La Corte Suprema ratificó el fallo de la sentencia 41760 del 9 de marzo del 2016, la cual elimina de manera “abstracta” la dosis mínima y le concede a los policías el criterio de valor sobre la dosis como tal. Es decir: se elimina el monto de la dosis ya reglamentada sugiriendo que es la que el consumidor necesite, pero en caso de una detención, es el agente judicial quien tendrá que determinar a juicio propio si la cantidad de estupefacientes que porta el detenido excede la dosis ya establecida, y si la cantidad que porta es para la venta o consumo personal, además el fallo somete a consideración propia del policía si es necesaria la detención y judicialización.
En palabras de la misma corte: el fallo “no declara inexequible la dosis personal sino que establece parámetros sobre los cuales se debe judicializar” (actualmente la dosis mínima portada es de 20 gramos en el caso de la marihuana y 1 gramo para la cocaína). Este nuevo movimiento de la corte supuestamente elimina la restricción en la dosis que pueda portar el consumidor, pero al mismo tiempo concede el criterio subjetivo al patrullero para emitir un juicio subjetivo en el que solo es el mismo quien decide por el consumidor: en caso de que la persona sea adicta, serán ellos quienes lo puedan determinar, entonces el fallo convierte al bachiller y al patrullero en jueces de turno.
El rechazo hacia esta nueva medida fue general e inmediato y no es para menos: esta decisión vulnera totalmente los derechos individuales y convierte tanto a los consumidores como al resto de ciudadanos en potenciales víctimas de abuso y extorsión, además la corte ratifica: “El fallo no realiza ningún cambio a la tipicidad de la conducta ni tampoco modifica el artículo 2 de la Ley 30 de 1986 con relación a la dosis personal”, es decir no quita la ilegalidad del porte de estupefacientes.
Primero que todo, dejar en manos de la policía herramientas subjetivas para emitir juicios de valor es un gran error que puede desatar consecuencias indeseadas, además determinar si una persona es o no dependiente de alguna sustancia NO es labor de ellos y mucho menos de los patrulleros, ya que la mayoría no cuenta con la formación necesaria para estos casos, por eso no están facultados para manejar la situación de forma profesional (algunos solo recibieron educación escolar), por eso quien debería ejercer esa labor es el Instituto de medicina legal adscrito a la fiscalía general de la nación, ya que por ley recae en ella la función de valorar si cursa o no una judicialización en contra de la persona que porta estupefacientes, es la policía quien está al servicio de la fiscalía, no al revés.
Esta nueva medida es una decisión desafortunada que distorsiona el futuro de la dichosa política integral de las drogas que pretende implementar el gobierno actual, y se convertirá en un mecanismo infalible para fabricar nuevos tipos de abusos por parte de funcionarios judiciales, ocasionando una avalancha de procedimientos irregulares y falsos positivos. Es un paso hacia atrás en la búsqueda de una solución concreta al tráfico de estupefacientes que probablemente afectará incluso al ciudadano no consumidor.
Es cierto que no puedo adelantarme a los hechos, pero tampoco puedo evadir la realidad: la imagen de la policía nacional se desploma constantemente, y el malestar ciudadano hacia los “agentes del orden” es muy evidentes. Miles de internautas y usuarios de redes sociales y otros sistemas de comunicación paralelos a la censurada televisión comparten a diario videos, imágenes y todo tipo de documentos que denuncian el abuso policial. Tampoco puedo desvirtuar los innumerables escándalos recientes que sacudieron al país y que salpicaron a funcionarios judiciales de todos los rangos. Sin embargo, este diagnóstico personal de lo que viene no es producto de la tensión provocada por estos fenómenos, y tampoco es paranoia. No. Desafortunadamente es basado en mi propia experiencia.
Hace una semana salí de mi trabajo como de costumbre y me encontré con un amigo que había citado antes para fumar cannabis y hablar un poco. Luego de buscar y buscar dónde sentarnos, finalmente nos situamos en el lado más oscuro de un parque de mi ciudad que es frecuentado normalmente por fumadores de cannabis y parejas que buscan algo privacidad.
Con mucho sigilo llegaron dos uniformados a nuestro sitio pidiendo una requisa, cosa que me tomó por sorpresa (pero era sospechoso, como si hubiesen esperado a que nos sentáramos para poder llegar). Durante la requisa encontraron pequeñas dosis de cannabis, y de inmediato empezaron con el mal trato y las especulaciones. Yo les expliqué que la cantidad que yo portaba no excedía la dosis mínima, es más: no llegaba ni a la mitad de la dosis permitida (era un cigarro). Les decía que mi amigo y yo no éramos expendedores ni traficantes. Sin embargo seguían con el mal trato y la intimidación, luego me despojaron de la pequeña cantidad de marihuana junto con un artefacto que sirve para rascarla y almacenarla (y que es totalmente legal).
Nosotros no estábamos fumando cuando ellos llegaron. Sin embargo uno de los agentes me acusaba de “alterar el orden público” (en un sitio donde ni pasa la gente), todo generó una acalorada discusión en la que ellos nos amenazaban mientras llamaban por radio una unidad móvil para trasladarnos a la unidad permanente de justicia (UPJ).
Durante la requisa los policías se percataron que yo tenía algo de dinero en el bolso, y efectivamente como usted se lo imagina: procedieron a la extorsión. Nos advirtieron que como no les diéramos dinero nos llevarían detenidos, me decían que “ellos sabían que yo tenía plata” y que era mejor pagarles que ir detenidos a la UPJ (donde probablemente recibiríamos más abusos). Yo accedí al chantaje, ya que no quería involucrar a mi amigo en ese rollo judicial en el tendrían que intervenir nuestros familiares, etc. Por eso de un momento a otro saqué un billete con la cara del poeta Jorge Isaacs (que ellos ya habían visto durante la requisa) y lo puse en manos de los “Héroes de la patria”, esperando finiquitar de inmediato con aquel engorroso episodio.
Efectivamente aquel billete morado puso fin a la discusión, Los agentes del criterio nos devolvieron nuestras pertenencias y se marcharon en su motocicleta, las luces rojas y azules de la moto desaparecieron y nosotros continuamos allí mismo fumando de la marihuana que por unos instantes fue incautada como si nada hubiese pasado.
Dicen que la ley nace junto con la trampa, y no estoy seguro si aquel encuentro con la policía será el último (por que no es el primero en realidad), pero basado en esa misma experiencia si puedo asegurar con certeza que de ahora en adelante saldré ileso de cualquier situación similar en el futuro si pago la “cuota del criterio”. Cabe recordar que en todos los encuentros anteriores que he tenido con la policía, siempre estuvo presente el factor abuso y el mal procedimiento por parte de los agentes, siempre.
Como dije anteriormente no podemos adelantarnos a los hechos, pero es que la corte deja huecos enormes en este fallo que acarrean situaciones como la que yo viví, y su interpretación deja muchas inquietudes y puede provocar muchos más incidentes de los que ya usualmente ocurren (y a los que estamos casi acostumbrados), por ejemplo: hasta el momento la policía nacional cuenta con más de ciento cincuenta mil personas incorporadas, entonces según la corte suprema esa cantidad equivale a más de ciento cincuenta mil criterios de aplicación de la ley?, que pasaría si en medio de una requisa algún agente “descriteriado” añade una bolsa de 10 gramos de cocaína y la mete en el bolsillo del “marrano” de turno para poder justificar una detención?, qué pasará cuando algún patrullero decida detenerlo y judicializarlo porque usted se negó a pagar la “cuota del criterio”?, Que pasara cuando la ilegalidad del soborno y la persuasión ocasionada por esta medida permita que el microtrafico escale a niveles incontrolables?
Sin embargo no se puede culpar a la policía por todo este absurdo contradictorio, de hecho el responsable directo de cualquier incidente perjudicial que pueda causar este fallo es la despistada corte suprema que parece estar cada vez mas desconectada de la realidad social de este país y que ahora añade esta peligrosa decisión a su larga lista de desaciertos, un fallo que contrasta con los desabridos discursos de nuestro presidente en las asambleas internacionales, quien aboga por un estado“flexible” frente a las drogas pero en realidad no brinda soluciones concretas. Hoy en día incluso hasta el colombiano más mamerto ya reconoce de antemano que la ineficaz guerra contra las drogas nació muerta, y es un fracaso perjudicial que cuesta la vida de miles de personas.
Colombia está lejos de asimilar esa política integral de las drogas a la que supuestamente aspira su actual gobierno (en la que incluso se propone la implementación de bases de datos para adictos de sustancias ilegales y el tratamiento que reciben), yo personalmente veo el futuro de este proyecto con ojos de escepticismo: por un lado la evidente falta de organismos legisladores competentes y por el otro la ignorancia generalizada y el miedo institucionalizado hacia el tema de las drogas consecuencia de la moral amañada y los intereses particulares de este país. Todos estos factores se suman y dan como resultado el status quo que vivimos ahora.
Este país necesita urgente una política flexible de las drogas que tenga como eje los derechos humanos, pero creo que estamos lejos de eso. La sentencia 41760 lo confirma: es un paso adelante y dos atrás. Los derechos individuales de los consumidores ahora son más vulnerados que nunca, gracias a la corte suprema quien le otorgó a la Policía más motivos para perpetuar abusos contra los ciudadanos. Por lo tanto, considero que es necesario revocar esta medida por el bien de todos. Mientras eso sucede, no olvide llevar la “cuota” si usted es consumidor y quiere fumar en la calle. Por si acaso, los agentes del criterio aparecen en la moto verde y les dé la gana de convertirlo en un narcotraficante en potencia.
