En medio de las conversaciones de La Habana, Cuba y del inicio de los diálogos con el ELN, las organizaciones pertenecientes a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular decidieron de manera consensuada tomarse la carretera panamericana para exigir al gobierno nacional soluciones a la problemática que se vive en cada rincón del territorio nacional.
Una legitima protesta social y popular llevaron a cabo las comunidades contra el modelo neoliberal que la dirigencia central del Estado colombiano vienen echando a andar, acabando con la naturaleza, las comunidades y agudizando todo tipo de conflictos.
No fue para nada fácil lograr los acuerdos que firmaron. Cuando la hora cero del inicio de la Minga Nacional estaba para el 30 de mayo, el día anterior las comunidades sufrieron la represión del aparato estatal: un indígena muerto a manos del ESMAD en el Valle del Cauca, sin siquiera haber empezado el paro.
Más de diez días apostados en la vía panamericana, tres muertos, más de 150 heridos, detenidos, seguimientos y amenazas lograron sus frutos. 10 actas que dan un respiro a la población y sus territorios.
Garantías, justicia, participación y paz, victimas, eje campesino, indígena, afro, medio ambiente, acuerdos incumplidos y minería fueron los temas acordados y con ello las comunidades retornaron a sus territorios.
Que el Estado colombiano reconozca la legitimidad de la protesta social y la legitimidad de la Cumbre Agraria como interlocutor es un avance en medio de la represión a las comunidades en protesta.
La revisión urgente de los casos de los luchadores sociales privados de la libertad durante el 2013, 2014 y 2016 es un respiro para la garantía de la lucha social y popular.
Que el gobierno se comprometa a avanzar con la Cumbre Agraria en la construcción de una política pública de comunicaciones para las comunidades campesinas, indígenas, afro y sectores urbanos es una condición mínima para comenzar a democratizar la estructura de los medios de comunicación, hasta este momento de los dueños del capital
Una gran victoria para las comunidades rurales se dio en los acuerdos que permiten viabilizar las zonas de reserva campesina, el fortalecimiento de las comunidades indígenas y afro, la revisión de los títulos minero-energéticos, son una posibilidad para iniciar un gran dialogo nacional que condense un nuevo marco político, jurídico y social que permita construir una nueva patria.
La relación campo-ciudad también estuvo presente en los acuerdos: el Ministerio del Interior se compromete a iniciar una negociación con la cumbre para una relación integral campo-ciudad.
Quienes estuvieron durante más de diez días durmiendo en el sólido concreto de la carretera internacional han demostrado a el pueblo colombiano en general, que parar permite avanzar en la consecución de nuestros derechos, que la paz con justicia social se construye desde la comunidad, exigiendo garantías mínimas para la vida digna y el buen vivir.
En manos del Estado está la hora cero de un nuevo paro nacional. Si nuevamente se incumplen los acuerdos, campesinos, indígenas, afros y sectores urbanos se verán nuevamente abocados a permanecer en las calles exigiendo vida digna, esta vez, en gran unidad entre la mayoría empobrecidas.
