodar, el ejecutivo, a sus amigos claves; argumentando su cuestionado presidente Ricardo Roa, procedente de la gerencia de campaña del actual mandatario: “es una reforma a efectos de permitir una mayor flexibilidad en las condiciones para quienes aspiren a ser candidatos de la Junta Directiva”. Cambios, además, intencionados para facilitar el ingreso del líder sindical Edwin Palma Egea, ficha importante del petrismo y quien actualmente se desempeña como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo. Cabe inferir que esta última modificación puede ser fallida por el deceso de Piedad Córdoba y Palma Egea, asuma como su reemplazo en el senado.
Otro cambio del Manual de Funciones en una entidad del Estado se dio en Migración Colombia con el fin de aperturar espacio para la hoja de vida del antropólogo Camilo Romero Velásquez como nuevo subdirector de verificaciones, complaciendo los intereses del actual mandatario.
El “Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales” -como se le conoce formalmente en la Función Pública- es un instrumento de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los requisitos de conocimiento, experiencia y demás características valorativas exigidas para un profesional desempeño. Elementos vitales, ya preestablecidos con análisis de expertos que han concertado criterios de eficiencia en procura de hacer más competitivas las Instituciones de la República, determinando las personas idóneas en los cargos de dirección e investigación y manejo, y no empleando criterios de identidad ideológica, con peregrinos argumentos de transformaciones espurias, para acomodar personajes de conveniencias personales, quizás para pagar favores de campaña, que hacen decaer el auténtico ejercicio de un Estado con fortalezas de futuro y bienestar para sus ciudadanos.
