Los resultados socioeconómicos, políticos e institucionales, del ejercicio del poder en Colombia, son desastrosos, sin excepción y se profundizan año tras año.
Nunca ha habido voluntad política, ni responsabilidad social, de los gobernantes, nacionales, regionales y locales, para ejercer la función pública, con sentido práctico y positivo, en beneficio de todos los ciudadanos. Es una realidad evidente en las tres ramas del poder público.
Esa realidad y condiciones, produjeron y definieron el caldo de cultivo que alimenta la inequidad socioeconómica, la pobreza y miseria, el desempleo y subempleo, la segregación social e inseguridad ciudadana, flagelos socioeconómico-políticos que agobian al pueblo colombiano y producen el panorama socioeconómico crítico, de desigualdades sociales y estimula la criminalidad, que incontenible, se expande por toda la geografía nacional.
Lo que está ocurriendo en Colombia, en los últimos años, en términos de inseguridad ciudadana y criminalidad es vergonzoso.
Es la vida de los ciudadanos la que está amenazada. Y el gobierno, permanece sordo e insistente con el sueño de la paz total.
El cáncer de la corrupción, invade las artesonadas dependencias de las Ramas del Poder Público y no hay señales de rechazo cierto y efectivo, de parte del gobierno central.
La corrupción y la anarquía institucional, están latentes y activas desde hace más de 200 años y se catapultaron, en los últimos treinta años, con la profundización del neoliberalismo, en los gobiernos de, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Uribe, Santos y Duque-Uribe, como acatamiento de los contenidos del Consenso de Washington.
Y tal como se percibe, la actitud del actual gobierno, frente a la problemática socioeconómica, política, institucional y criminal y la posición de la extrema derecha y los gremios económicos, para torpedear todo lo que signifique reformas institucionales, no habrá soluciones para la problemática nacional, en el presente cuatrienio.
Ni se puede esperar, de gobiernos futuros, representantes directos e incondicionales, de las élites políticas y los gremios económicos, que siempre se han opuesto al desarrollo nacional integral y han cohonestado con la corrupción en el poder público, la precariedad institucional y la mediocridad burocrática.
Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción y la inmoralidad, del poder en Colombia, la nación puede caer en anarquía total y desastre socioeconómico-político.
Aberrante el cáncer de la corrupción. Estudios, encuestas e investigaciones señalan que empresarios-contratistas, precisan que para acceder a contratación pública tenían y tienen que pagar coima. Resultados: en 2008 el 54%, el 56% en 2.010, el 62% en 2014 y el 94% en 2015. El estado no hace nada para extirpar esos flagelos. La corrupción y la impunidad siguen rampantes y crecientes. Pero el actual gobierno, no quiere, no entiende la amenaza o no se atreve a actuar, para erradicar la corrupción en la contratación pública. La corrupción en contratación pública, es la vena rota del fisco.
Hay caos rampante y desgobierno , en contratación pública, en formación académica, en corrupción y calidad de los servicios de salud, en lo jurídico, en lo económico-fiscal, etc.
Es evidente, en concesiones viales 4G y ahora 5G, en todo Colombia.
Pero el actual gobierno mantiene la contratación de concesiones y APP, sin diseños previos y sin presupuesto real y cierto. Son criterios que hacen posible que se repitan indefinidamente los casos similares a REFICAR, Cara de gato, en la Mojana, etc., etc.
Similar a lo que ocurre, en Neiva y en toda la nación, con el estadio, las PTARs, El Reservorio, las obras inconclusas y tantos otros casos.
En todos los casos el responsable es el poder público, la irresponsabilidad política y social y la institucionalidad y la mediocridad e incoherencia del poder. Los jueces pretenden legislar y arrogarse el derecho de pontificar sobre lo que no entiende. Entre tantos casos, las medidas cautelares sobre el proyecto de PTAR del Distrito capital. Es la anarquía total.
Los ciudadanos generalmente no reflexionan sobre antecedentes de políticos, de burócratas y pseudos dirigentes, sobre hechos imputables a la irresponsabilidad de los gobiernos.
Con el actual gobierno, el panorama nacional, seguirá deteriorándose como consecuencia de los evidentes sesgos inocultables, en la conformación del equipo de gobierno y caprichos sustentados por los egos, favorables a la concentración de la riqueza, al amiguismo, al cálculo personal, siempre en contra del interés social general.
Los órganos de control, el gobierno, los políticos (politiqueros) y burócratas de carrera, conocen las causas y en consecuencia deben buscar solución. Soluciones sí hay.
Saben que en el desgobierno y la irresponsabilidad política y social, son los fundamentos de la inequidad socioeconómica y el malestar social y la protesta pública. Pero con contumacia prefieren ignorarlo.
Los órganos de control y el poder público, en general, son fortines de la politiquería y el clientelismo, manejados al antojo del populismo corrupto en el poder. Por eso no hay solución.
El ciudadano debe entender y ser consciente que con el voto se puede derrotar la tiranía ejercida desde las altas esferas del poder, contra el pueblo anónimo colombiano.
El poder, lo deben ejercer los mejores y no los más funestos y rapaces.
Todo lo expresado, confirma la visión, interpretación y racionalidad de Thomas Piketty, al referirse al manejo económico de las naciones y dijo: el manejo económico de las naciones, es algo que exige mucha responsabilidad y coherencia y por lo tanto, no se le debe confiar solo a economistas, administradores, abogaos, filósofos, poetas y agrego yo, a politiqueros, lobistas, arribistas y bandidos.
En la autodenominada izquierda de hoy hay superabundancia de esa fauna.
